jueves, abril 16, 2026
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Bolivia rechaza a Starlink pese a sus deficiencias en conectividad y genera debate sobre soberanía tecnológica

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A pesar de ser considerado el país con la conexión a internet más lenta y costosa de América Latina, Bolivia decidió no otorgar licencia de operación a Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por el empresario Elon Musk. La decisión, revelada por un reciente artículo publicado por The New York Times, ha generado amplia repercusión y debate tanto a nivel nacional como internacional.

Según el medio estadounidense, el gobierno del presidente Luis Arce rechazó la solicitud de operación de Starlink bajo el argumento de preservar la soberanía tecnológica del país y asegurar condiciones equitativas para los proveedores locales. Esta postura convirtió a Bolivia en el único país de la región en frenar el ingreso de la compañía, cuya tecnología ha mejorado significativamente el acceso a internet en áreas remotas de Sudamérica.

El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, reconoció la capacidad técnica del sistema desarrollado por Musk. “Starlink tiene superioridad tecnológica”, afirmó en declaraciones citadas por el New York Times. Sin embargo, explicó que cualquier operador extranjero debe sujetarse a una normativa que garantice condiciones de competencia justa. “Cualquier empresa que venga a hacer negocios en el país se va a llevar un pedazo del pastel, pastel que ahora mismo está entre los que estamos aquí”, sostuvo.

En contraste con los avances tecnológicos de otros países, Bolivia aún depende del satélite Túpac Katari, lanzado en 2013 con cooperación china, cuya vida útil se estima finalizará en cinco años. Según datos del NYT, apenas la mitad de los hogares bolivianos cuenta con acceso a internet de banda ancha, muy por debajo del 94% en Chile o el 87% en Brasil. En zonas rurales, el acceso sigue siendo limitado, y muchos pobladores deben escalar colinas o árboles para obtener señal celular.

Patricia Llanos, docente universitaria que realiza investigaciones en la Amazonía boliviana, señaló: “Es un gran problema para nosotros”, refiriéndose a las restricciones de conectividad en comunidades apartadas.

El informe también indica que el gobierno boliviano se encuentra en conversaciones iniciales con SpaceSail, una empresa china que proyecta lanzar miles de satélites hasta el año 2030. El embajador de Bolivia en China, Hugo Siles, confirmó este acercamiento y justificó la preferencia por operadores asiáticos: “Hemos venido trabajando con China porque sentimos que hay una absoluta comodidad en cuanto a la normativa boliviana y respecto a la soberanía”.

A nivel internacional, otros países también han expresado preocupación por el creciente poder económico y político que Elon Musk podría ejercer a través de su red satelital. En Brasil, por ejemplo, surgieron tensiones cuando su red social X se negó a cumplir órdenes judiciales, lo que llevó al gobierno de ese país a buscar alternativas con la misma empresa china que ahora evalúa Bolivia.

Mientras tanto, el descontento social por la baja calidad del servicio de internet en Bolivia sigue creciendo. Según The New York Times, algunos legisladores estarían considerando revisar la negativa a Starlink como respuesta a la presión ciudadana.

Arce condena ataques a ambulancia en Cochabamba y descarta renuncia como salida a la crisis

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El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, expresó su firme rechazo a los recientes hechos de violencia ocurridos en el departamento de Cochabamba, donde una ambulancia de la Caja Nacional de Salud fue atacada mientras transportaba a cuatro efectivos policiales heridos. El personal médico que asistía a los pacientes también fue agredido durante el incidente, considerado uno de los más graves en el marco de los bloqueos promovidos por sectores afines al exmandatario Evo Morales.

Durante una declaración pública tras reunirse con el equipo médico afectado, el presidente Arce calificó lo ocurrido como un acto de violencia descontrolada que, según dijo, podría haber tenido consecuencias fatales. “Hemos tenido suerte de no perder vidas”, manifestó. Asimismo, señaló que este tipo de hechos pone en riesgo no solo a los involucrados directos, sino a toda la población que requiere atención médica urgente.

Arce también descartó categóricamente que su renuncia, demandada por los grupos movilizados, constituya una solución efectiva a la coyuntura actual. “La renuncia no resuelve para nada los problemas. Si los resolviera, ya nos hubiéramos ido”, aseguró ante los medios de comunicación.

Por su parte, la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, condenó el asalto a la ambulancia y sostuvo que se trata de un acto que excede los márgenes de una protesta legítima. “La ambulancia fue volcada. Esto no es una protesta ni un reclamo. La gente que está ahí no son bloqueadores, son criminales”, afirmó, anunciando que se emprenderán acciones legales contra los responsables de estos actos.

Los bloqueos, que se extienden por al menos 29 puntos estratégicos en Cochabamba, han generado una severa afectación a la circulación de alimentos, medicamentos y al transporte de pacientes, lo que ha encendido alertas en diversos niveles del Estado. La situación ha sido calificada como crítica tanto por el Gobierno como por instituciones del sistema de salud.

En declaraciones posteriores, el presidente Arce cuestionó directamente la actuación del expresidente Evo Morales, al señalar que su interés principal no está en el bienestar colectivo. “Lo único que le importa a Evo Morales es su candidatura, no le importa el pueblo”, declaró en referencia al contexto político que rodea las actuales movilizaciones.

El Ejecutivo reiteró que continuará con los esfuerzos para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y la atención médica, al tiempo que convocó nuevamente al diálogo como única vía para resolver el conflicto y restablecer la estabilidad democrática.

Choferes bloquean la avenida Juan Pablo II en El Alto ante escasez de combustible

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Desde las 9:00 de este lunes, conductores que aguardaban para cargar combustible en la estación Cortez y Cortez, ubicada en la avenida Juan Pablo II de El Alto, instalaron un bloqueo en la vía debido a la prolongada espera. El punto de bloqueo se ubicó cerca del puente Río Seco, sobre una arteria vial que conecta con las rutas hacia los municipios de Laja y Copacabana. Los choferes manifestaron su malestar ante las largas filas para abastecerse, situación que se repite en distintas zonas del país.

Una situación similar se registró el domingo en la avenida Montes de la ciudad de La Paz, donde conductores denunciaron esperas superiores a 12 horas para obtener combustible, a pesar de las declaraciones oficiales sobre la normalización del suministro. El Gobierno ha informado que una cantidad significativa de cisternas permanece varada en diferentes bloqueos a nivel nacional, con mayor concentración en el departamento de Cochabamba, dificultando la distribución regular del carburante.

La protesta de los choferes refleja el descontento generalizado por la escasez de combustible y la falta de soluciones inmediatas por parte de las autoridades. Se espera que las negociaciones entre los sectores afectados y el Gobierno conduzcan a medidas efectivas para garantizar el abastecimiento y la normalización del servicio.

Gobierno y principales instituciones de salud acuerdan medidas para proteger al personal sanitario en contextos de conflicto

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En una reunión interinstitucional realizada este sábado en Cochabamba, siete instituciones del sector salud encabezadas por el Ministerio de Salud y Deportes firmaron un acuerdo con cinco puntos clave para salvaguardar la integridad del personal sanitario y garantizar la atención a pacientes en medio de los bloqueos registrados en la carretera Oruro-Cochabamba.

El encuentro inició a las 17:00 horas con la participación de la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, junto a representantes de la Secretaría Departamental de Gobernabilidad, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Cochabamba, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), la Caja Nacional de Salud (CNS), el Colegio Médico de Bolivia, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (FESIRMES) y la Confederación Nacional de Trabajadores de Salud Pública (CSTSPB).

Las instituciones manifestaron su profunda preocupación por los riesgos que enfrenta el personal sanitario que continúa brindando servicios en zonas afectadas por conflictos sociales.

Como resultado del análisis conjunto, se acordaron las siguientes medidas:

Se exhorta a los grupos movilizados a cesar cualquier tipo de violencia injustificada y desproporcionada, especialmente contra sectores vulnerables, garantizando el acceso sin restricciones a servicios de salud conforme a la Constitución Política del Estado.

Se establece un compromiso para trabajar de manera conjunta y permanente en la elaboración de un plan de ingreso y salida segura del personal sanitario, en coordinación con los gobiernos municipales, liderados por el SEDES Cochabamba.

Se crearán canales de comunicación ágiles para coordinar el traslado y repliegue organizado del personal de salud mediante una mesa técnica de coordinación permanente que atienda con rapidez las emergencias derivadas del conflicto.

Las instituciones firmantes se comprometen a presentar denuncias y querellas ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos delictivos ocurridos, además de elevar las denuncias a instancias internacionales.

Se reafirma el compromiso con la población boliviana para garantizar el derecho fundamental a la vida y al acceso a servicios de salud, haciendo un llamado al respeto del trabajo humanitario y al cese de toda forma de violencia.

La ministra María Renée Castro destacó la importancia del acuerdo y enfatizó: “Con estos compromisos, reafirmamos nuestra dedicación para proteger la vida y la salud de todos los bolivianos, así como para garantizar el acceso a la atención médica en situaciones difíciles.”

Denuncias por ataques a médicos y ambulancias durante bloqueos en Cochabamba serán presentadas ante instancias nacionales e internacionales

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La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, anunció este domingo que las denuncias por actos de violencia registrados durante los bloqueos en Cochabamba, que afectaron al personal médico y ambulancias en su labor de atención, serán elevadas a instancias nacionales e internacionales.

Hasta el sábado, se atendieron 53 pacientes afectados por estos incidentes, entre ellos policías con policontusiones, fracturas y lesiones graves. Se registraron agresiones incluso dentro de ambulancias que trasladaban heridos al Hospital Obrero Nº2. Del total, 16 personas pertenecen al sector salud que sufrieron ataques físicos y psicológicos, además de civiles afectados al intentar atravesar los bloqueos.

En respuesta, el Ministerio de Salud y Deportes convocó una reunión inédita con la Secretaría Departamental de Gobernabilidad de Cochabamba, el Servicio Departamental de Salud (SEDES), la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), la Caja Nacional de Salud (CNS), el Colegio Médico de Bolivia, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes) y la Confederación Nacional de Trabajadores de Salud Pública (CSTSPB), para coordinar medidas urgentes de protección para el personal médico.

“Además, hemos quedado en que todos —ayer—, tanto el Colegio Médico como el Fesirmes y la Confederación, nos han solicitado los datos sobre las denuncias que hemos presentado en los distintos hechos: por los ataques a ambulancias, por los atentados, y por el secuestro o la retención del personal sanitario ocurridos el día miércoles. Ellos han decidido que les facilitemos esta información, ya que, como instituciones, han resuelto adherirse a todas las querellas y denuncias presentadas, y además, elevar las mismas a nivel internacional, tal como lo ha hecho el presidente Luis Arce. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando de manera conjunta con todas estas instituciones —las máximas representaciones del sector salud— para garantizar la salud y la vida de nuestra población”, indicó Castro en el programa Los Hechos Cuentan de Bolivia TV.

La ministra condenó enfáticamente los ataques y señaló: “Decirles a los bloqueadores que ni en las guerras se ha generado un mecanismo de atentado al personal sanitario, ni a las ambulancias ni a los médicos. Generalmente es lo que más se protege. Este hecho no puede volverse a presentar en nuestro país.”

Castro también informó que el Ministerio presentó las denuncias formales ante las instancias correspondientes y solicitó al Ministerio Público agilizar las investigaciones.

Respecto a la continuidad de los servicios de salud en Cochabamba, la ministra explicó que se implementaron mecanismos administrativos para reasignar al personal médico que no puede acceder a sus centros por bloqueos o amenazas. Además, se estableció una mesa técnica de coordinación permanente con autoridades departamentales, municipales e instituciones médicas para garantizar el ingreso y salida segura del personal de salud.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno para proteger al personal sanitario: “No vamos a bajar la guardia ni vamos a permitir impunidad. Toda denuncia será canalizada y respaldada desde el Ministerio. Nuestro deber es proteger a quienes cuidan la vida”, concluyó.

CEO decomisa casi 4.000 litros de gasolina transportados de forma ilegal en Santa Cruz

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En el marco de operativos de control realizados en la capital cruceña, el Comando Estratégico Operacional (CEO) del “Plata” decomisó un total de 3.956 litros de gasolina en un periodo de cuatro días, los cuales eran transportados de manera no autorizada en envases plásticos como botellas y bidones.

La incautación del combustible se efectuó en diferentes puntos de la ciudad y fue entregada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), específicamente al área legal departamental, en instalaciones del Regimiento de Caballería 10 “Gral. Mercado”. Según informaron las autoridades, el carburante será redistribuido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para su uso en el mercado interno.

Como parte de los operativos integrados, también se realizaron acciones de control en los centros de remate “Marucha” y “Fercogan”, con presencia de efectivos de seguridad y funcionarios del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, y el Viceministerio de Comercio y Logística Interna.

En paralelo, en el norte del país, el CEO Amazónico desarrolló tareas de patrullaje terrestre y fluvial en la región de Chivé – Puerto Heath, departamento de Pando. Las operaciones se realizaron en coordinación con el Sexto Distrito Naval y tuvieron como objetivo la inspección de vehículos de transporte público y privado para prevenir el tráfico de mercancías ilegales, tanto en modalidad de contrabando como contrabando a la inversa.

Estas acciones forman parte del cumplimiento del Decreto Supremo N° 5402, promulgado por el presidente Luis Arce el pasado 30 de mayo, que refuerza las medidas de control y lucha contra el contrabando en todo el territorio nacional.

Gobierno establece puentes aéreos para asegurar abastecimiento de alimentos y estabilizar precios

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Ante los bloqueos que afectan el normal tránsito en distintas regiones del país, el Gobierno boliviano ha implementado un sistema de transporte aéreo de productos esenciales para asegurar el suministro en los mercados y contener el alza de precios en la canasta básica familiar.

La medida, articulada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordinación con las Fuerzas Armadas y productores del sector agropecuario, contempla el traslado aéreo de alimentos como carne de pollo, carne de res y aceite desde Santa Cruz hacia otras regiones del país, principalmente La Paz.

“El trabajo que realizamos esta semana ha sido conjunto, permanente y continuo. Los primeros perjudicados por los bloqueos son los productores y las familias bolivianas, a quienes se está coartando el derecho a la alimentación”, declaró Zenón Mamani, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en una entrevista con el programa Los Hechos Cuentan, transmitido por Bolivia TV.

De acuerdo con Mamani, el objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la disponibilidad de productos de primera necesidad y lograr una disminución gradual en sus precios. “Los precios tienen que tender a bajar”, afirmó, al señalar que el Ejecutivo trabaja también con comercializadores para evitar prácticas especulativas.

El plan contempla la participación de industrias privadas en la distribución de productos. Por ejemplo, empresas como Pollos Sofía, Pío Rico y San Jorge están encargadas del abastecimiento de carne de pollo, mientras que frigoríficos como Frigor y Fridosa participan en el traslado de carne de res.

Hasta la fecha, se han transportado por vía aérea 388.000 kilos de carne de pollo, y se prevé alcanzar los 424.000 kilos con dos vuelos adicionales. En cuanto al aceite, se han distribuido 20.000 unidades de un litro y se espera duplicar la cifra con nuevas operaciones. En el caso de la carne bovina, se tiene programado un vuelo adicional para completar 36.000 kilos.

En materia de producción, el ministro destacó que Bolivia cuenta con un superávit superior a las 44.000 toneladas de carne de res en lo que va de 2025. “Estamos trabajando con los ganaderos para incrementar la oferta y garantizar el abastecimiento del mercado interno”, indicó.

Sobre el aceite refinado, la producción mensual nacional se sitúa en torno a las 20.000 toneladas, frente a una demanda interna estimada en 4.200 toneladas. Se ha coordinado con el sector privado un aumento en la oferta a 6.250 toneladas mensuales, a las que se sumarán 500 toneladas producidas por la empresa estatal San Julián.

Mamani también hizo un llamado a la población a reportar irregularidades en la venta de alimentos básicos. “Exhortamos a los ciudadanos a denunciar cualquier caso de agio o especulación a través de los canales del Viceministerio de Defensa del Consumidor”, señaló.

El Gobierno ratificó que continuará impulsando este tipo de medidas logísticas mientras persistan los bloqueos, como parte de una estrategia para preservar el acceso de la población a alimentos esenciales y proteger su economía.

YPFB descarga 42 millones de litros de diésel en Arica y refuerza suministro hacia Bolivia

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La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su subsidiaria YPFB Transporte S.A., dio inicio este domingo a la descarga de 42 millones de litros de diésel oil en el puerto chileno de Arica, como parte de sus operaciones logísticas para asegurar el abastecimiento interno de combustibles.

La operación se lleva a cabo en la Terminal Marítima Sica Sica, ubicada en la bahía ariqueña y administrada por la filial boliviana. El buque tanque Prometei completó su atraque a las 09:18, permitiendo el inicio inmediato de la descarga del hidrocarburo.

“El buque fue amarrado a tres boyas en la terminal y, tras las tareas correspondientes de fiscalización, planificación y conexión, comenzamos el proceso de bombeo a través del ducto submarino de 5.6 kilómetros hasta nuestra planta de almacenamiento terrestre”, detalló Óscar Guzmán Velarde, gerente general de YPFB Transporte S.A.

La operación, que moviliza un volumen significativo de combustible, está prevista para extenderse sin interrupciones hasta la tarde del martes, siempre que las condiciones del mar y el clima lo permitan. El personal técnico de YPFB se encuentra desplegado en la Terminal Terrestre Arica coordinando los envíos a las distintas plantas de almacenamiento en Bolivia.

Con esta descarga, también se ha intensificado el flujo de cisternas rumbo al país. “Los despachos de combustibles hacia Bolivia se han intensificado con la llegada del buque Pacific Moonstone. Con el volumen actual, vamos a superar las cien cisternas enviadas”, añadió Guzmán Velarde.

El operativo forma parte de las acciones logísticas continuas de YPFB para mantener el suministro regular de diésel en el mercado boliviano, a través de rutas estratégicas de importación y distribución.

Arce anuncia denuncia internacional tras ataque a ambulancia en Vinto

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El presidente Luis Arce afirmó este sábado que los operativos policiales para desbloquear las carreteras del país continuarán y, en ese marco, calificó como “vandálico” el ataque a una ambulancia que realizaron sectores evistas en un punto de bloqueo en Vinto, Cochabamba.
El mandatario anunció la presentación de una denuncia internacional por el “ataque” que la noche de este viernes sufrió una ambulancia en Vinto, donde sectores evistas interceptaron el vehículo, que transportaba a médicos y cuatro policías heridos. Los movilizados desalojaron a sus ocupantes y luego destruyeron el motorizado, denunció la ministra de Salud, María Renée Castro.
“Debemos lamentar lo que sucedió anoche, una ambulancia que ha sido asaltada, con hechos vandálicos, resultados nefastos, las personas que estaban dentro, los heridos. Esto no se ha visto en ningún lugar, vamos a hacer una denuncia internacional al respecto”, dijo Arce en el acto de arribo de carne de res y pollo a La Paz.
La ministra de Salud, María Renée Castro, denunció que un grupo de bloqueadores cerca del puente Khora en Vinto, Cochabamba, hizo bajar a pacientes que estaban siendo trasladados en una ambulancia a un centro de salud y los golpearon al igual que al chofer. El vehículo de emergencias fue destruido.
“Los bloqueadores han atacado a una ambulancia que trasladaba a cuatro pacientes heridos, los han bajado a los pacientes, los han golpeado, han golpeado al chofer y han amedrentado a una doctora y a una enfermera”, denunció Castro.

Siete menores encontrados trabajando en minas durante operativo en Potosí

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Un operativo en la carretera Potosí-Tarija y en predios de cooperativas mineras detectó la presencia de siete adolescentes trasladados por empresas cooperativistas para realizar actividades de minería. La Defensoría del Pueblo confirmó que los menores fueron entregados a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí para su protección.
En el operativo participó la Delegación Defensorial Departamental de Potosí, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el Ministerio Público, la Jefatura Departamental de Trabajo y la DNA local. Las autoridades concentraron la intervención en el Retén Plahipo, un punto estratégico de tránsito hacia centros mineros, además de inspeccionar cuatro cooperativas en la zona.
Franklin Sunagua, representante de la Defensoría, señaló que el trabajo infantil en minería vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. Los menores hallados quedaron bajo custodia institucional para iniciar el proceso de restitución familiar.
Durante la inspección, las autoridades también verificaron condiciones precarias de seguridad en varias cooperativas, incluida la ausencia de equipamiento básico de protección para los trabajadores. En dos de estas unidades recientemente se reportaron accidentes fatales. Según datos de la FELCC, ya se registraron 56 fallecimientos en minas potosinas en lo que va del año.
La Defensoría recordó que el trabajo en minería está prohibido para menores de edad por tratarse de una actividad peligrosa. La Ley Nº 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) establece los límites legales para el empleo de menores, bajo estrictas condiciones y autorizaciones.