La entrega del desayuno escolar en Santa Cruz de la Sierra inició este año con críticas, particularmente hacia el ‘pororó’ (maíz inflado con azúcar), que fue uno de los alimentos distribuidos el primer día. Sin embargo, la Alcaldía defendió su inclusión, asegurando que cumple con estándares nutricionales y que fue elegido por los propios estudiantes.Críticas desde
El presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, cuestionó la elección del ‘pororó’ como parte del desayuno escolar. “Después de cuatro meses, están entregando un desayuno que no sé en qué va a ayudar. No vemos que sea nutritivo para los estudiantes”, señaló.
Raúl Ascarrunz, director municipal de Educación, refutó las críticas argumentando que los productos distribuidos son los mismos que se ofrecieron en gestiones anteriores, incluso defendidos por quienes ahora cuestionan la calidad del desayuno.
Ascarrunz subrayó que todos los alimentos entregados contienen un “premix nutricional”, una mezcla formulada de vitaminas, minerales y otros nutrientes, que asegura su aporte nutricional. Además, indicó que la presentación de los productos, como el ‘pororó’, responde a preferencias expresadas por los estudiantes en una feria de alimentación escolar realizada el año pasado.
El funcionario aclaró que el valor nutricional de los alimentos ha sido cuestionado sin pruebas de laboratorio, las cuales son necesarias para verificar su composición exacta. También descartó que los productos entregados sean genéricos o de baja calidad, asegurando que cumplen con los estándares establecidos por la normativa.
Aunque algunos especialistas han señalado que alimentos como el ‘pororó’ podrían no ser los más adecuados para niños en edad escolar, Ascarrunz insistió en que todos los productos ofrecidos, incluyendo barras, galletas y panes fortificados, cumplen con los requisitos de aporte nutricional establecidos.
La polémica sobre el desayuno escolar refleja no solo un debate técnico sobre la calidad nutricional de los alimentos, sino también un trasfondo político que influye en la percepción pública.

A diez días de la implementación de las nuevas disposiciones del gobierno de Luis Arce para regular la venta de combustible en bidones bajo declaración jurada, estas medidas aún no se han cumplido en su totalidad. En La Paz, personas continúan adquiriendo combustible con solo presentar una fotocopia de su cédula de identidad.
El grupo Fides visitó estaciones de servicio, como la Estación Uruguay en la avenida Montes, donde se constató la persistencia de largas filas de compradores bajo esta modalidad, evidenciando la falta de implementación efectiva del Decreto Supremo 5400.
El Decreto Supremo 5400 establece que las personas que necesiten adquirir combustible en envases de hasta 120 litros en territorio nacional (o hasta 50 litros en zonas fronterizas) deben registrarse mediante un formulario electrónico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Este formulario, con calidad de declaración jurada, debe justificar el consumo.
En caso de no cumplir con este trámite, los compradores solo podrán adquirir combustible a precio internacional. Las restricciones también se extenderán a los vehículos que utilicen Gas Natural Vehicular (GNV) y gasolina, imponiendo límites de abastecimiento que, si son superados, obligarán al pago de precios internacionales.
El ejecutivo interciudad de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Roberto Mamani, criticó estas medidas, calificándolas de discriminatorias, especialmente para los conductores que combinan GNV y gasolina en sus vehículos.
“La topografía de La Paz nos obliga a usar gasolina en subidas y GNV en bajadas. Trabajamos con un 80% de gasolina y solo un 20% de GNV. Estas restricciones nos afectan directamente y limitan nuestro trabajo”, señaló Mamani.
Los choferes han anunciado marchas en demanda de un abastecimiento normal de combustible y para exigir la eliminación de las restricciones vehiculares en la ciudad de La Paz. Argumentan que las largas filas en los surtidores dificultan su labor diaria.
La implementación incompleta de las disposiciones gubernamentales refleja desafíos en la coordinación y aplicación de medidas regulatorias. Mientras tanto, la ciudadanía y sectores afectados esperan soluciones más efectivas que garanticen tanto el abastecimiento de combustible como la equidad en su distribución.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que los bloqueos iniciados este lunes por grupos vinculados al expresidente Evo Morales han generado pérdidas económicas de 1,4 millones de bolivianos para Vías Bolivia. En una conferencia de prensa, Montaño afirmó que estas medidas de presión no solo afectan la economía del país, sino que también tienen como objetivo desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce.
“Hasta ayer teníamos pérdidas por más de 700 mil bolivianos, pero hoy la cifra ha ascendido a 1,4 millones. Siguen perjudicando la economía del pueblo boliviano, especialmente en Cochabamba, que está siendo asfixiada por los cortes de vías”, señaló Montaño.
Impacto en el transporte y suministro
Los bloqueos afectan puntos estratégicos, como la carretera Cochabamba-occidente en Sipe Sipe. Según Montaño, el lunes unos cien camiones cisterna quedaron varados en Viloma, Cochabamba, lo que pone en riesgo el suministro de combustible y productos de primera necesidad.
“El plan de Evo Morales es claro: cortar el acceso a diésel, gasolina y productos básicos para generar descontento en la población. Ese es su objetivo”, declaró el ministro.
El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó, hasta las 12:40 de este martes, 19 puntos de bloqueo en departamentos como Cochabamba, Oruro, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, siendo Cochabamba el más afectado.
Acusaciones de intento de golpe de Estado
Montaño denunció que las movilizaciones son parte de un plan para derrocar al gobierno de Luis Arce. “Quieren pedir la renuncia de Lucho para que asuma Andrónico Rodríguez, y de esa forma habilitar a Evo Morales. Estas acciones no son solo bloqueos; son actos de sabotaje y un intento de golpe de Estado”, enfatizó.
Demandas de los sectores movilizados
Los sectores afines a Morales demandan, principalmente, su inscripción como candidato presidencial y la renuncia de Arce. No obstante, han sumado otras exigencias como soluciones a la crisis económica, la escasez de combustible y la falta de dólares.
La situación refleja una creciente polarización política y pone en jaque la estabilidad económica y social del país. Montaño instó a la población y las autoridades a rechazar estas medidas que, según él, perjudican al pueblo boliviano en su conjunto.

Organizaciones vecinales y ciudadanos han expresado su profunda indignación ante el mal uso de recursos estatales en proyectos habitacionales fallidos. Entre los años 2006 y 2010, durante el gobierno de Evo Morales, se destinaron importantes sumas a un proyecto de viviendas sociales en Sucre que nunca fue concluido ni benefició a las familias necesitadas.
Al pie del cerro Sica Sica, frente a la nueva terminal de buses de la zona de Caza y Pesca, permanece una veintena de viviendas inconclusas, convertidas en un símbolo del abandono estatal. Este proyecto, impulsado por la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) en coordinación con la urbanización municipal, fue concebido como una solución habitacional para la zona. Sin embargo, lo que debía ser un espacio digno para vivir es hoy un desolado terreno de estructuras incompletas y promesas incumplidas.
Las imágenes actuales del lugar muestran edificaciones con paredes sin techo, cimientos sin avances y ausencia total de ocupación, mantenimiento o vigilancia. El sitio, lejos de cumplir su propósito, se ha convertido en un baldío de concreto, reflejo del desperdicio de recursos y la desidia institucional.
Ante este panorama, el actual gerente general de AEVivienda, Marco Antonio Orellana, sorprendió al admitir desconocimiento sobre el caso. “No conozco ese proyecto, no sabía que existía esa obra”, declaró en entrevista con 1.2.3 Periodismo Que Cuenta. Este vacío de información institucional levanta serias interrogantes: ¿Qué ocurrió con el presupuesto asignado? ¿Por qué las obras fueron abandonadas? ¿Quiénes eran los beneficiarios previstos?
Más de una década después del inicio de este proyecto, las preguntas persisten. No hay documentación pública accesible ni explicaciones claras por parte de las autoridades responsables. Este silencio institucional ha intensificado el malestar ciudadano.
“Así quedó tu dinero, mi dinero, el dinero de todos los bolivianos”, denunció un vecino afectado, señalando el estado ruinoso del proyecto.
El caso pone de manifiesto deficiencias estructurales en el seguimiento y control de obras públicas, así como una preocupante falta de transparencia en la gestión de recursos destinados a vivienda social. AEVivienda, como entidad responsable, enfrenta el desafío de esclarecer lo ocurrido y brindar respuestas concretas.
La ciudadanía, indignada, no solo exige explicaciones, sino también la recuperación de proyectos como este para que finalmente cumplan su propósito. De lo contrario, el polvo del olvido seguirá sepultando la confianza en las instituciones del Estado.