Desde la mañana de este miércoles la Policía volvió a abril el paso para la circulación vehicular en la avenida Sánchez Lima, sobre la que se encuentra la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque persiste el resguardo policial en el inmueble.

El viernes 16 de mayo, grupos afines a Evo Morales sitiaron en horas de la tarde la Plaza Abaroa, donde se encuentra la sede del Órgano Electoral Plurinacional. La vía de acceso al lugar quedó cerrada a la circulación de transeúntes y motorizados hasta la noche del martes.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, Willy Paz, informó al inicio de la semana que el resguardo policial que se dispuso en los alrededores del TSE era parte del anillo interno de seguridad que implementó la fuerza del orden para evitar desmanes por parte de los evistas y debido al cierre de las inscripciones de candidaturas, el pasado lunes 19.

A diferencia de la avenida Sánchez Lima que quedó expedita, la Plaza Abaroa permanece cerrada por la Alcaldía, que el viernes pasado llevo a cabo una fumigación y desratización en ese paseo urbano. Los predios de la plaza permanecen cubiertos y el acceso está restringido.

El proceso penal iniciado contra la jueza cruceña Lilian Moreno, por fallar en favor del expresidente Evo Morales, comenzó a pasar por distintos juzgados, pero hasta ahora ninguno de sus colegas quiere conocerlo de manera formal.

Moreno fue aprehendida en Santa Cruz el 5 de mayo cuando salía de su casa por la zona de La Guardia. Fue trasladada a La Paz donde fue imputada por la Fiscalía por delito de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales.

Una juez de La Paz ordenó su detención en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. Desde esa ciudad se ordenó su procesamiento en Santa Cruz, pero el caso radicó ante el juez Ubby Sául Suárez, quien se excusó. Luego, el caso cayó ante la jueza Lorena Añez. La defensa de Lilia Moreno solicitó ayer ante esa instancia la cesación de su detención.

Sin embargo, los abogados de Moreno la excusaron y luego presentaron una recusación. Tras ello, el caso fue derivado a una sala penal para que se pronuncie.

En paralelo, este proceso no reportó avances y una sala constitucional de La Paz ya falló para que el expediente sea de nuevo remitido a la sede de gobierno, algo que estaría en contra ruta al principio del juez natural que fue reclamado por la defensa de la jurista.

Moreno es procesada por anular un mandamiento de apremio y una imputación contra Evo Morales. Los familiares de la jueza Moreno han denunciado violación a sus derechos.

El caso también repuso el debate público sobre las acusaciones que enfrenta el expresidente Evo Morales por abuso de menores, bajo figuras legales tipificadas como estupro y trata de personas. El exmandatario no se presentó ante la justicia de Tarija, pero asumió defensa con varias acciones legales para zafarse de este proceso de orden penal.

La abogada Paola Barriga anunció que presentará una impugnación formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la habilitación de Mariana Prado Noya como candidata a la vicepresidencia por la alianza encabezada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La causa: Prado habría respaldado a William Kushner, sentenciado a 30 años de cárcel por el feminicidio de Andrea Aramayo.

La exministra de Planificación del Desarrollo durante el gobierno de Evo Morales fue presentada hace pocos días como compañera de fórmula de Rodríguez, desatando una fuerte ola de críticas por parte de colectivos feministas, defensores de derechos humanos y familiares de la víctima.

Según Barriga, quien representó a la familia Aramayo durante el proceso judicial, la participación de Prado como testigo de descargo en favor de Kushner fue un acto de respaldo inadmisible. “Es un insulto que una ministra de Estado se haya presentado al juicio como si fuera una autoridad, con edecán y escolta, buscando influir sobre un tribunal que durante años escuchó las pruebas del feminicidio de Andrea”, señaló la abogada en declaraciones a la prensa.

El hecho que originó el caso ocurrió el 19 de agosto de 2015, en la calle Pedro Salazar de la zona de Sopocachi, cuando Andrea Aramayo fue atropellada por el vehículo de William Kushner. Desde entonces, la defensa del acusado intentó posicionar la narrativa de que se trató de un accidente. No obstante, tras un largo proceso judicial, en 2020 se dictó la sentencia de 30 años por feminicidio, misma que fue ejecutoriada recién en 2023.

Prado, quien fue pareja de Kushner en el pasado, se presentó como testigo en 2018 y declaró que no lo consideraba una persona violenta, afirmando su creencia en su inocencia. Estas declaraciones fueron cuestionadas duramente por la madre de Andrea Aramayo, Helen Álvarez, y por diversos sectores de la sociedad civil que las consideraron como un intento de respaldo institucional desde una posición de poder.

Barriga sostuvo que existen pruebas suficientes para respaldar la impugnación: “No vamos a permitir que una persona que defendió públicamente a un feminicida llegue a ocupar la segunda magistratura del país. Vamos a seguir el conducto regular ante el TSE y exigiremos que se inhabilite su candidatura”, declaró.

El anuncio reabre el debate sobre la responsabilidad ética de los funcionarios públicos y el uso de su investidura para intervenir en casos de violencia de género, particularmente en contextos judiciales que afectan profundamente a las víctimas y sus familias.

Desde este miércoles, la Alcaldía de La Paz cerrará la céntrica calle Honda por 20 días debido a trabajos de mantenimiento en el alcantarillado, informó el director de Movilidad de la comuna, Luis Oliden.

“(El cierre) será desde las 09:30 aproximadamente, es por el mantenimiento del alcantarillado público, o sea, van a cambiar el alcantarillado público, por 20 días aproximadamente”, indicó Oliden esta mañana ante los medios de comunicación.

El corte de vía se realiza a solicitud de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) que renovará la red de alcantarillado del sector para evitar emergencias, informa la Agencia Municipal de Noticias (AMUN).

Los trabajos derivarán también que se cierren unas 10 más calles del centro en las próximas semanas. Los cortes serán paulatinos para evitar congestionar aún más el tráfico vehicular de la sede de gobierno.

Por la calle Honda, según datos de la Alcaldía paceña y sitios cercanos circulan más de 70 líneas de transporte público.

“Está planificado que se cierre la Genaro Sanjinés, la Pichincha, una cuadra en la Colón y parte de la Loayza”, agregó el director de Movilidad.

Debido al cierre de la calle Honda, los conductores tienen las siguientes alternativas:

-Quienes van hacia la calle Santa Cruz y Max Paredes deben desviarse, de forma obligatoria, por la Yanacocha, girar hasta la Ingavi, llegar a la Genaro Sanjinés y luego retomar el túnel de la San Francisco.

-Quienes conduzcan hacia el Cementerio General de La Paz o la plaza Eguino podrán continuar por la avenida Mariscal Santa Cruz-Pérez Velasco y girar a la calle Serrano o la Pando.

-Los conductores que ingresen desde la Mariscal Santa Cruz hacia la calle Mercado deben subir por la Yanacocha hasta la Ingavi, luego girar hacia la Genaro Sanjinés, bajar hasta el túnel de San Francisco y proseguir por la Santa Cruz.

-Los conductores pueden ingresar por la Mercado y llegar hasta la calle Ayacucho, subir hasta la plaza Murillo, girar por la Ingavi y tomar la Genaro Sanjinés o continuar hacia la avenida Montes.

Oliden advirtió que está prohibido el estacionamiento en todas las vías alternas, por lo que advirtió que si se hay vehículos en esos sitios sus conductores serán sancionados y los motorizados podrán ser retirados con grúas.

Los vehículos del transporte público que tienen sus paradas en la Yanacocha y Comercio ahora subirán una cuadra, es decir, frente a la Corte Superior de Justicia.

“Vamos a necesitar tener despejadas estas calles para que puedan circular los vehículos de manera normal”, indicó Oliden.