Los sectores afines a Evo Morales inician una movilización nacional en la sede de Gobierno para presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a inscribir a su líder como candidato presidencial, pese a la prohibición constitucional en su contra y a que el partido con el que pretendía participar ya no tiene personalidad jurídica. Dirigentes del Pacto de Unidad evista informaron que también pedirán la renuncia del presidente Luis Arce Catacora, a quien responsabilizan por la inestabilidad política, económica y social del país. Por ello, la Policía Boliviana anunció que reforzará la presencia en La Paz para impedir posibles hechos de violencia que afecten a la ciudadanía. Morales y sus seguidores denuncian al gobierno por haber anulado su participación de manera irregular y por motivos políticos; sin embargo, los operadores judiciales establecieron que la Constitución impide una nueva repostulación del exmandatario.

Andrónico Rodríguez anunció un supuesto plan para desprestigiar su candidatura y dio un ultimátum de 24 horas a Evo Morales y sus aliados para que demuestren que cometió traición contra el instrumento político que conduce el exmandatario. Como respuesta, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba exigieron al presidente de la Cámara Alta que se presente en la sede de la coordinadora para aclarar sus palabras ante las bases de la región. Ese plazo vence esta jornada, pero Rodríguez no ha respondido a la solicitud. Él denuncia un plan de desprestigio en su contra y desafía a Morales a demostrar en 24 horas que es un ‘traidor’; si lo hace, renunciará a su candidatura.

El gobierno anunció que el suministro de carburantes en el eje central del país (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) se regularizaría desde este lunes; sin embargo, desde el anuncio el panorama no ha cambiado en las estaciones de servicio, donde las filas para cargar combustible continúan siendo largas. Conductores protestan porque deben esperar más de un día para abastecerse. En las capitales, el servicio de transporte de pasajeros se redujo en un promedio del 50%. Se espera una explicación de los voceros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre el incumplimiento del anuncio del presidente Arce.

El presidente Luis Arce convocó a la directiva de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) a un encuentro en la Casa Grande del Pueblo para evaluar la situación económica. El encuentro fue confirmado luego de anunciar medidas para normalizar el suministro de carburantes y luchar contra el contrabando, agio y especulación de alimentos. Arce afirmó que las medidas requieren la colaboración del sector privado y reiteró que el gobierno priorizará el beneficio de las familias bolivianas, especialmente las más humildes.

La Comisión especial que investigó el caso de la subsidiaria de YPFB, Botrading, presentará el informe sobre supuestas irregularidades en la compra y venta de combustible operada desde Paraguay. El diputado Carlos Alarcón informó que se detectó un sobreprecio que será demostrado con documentación en el informe final, que se presentará ante la Cámara de Diputados este lunes. La comisión debe aprobar el informe final, que concluye el plazo este lunes.

El Senamhi emitió alerta naranja por vientos moderados a fuertes en seis departamentos: Potosí, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Tarija, entre este lunes y jueves. El viento tendrá dirección noroeste y velocidades entre 20 y 40 km/h. Se recomienda precaución ante posibles caídas de árboles, interrupciones eléctricas o levantamiento de polvo. La alerta afecta a 54 provincias de los seis departamentos.

Pobladores de la comunidad indígena Candelaria, en Concepción, anuncian bloqueo de carretera desde la mañana de este lunes en demanda de la licitación para un proyecto de agua potable. La sequía afecta la región y, pese a que el proyecto fue presentado hace cinco meses, no hay respuesta. El plazo dado al Ministerio de Medio Ambiente para avanzar feneció el sábado. Hasta las 06:30 de este día, el bloqueo no se había instalado y las salidas hacia Chiquitania y San Matías se mantenían con normalidad.

La alianza UNIDAD presentó y explicó su programa de gobierno a sus candidatos parlamentarios de La Paz. En los siguientes días realizará lo mismo en todo el país. Recibieron la información los principales candidatos paceños de este grupo político, entre los cuales se encuentran Soledad Chapetón, Juan del Granado, Roberto Moscoso, Cecilia Requena y Carlos Alarcón.

El programa propone cinco soluciones para que Bolivia salga de la crisis, vuelvan los dólares, se corrija el extractivismo con “autonomías económicas”, solo se gaste lo que se tiene y el mérito importe.

“Todos nos preguntamos: ¿Cómo es posible que un país tan rico como Bolivia esté hoy en la pobreza? ¿Cómo es posible que estemos en esta crisis económica tan profunda que es, también, una crisis de país?”, cuestiona el documento que ya fue presentado al Tribunal Electoral.

“Pensamos que el crecimiento iba a venir solamente porque éramos un país con numerosas riquezas. Pero hay que convertir la riqueza en progreso, y eso no se hizo”, señala. “Tenemos todo en el suelo y en el subsuelo… pero hay cerraduras y candados que nos tienen prisioneros y limitados” continúa el programa. Estas cerraduras son, según el documento de Samuel Doria Medina, “la corrupción, que nos roba lo que es de todos; la falta de desarrollo educativo, que nos limita y condiciona; la ausencia de una ambición tecnológica, que nos atrasa y nos empobrece; un modelo económico equivocado, que ya no puede dar más de sí; y las divisiones políticas y territoriales, que impiden que nuestra fuerza sea la unión”.

El programa usa una frase que popularizó Doria Medina: “vamos a transformar al ‘país del puño cerrado’ en un país de la mano abierta con cinco soluciones claras y concretas para la crisis” para introducir las cinco soluciones que plantea para la crisis.

La solución uno es devolverle los dólares al país, para lo que se requiere actuar “en 100 días” con “toda la ayuda internacional que sea posible obtener” para “cambiar las expectativas de la gente de que el dólar siempre va a subir de precio”. Una vez que esta expectativa se aplaque y los dólares retornen, los demás bienes, como los combustibles, dejarán de escasear.

La solución dos son las “autonomías económicas”. “Las regiones cogestionar la riqueza natural de sus territorios. Los nuevos ingresos se distribuirán 50%-50%”, se dice en el documento.

La solución tres es “cuidar el dinero de los bolivianos” parando “el saqueo de Bolivia por parte del MAS” y obligando al “Estado en su conjunto, así como cada repartición y cada empresa estatales a cumplir la siguiente ley, que es la misma de la mayoría de las familias: solo se gasta lo que se tiene”.

La solución cuatro es “una Bolivia abierta” con liberación de las exportaciones, cielos abiertos y atracción de las inversiones nacionales y extranjeras no solo en los recursos naturales, sino en nuestros recursos humanos.

Finalmente, la solución cinco es “un país en el que el mérito importe” que contraste “con lo que hemos visto durante décadas, que se nombraba a familiares y amigos de los políticos de turno en los cargos más importantes”.

Doria Medina plantea un giro desde un Estado fracasado en 20 años hacia un millón de emprendimientos, que dan independencia, mayor libertad y desarrollo personal a los jóvenes que quieren ser sus propios jefes, generar trabajo y resolver los problemas sociales de sus comunidades. En este momento, la versión más potente de la actividad emprendedora es el turismo, que puede traer dólares al país. Según el programa de Samuel, es realista pensar lograr dos millones de visitantes extranjeros adicionales y atraer 3.000 millones de dólares anuales a la economía en crisis del país. “Para eso se necesita servicios estatales, capacitación emprendedora y muchos bolivianos que se atrevan a hacer nuevos negocios turísticos”. Además, se necesita impedir que “ciertos grupos y personajes nos arrebaten el derecho a movernos libremente por nuestro país”.

El programa de la UNIDAD también tiene capítulos dedicados a los distintos sectores de la actividad nacional: desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo institucional y otros.

Durante este domingo, tanto Evo Morales como Wilma Alanoca confirmaron que la movilización convocada por sectores evistas tiene como objetivo exigir la habilitación del exmandatario como candidato presidencial. Además, advirtieron que “el pueblo se levantará” si no se cumplen sus demandas. En respuesta, el Gobierno ha activado operativos policiales para resguardar el orden público en la ciudad de La Paz.

La marcha está programada para este lunes y se dirigirá hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en demanda del registro oficial de la candidatura de Morales. Sin embargo, esta pretensión choca con múltiples obstáculos legales: la Constitución Política del Estado, un referéndum vinculante, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impiden su repostulación.

Se trata de la segunda marcha con el mismo propósito en lo que va del mes.

Evo Morales, refugiado en el Trópico de Cochabamba desde octubre del año pasado tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas, confirmó la movilización en declaraciones a medios locales. Aseguró que la acción busca respaldar su postulación, aunque también la justificó en la crisis económica y lo que calificó como una «guerra judicial» en su contra.

“El lunes, todos a La Paz. Si no es por las buenas, si no aceptan, el pueblo se calienta para garantizar nuestra candidatura; vamos a llegar a eso”, advirtió Morales durante su programa radial en Kawsachun Coca.

El exmandatario acusó al gobierno de su exministro de Economía, Luis Arce, de intentar eliminar a las agrupaciones políticas rivales. «Eso el pueblo no lo va a soportar», advirtió, basándose en su experiencia sindical.

No fue el único en advertir sobre posibles convulsiones. Dirigentes evistas de regiones como Potosí amenazaron incluso con impedir la realización de las elecciones si Morales no es habilitado.

Por su parte, la aspirante a la Vicepresidencia, Wilma Alanoca, también convocó a una «marcha pacífica» a través de un mensaje en video difundido por la misma radio. En su intervención, exigió garantías al Gobierno para los movilizados.

“Parece que la respuesta del Gobierno a estas movilizaciones son las detenciones y las gasificaciones”, dijo, en alusión a los enfrentamientos con la Policía el pasado 16 de mayo y la detención de dirigentes tras el bloqueo de 24 días ocurrido el año pasado.

Alanoca también acusó al TSE de actuar de forma parcializada y de discriminar “a la gran mayoría del pueblo boliviano”.

Pese a liderar el movimiento, Morales intentó deslindarse de la responsabilidad directa sobre las protestas:

“Movilización por aquí, por allá, con dirigentes y sin dirigentes, eso veo. Y no echen la culpa a Evo, por favor, ni a nuestro movimiento político. El problema es económico, de justicia y de democracia; son tres problemas que se juntan”, afirmó.

El Gobierno refuerza la seguridad
Frente al anuncio de la marcha, el Gobierno activó medidas preventivas. El Comando Departamental de la Policía de La Paz desplegó operativos de control en los principales accesos a la ciudad y reforzó la vigilancia en instituciones públicas estratégicas como el TSE.

“El Comando Departamental ha reforzado los ingresos a la ciudad con el objetivo de prevenir cualquier actividad ilícita que pudiera afectar a la ciudadanía paceña”, informó el subcomandante departamental, coronel Andrés Willy Paz.

Los puntos de control se establecieron en Achica Arriba, Ujará y Cotapata, donde desde la madrugada del domingo se desplegaron efectivos policiales. También se implementó un operativo especial de seguridad en torno al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Electoral Departamental, ambos bajo resguardo mientras persistan las amenazas de movilización.

Por otro lado, el Pacto de Unidad —bloque de organizaciones sociales aliadas al presidente Arce— rechazó las acciones de los evistas. Su vocero, Vidal Gómez, denunció que “sectores radicales” intentan generar una convulsión social por intereses estrictamente personales.

“Exhortamos al pueblo boliviano a no sumarse a intentos de desestabilización. Bolivia necesita elecciones generales garantizadas”, afirmó Gómez.

Advirtió que cualquier intento de desestabilización en La Paz representa una amenaza al orden constitucional:

“No se puede permitir que grupos irregulares, armados o con intenciones golpistas, pretendan pisotear la Constitución Política del Estado. El país necesita un proceso electoral serio y transparente”, concluyó.