El Ministerio Público abrió una investigación por homicidio culposo tras la muerte de un niño de dos años y nueve meses en Riberalta el 23 de marzo de 2025.

El fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, informó sobre la aprehensión del padre, Joel P.R., quien prestará declaración. Según las investigaciones preliminares, el menor murió por ahogamiento en una noria mientras estaba bajo el cuidado de su padre, quien lo habría descuidado al ir a la casa de un vecino.

La madre trasladó al niño al hospital, pero llegó sin signos vitales.

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Fuerza Naval y la Policía Boliviana, participa en operativos para verificar actividades mineras ilegales en los ríos de Beni y Pando. Estas prácticas generan un impacto ambiental y económico significativo, afectando áreas protegidas y comunidades locales.

Según la Directora Nacional de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Mirtha Mejía, se han identificado actividades de explotación ilegal de recursos naturales, enriquecimiento ilícito y comercialización irregular de combustibles. Comunarios de la Reserva Natural del Manuripi expresaron su preocupación por la presencia de asentamientos mineros que afectan su entorno.

Además, la Fiscalía supervisa el cumplimiento de los lineamientos institucionales en la lucha contra la corrupción y el control de delitos ambientales en la región.

El Ministerio de Salud y Deportes, a través del Sistema Único de Información en Salud (SUIS), impulsa el Proyecto Hechos Vitales para fortalecer el registro de nacimientos y defunciones en Bolivia.

En los últimos cuatro años, se han implementado metodologías que mejoran la precisión de los datos, permitiendo una mejor toma de decisiones en políticas de salud. Entre los avances destacan la capacitación de 1.000 profesionales en el sistema SIAHV 2.0 y la mejora en la certificación de nacimientos y defunciones.

Además, el Ministerio trabaja en la conformación de un Comité Interinstitucional junto al INE, SERECI e IDIF para garantizar información estructurada e interoperable. Con el apoyo de Vital Strategies, se busca consolidar un sistema confiable que optimice la prevención y respuesta en salud.

El Ministerio de Salud y Deportes lanzó una campaña nacional para la prevención y detección temprana de enfermedades renales, ofreciendo pruebas gratuitas y capacitaciones para profesionales de la salud.

En Bolivia, la insuficiencia renal crónica afecta a 551 personas por millón de habitantes, con un crecimiento anual del 12%. En 2024, más de 6.250 pacientes recibieron tratamiento de hemodiálisis. La campaña enfatiza la importancia de hábitos saludables y chequeos regulares para prevenir la enfermedad.

Las pruebas de creatinina y proteinuria estarán disponibles en centros de salud del país. Además, del 26 al 28 de marzo se realizarán capacitaciones virtuales para fortalecer la detección temprana.

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca informó que actualmente investiga 17 casos relacionados con el almacenaje y compra ilegal de combustibles en Sucre. Desde julio de 2023 se ha registrado un caso, mientras que en 2024 se investigaron siete y en 2025 ya suman nueve. Dos de estos procesos están en etapa de juicio y los demás en fases preliminares y preparatorias.

En un reciente operativo el 17 de marzo, la ANH y la UTOP identificaron en un surtidor de Sucre a cuatro vehículos que cargaban combustible en reiteradas ocasiones, acumulando entre 1.000 y 2.000 litros desde enero. Cinco personas fueron arrestadas y los vehículos secuestrados.

El fiscal Fernando Aragón destacó que, además de las investigaciones en curso, ya se lograron sentencias condenatorias y la confiscación de vehículos, en un esfuerzo por evitar el desvío de combustibles hacia actividades ilícitas como el narcotráfico.

El Ayllu San Agustín de Puñaca (Oruro), la comunidad Cantumarca (Potosí) y los Pueblos Indígenas de la CPILAP (Norte de La Paz) expusieron en la Cámara de Diputados los impactos de la contaminación minera en sus territorios.

Durante la audiencia pública, denunciaron los efectos ambientales y sociales de la actividad minera en sus fuentes de agua, suelos y ecosistemas, exigiendo medidas urgentes para mitigar los daños.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que 724 nuevos contribuyentes obtuvieron su Número de Identificación Tributaria (NIT) en los primeros dos meses de 2025.

El presidente del SIN, Mario Cazón, detalló que el Padrón Nacional de Contribuyentes (PNC) alcanzó los 497.984 inscritos, reflejando un crecimiento del 0,1% respecto al año anterior.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo presentó su estrategia de comunicación participativa en el Seminario Iberoamericano de Comunicación en Seguridad Social, organizado por la OISS en Cartagena de Indias. Durante el evento, el gerente Jaime Durán expuso las acciones implementadas en Bolivia para fortalecer la educación previsional y difundir el Sistema Integral de Pensiones (SIP), destacando el uso de medios digitales, reuniones con asegurados y programas como «Hablemos de Pensiones».

La Gestora ha demostrado su capacidad para administrar el sistema de pensiones, mejorando utilidades, patrimonio y atención a jubilados. Su participación en el seminario fue valorada por los asistentes, permitiendo el intercambio de experiencias y fortaleciendo la cultura de seguridad social en Bolivia.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó sobre la aprehensión de Juan H.A. y Marcelino R.C., investigados por el transporte ilegal de combustible en Caranavi.

Las primeras investigaciones indican que los conductores trasladaban diésel y gasolina sin documentación legal. La Fiscalía cuenta con pruebas como el acta de acción directa, muestrario fotográfico y el secuestro de los vehículos.

El hecho ocurrió el 20 de marzo cuando transeúntes denunciaron la presencia sospechosa de dos cisternas en el puente León. La Policía verificó que los vehículos no tenían documentación y los trasladó a Caranavi, pero fueron retenidos en la comunidad Villa La Paz por vecinos que hacían fila para cargar combustible.

Ante la falta de licencias y documentos de traslado, los choferes fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con las investigaciones.