La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaló una sesión extraordinaria con el objetivo de definir el futuro del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), en medio de disputas internas por la dirigencia y la representación política de la organización. La decisión del TSE es clave para determinar quiénes podrán participar en las próximas elecciones bajo la sigla de UCS.

En paralelo, candidatos, militantes y simpatizantes del partido instalaron una vigilia frente a las instalaciones del TSE, exigiendo transparencia en el proceso y mostrando su respaldo a las distintas facciones. Los dirigentes de UCS señalaron que la medida busca evitar decisiones unilaterales y garantizar que la definición del liderazgo se realice de manera justa y conforme a la normativa vigente.

El Tribunal Supremo Electoral indicó que la sesión analizará documentación, estatutos internos y solicitudes de inscripción, con el fin de emitir una resolución definitiva sobre la autoridad legítima del partido, que tendrá implicancias directas en la participación electoral y en la asignación de candidaturas.

La situación mantiene en vilo a la militancia de UCS y a sus electores, mientras se espera que el TSE emita un pronunciamiento oficial que cierre la disputa interna y establezca los lineamientos para la participación política del partido en los próximos comicios.

El Gobierno nacional anunció que se realizará la entrega de 7.000 títulos de propiedad que estaban pendientes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el departamento de Chuquisaca. La medida busca regularizar la propiedad de tierras y garantizar seguridad jurídica a agricultores, comunidades y pequeños productores que aún no contaban con documentación oficial.

Autoridades del INRA indicaron que los títulos corresponden a predios rurales y urbanos, y que su entrega permitirá fortalecer la tenencia legal de la tierra, facilitar el acceso a créditos y reducir conflictos por derechos de propiedad. La entrega se realizará en coordinación con autoridades locales y municipales, quienes acompañarán el proceso de regularización y verificación de antecedentes catastrales.

El Gobierno destacó que esta acción forma parte de un plan nacional de titulación de tierras, orientado a consolidar la propiedad privada y comunal, así como a impulsar proyectos productivos que beneficien a las familias campesinas y a las comunidades rurales de Chuquisaca.

La Alcaldía de La Paz anunció el lanzamiento de un plan integral de control para frenar el trameaje en el transporte público, que contempla la implementación de sistemas GPS en los vehículos y el uso de un paquete de aplicaciones digitales para el monitoreo en tiempo real de las rutas y frecuencias. La medida busca mejorar el servicio y reducir los abusos contra los usuarios.

Según informaron las autoridades municipales, el sistema permitirá verificar el cumplimiento de recorridos, horarios y paradas, además de identificar de manera inmediata a los motorizados que incurran en trameaje. Las aplicaciones estarán conectadas a una plataforma de control que facilitará la fiscalización, el registro de infracciones y la aplicación de sanciones.

Desde la Alcaldía señalaron que este plan también apunta a transparentar la gestión del transporte, fortalecer el control municipal y brindar mayor seguridad a los pasajeros. Los usuarios, a su vez, podrán acceder a información sobre rutas habilitadas y reportar irregularidades mediante herramientas digitales.

El trameaje es una de las principales quejas de la población paceña, por lo que el gobierno municipal aseguró que el nuevo sistema permitirá ordenar el transporte público y mejorar la calidad del servicio, en coordinación con los sectores del autotransporte.

La Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva de la exdiputada Laura Rojas en la cárcel de Palmasola, por un periodo de 180 días, en el marco de la investigación que se sigue dentro del denominado caso “narcomaletas”. La petición será presentada ante la autoridad judicial durante la audiencia de medidas cautelares.

De acuerdo con el Ministerio Público, la solicitud se sustenta en riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de obstaculización de la investigación, además de la necesidad de realizar múltiples actos investigativos, como pericias financieras, análisis de movimientos migratorios y toma de declaraciones a testigos clave.

La Fiscalía indicó que durante los seis meses solicitados se continuará con la recolección de elementos probatorios para esclarecer el origen del dinero, su destino y la posible participación de otras personas en el traslado de las maletas. Asimismo, no se descarta la ampliación de la investigación a otros delitos ni nuevas imputaciones.

El caso ha generado una amplia repercusión nacional, debido a la gravedad de las acusaciones y al perfil público de la investigada, mientras se aguarda la decisión del juez sobre la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.