Un informe preliminar de la investigación del denominado caso “narcomaletas” señala que las maletas ingresadas al país por la exdiputada Laura Rojas habrían contenido aproximadamente 100 millones de dólares, según los primeros datos recabados por las autoridades competentes. El documento forma parte de las actuaciones iniciales que buscan esclarecer el origen, destino y posible uso ilícito del dinero.

De acuerdo con la información conocida, las maletas habrían ingresado sin los controles aduaneros correspondientes, lo que encendió las alertas de las instancias de fiscalización y derivó en la apertura de una investigación penal. Las autoridades analizan registros migratorios, imágenes de seguridad, declaraciones testificales y documentación financiera, con el fin de establecer responsabilidades y determinar si existió una red organizada detrás del traslado del dinero.

En el marco de este proceso, la exdiputada Laura Rojas fue aprehendida y posteriormente internada en una clínica, mientras continúan las diligencias judiciales. Desde el Ministerio Público se informó que el caso se encuentra en etapa investigativa y que no se descartan nuevas citaciones ni ampliaciones de la investigación conforme avancen las pericias.

El caso ha generado fuerte repercusión política y social, debido a la magnitud del monto mencionado y a las posibles implicaciones en delitos como legitimación de ganancias ilícitas, contrabando y uso indebido de influencias, por lo que las autoridades aseguraron que se llegará “hasta las últimas consecuencias”.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, reveló que el Ejecutivo tenía conocimiento del caso “narcomaletas” desde antes de que se hiciera público y afirmó que las autoridades han avanzado paso a paso para esclarecer la estructura del presunto delito, que ya ha derivado en detenciones y aprehensiones de personas vinculadas. Durante una entrevista radial, el mandatario explicó que la decisión de no divulgar la información de manera inmediata se tomó para no entorpecer las investigaciones en curso y garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen correctamente.

“Esta información la manejábamos tiempo atrás… tendrá que ser la investigación y la justicia que demuestren con claridad sus procedimientos”, indicó Paz, enfatizando que el Gobierno confía en el trabajo de las autoridades judiciales y en la transparencia del proceso. Según el presidente, la prioridad es desmantelar redes de corrupción vinculadas al caso y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Paz también anticipó que las pesquisas podrían revelar “muchos escándalos” en los próximos días, no solo relacionados con el caso “narcomaletas”, sino también en otras áreas de control y gestión pública. Pidió a la ciudadanía mantener la calma y confiar en que las investigaciones buscan garantizar justicia, transparencia y la depuración de posibles irregularidades en instituciones públicas. “El objetivo es llevar ante la justicia a los implicados, incluso si eso significa que se revelen más nombres y detalles sensibles”, subrayó.

Expertos en derecho penal y analistas en seguridad señalan que la declaración del presidente confirma la existencia de una estructura compleja detrás del ingreso irregular de las maletas y advierte sobre la posibilidad de implicaciones en distintos niveles del Estado. La coordinación entre la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y otras instancias de control será clave para esclarecer el caso y evitar filtraciones que puedan afectar la investigación.

El anuncio presidencial se produce en medio de una creciente atención pública sobre el caso “narcomaletas” y la expectativa de que las autoridades amplíen las detenciones y aprehensiones a otros implicados, incluyendo potenciales funcionarios o asociados vinculados a la cadena de control aduanero. Las declaraciones de Paz buscan generar confianza en la población sobre la seriedad y transparencia de las investigaciones, mientras se prepara el terreno para que la justicia actúe de manera rigurosa y con total independencia.

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó a los candidatos inhabilitados de las organizaciones políticas Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) a reunirse en la Vicepresidencia para evaluar posibles acciones legales en defensa de sus derechos civiles y políticos. La convocatoria surge tras las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar a postulantes de ambos partidos luego de que perdieran su personería jurídica por no alcanzar el mínimo de votos requerido por la normativa electoral vigente.

Lara criticó las decisiones del TSE, señalando que no se trata de procesos estrictamente legales, sino de determinaciones que podrían tener un trasfondo político. “Los derechos constitucionales y humanos, como el de participar en elecciones, no pueden ser restringidos de manera injusta. Convoco a los candidatos afectados a presentar sus casos para evaluar recursos legales que defiendan su posibilidad de competir en las urnas”, indicó el vicepresidente.

El planteamiento de Lara sostiene que, aunque los partidos hayan perdido la personería jurídica, los ciudadanos que ya estaban habilitados como candidatos deberían poder ejercer su derecho a postularse, garantizando así el respeto a la Constitución y a la ley. “Las decisiones del TSE deberían basarse únicamente en la normativa vigente, sin influencia de presiones o conveniencias políticas”, subrayó.

Varios candidatos afectados han expresado su preocupación por la situación, afirmando que sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Algunos manifestaron temor de quedar fuera de la contienda electoral a pesar de haber cumplido con los requisitos de inscripción, mientras buscan claridad sobre su posibilidad real de participar en las elecciones subnacionales programadas para marzo de este año.

Expertos en derecho electoral señalan que el escenario genera un conflicto jurídico de gran relevancia, ya que enfrenta la interpretación de la normativa sobre personería jurídica de partidos con los derechos individuales de los candidatos inscritos. Analistas políticos destacan que las acciones legales que se definan podrían sentar precedentes sobre cómo se aplican las reglas de inhabilitación de partidos y candidatos en futuros procesos electorales.

La Vicepresidencia informó que durante la reunión se escucharán los casos de cada candidato y se evaluarán recursos legales, que podrían incluir apelaciones ante el TSE o instancias judiciales superiores. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la participación de estos candidatos continúa generando debates en el ámbito político y jurídico, con implicaciones directas para la competencia electoral y la representación de los votantes en los próximos comicios.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz amplió la investigación del caso “narcomaletas”, que involucra el ingreso de 32 maletas presuntamente con sustancias controladas a través del aeropuerto de Viru Viru, con la detención de tres socios del juez Hebert Zeballos, quien ya se encuentra con detención preventiva. Los aprehendidos están vinculados a una empresa de seguridad relacionada con el magistrado y fueron aprehendidos tras prestar declaración informativa ante las autoridades. Dos de ellos ya permanecen en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), mientras que el tercero aún se encontraba en dependencias fiscales al cierre del reporte.

El caso también involucra a dos trabajadores de la Aduana Nacional que estaban presentes en el momento del ingreso de las maletas. Ambos declararon ante la Fiscalía y las autoridades evalúan si su participación amerita aprehensión, lo que ampliaría el número de investigados directos. La investigación busca determinar si existió complicidad interna en el control aduanero y cómo fue posible que las maletas ingresaran al país sin ser detectadas por los controles correspondientes.

Este proceso forma parte de una investigación más amplia que ya incluyó la detención preventiva del juez Zeballos y la aprehensión de otras personas vinculadas al caso. Fuentes judiciales indicaron que se analizan registros de seguridad, testimonios de funcionarios y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias controladas, con el objetivo de esclarecer la responsabilidad de cada implicado.

Especialistas en derecho penal señalan que la detención de socios vinculados al juez refuerza la hipótesis de posible participación de actores internos en la cadena de control aduanero. “Si se confirma la complicidad de funcionarios o asociados, se estaría frente a un caso de corrupción y tráfico de drogas que compromete la integridad del sistema judicial y aduanero del país”, explicó un analista consultado.

La Fiscalía y la FELCN anunciaron que las investigaciones continuarán en los próximos días, con nuevas declaraciones, inspecciones a empresas de seguridad y análisis de documentación relacionada con la empresa vinculada al juez. Las autoridades buscan determinar no solo la responsabilidad directa en el ingreso de las maletas, sino también posibles redes de protección que habrían permitido que el ilícito se ejecutara.

El caso “narcomaletas” mantiene en alerta a las autoridades judiciales y de control aduanero, mientras la población observa con preocupación cómo se desarrollan los procesos contra funcionarios y particulares vinculados al presunto tráfico de sustancias controladas dentro del aeropuerto internacional de Viru Viru.

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, expresó su desacuerdo con la propuesta de reducir el salario de los parlamentarios a Bs 10.000, iniciativa presentada por un legislador que cuestiona el nivel de remuneración actual y la labor de los asambleístas. Ávila sostuvo que la medida no considera factores esenciales como los gastos de vivienda en La Paz, los desplazamientos desde otras regiones del país y las responsabilidades familiares de los parlamentarios, calificando la propuesta como “una mirada estrecha”. “A mí francamente no me parece una buena propuesta… creo que hay que analizarlo con racionalidad”, señaló el presidente del Senado.

La iniciativa fue promovida por el senador Nilton Condori, quien afirmó que los asambleístas “no hacen nada” que justifique sus salarios, generando un intenso debate en el Legislativo. La polémica abrió discusiones sobre la relación entre la retribución económica de los legisladores y el cumplimiento de sus funciones, así como la necesidad de evaluar criterios objetivos para determinar el salario que deberían percibir quienes ocupan cargos públicos de alta responsabilidad.

Analistas políticos advierten que el tema de los salarios legislativos siempre genera divisiones, ya que implica equilibrar la austeridad y la responsabilidad del gasto público con la necesidad de garantizar condiciones dignas para quienes desempeñan funciones de representación nacional. Ávila enfatizó que los sueldos de los parlamentarios deben reflejar no solo el trabajo legislativo, sino también los costos de vida asociados al desempeño de sus cargos, incluyendo vivienda, transporte y manutención de sus familias.

Mientras tanto, la discusión continúa dentro de la Asamblea Legislativa, con distintos sectores a favor de revisar las remuneraciones y otros insistiendo en que la propuesta de reducción no contempla de manera justa las condiciones reales del ejercicio parlamentario. La decisión final sobre cualquier ajuste salarial deberá considerar estos factores y buscar un equilibrio entre eficiencia, equidad y responsabilidad fiscal.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a su Sala Plena para este miércoles 28 de enero, con el objetivo de decidir si procede o no la cancelación de la personería jurídica de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazara un recurso presentado por el propio partido para frenar este proceso. La decisión del TCP se basó en que UCS no alcanzó el mínimo de votos requerido en elecciones anteriores, según la normativa electoral vigente.

Rafael “Tata” Quispe, candidato a gobernador por UCS, reaccionó con contundencia ante la posibilidad de ser inhabilitado: “Si hoy inhabilitan a Rafael Quispe, están firmando su sentencia de prisión”, advirtió, señalando que los vocales del TSE podrían enfrentar consecuencias legales por supuestamente vulnerar su derecho a postularse. Estas declaraciones generan un clima de tensión política mientras se espera la resolución oficial del tribunal.

El presidente del TSE explicó que la ley establece que los partidos que no cumplan con el mínimo de votos pierden automáticamente su personería jurídica, lo que implica que sus candidatos también quedarían fuera del proceso electoral. Sobre las advertencias de Quispe, señaló: “El pueblo juzgará a los políticos que amenazan al Órgano Electoral”, destacando la importancia de mantener la institucionalidad y la independencia del tribunal en la toma de decisiones.

Mientras se espera la decisión oficial de la Sala Plena, la situación de UCS y de sus candidaturas permanece en incertidumbre, con el riesgo de que el partido quede fuera del proceso electoral subnacional de 2026. Analistas políticos señalan que, de confirmarse la cancelación, podría generarse un impacto significativo en las dinámicas electorales de los municipios y gobernaciones donde UCS mantiene presencia histórica.

Históricamente, UCS ha tenido participación activa en elecciones locales y nacionales, logrando representación en varios municipios y gobernaciones. Sin embargo, la falta de respaldo electoral suficiente en los últimos comicios pone al partido en una situación crítica, y la resolución del TSE será determinante tanto para la organización como para sus candidatos, incluyendo a Quispe, quien ha mantenido un perfil mediático activo y polémico durante su trayectoria política.

El tribunal subraya que cualquier resolución se adoptará siguiendo la normativa vigente y respetando los derechos de los candidatos, al mismo tiempo que se busca garantizar la estabilidad del proceso electoral y la legalidad de la participación política. Se espera que la decisión se dé a conocer en las próximas horas, marcando un hito en la regulación de la personería jurídica de los partidos políticos en Bolivia.