Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, fue trasladado al penal de Palmasola para cumplir 140 días de detención preventiva, tras la determinación emitida por la Justicia en audiencia cautelar realizada este viernes en Santa Cruz.

La audiencia se desarrolló durante aproximadamente cuatro horas, luego de las cuales el juez dispuso la medida mientras continúan las investigaciones por presunta legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos vinculados a corrupción.

Antes de ingresar a la audiencia, Arce Mosqueira sostuvo un breve contacto con la prensa y calificó el proceso judicial en su contra como de carácter político. Posteriormente, tras conocerse la determinación, su defensa anunció que presentará una apelación, argumentando que el Ministerio Público no habría demostrado los elementos suficientes para justificar la detención preventiva.

Desde la Fiscalía se informó que las investigaciones no solo involucran a Marcelo Arce, sino también a su padre y a otros integrantes del entorno familiar, quienes son indagados por presuntos movimientos económicos irregulares y adquisición de bienes en distintas ciudades del país.

El Ministerio Público adelantó que se realizará una auditoría financiera y jurídica para establecer la existencia de posibles hechos de corrupción y definir responsabilidades, dentro de un plazo estimado de seis meses para el avance de la investigación.

El Gobierno nacional determinó la abrogación del Decreto Supremo 5547, en respuesta a la principal demanda de los productores de arroz y soya, en el marco de los acuerdos alcanzados en las recientes mesas de diálogo con el sector agropecuario.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, Karel Rivero, quien informó que la decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES), instancia que dio luz verde para dejar sin efecto la normativa cuestionada.

Según explicó la autoridad, la medida busca destrabar el conflicto con los productores y reafirma la voluntad del Gobierno de atender las demandas del sector mediante el diálogo.

No obstante, Rivero aclaró que la abrogación no se concreta de manera inmediata, ya que debe seguir un proceso técnico-administrativo hasta su publicación oficial en la Gaceta del Estado.

Este procedimiento, señaló, es fundamental para garantizar la seguridad jurídica tanto para el Estado como para los productores, asegurando que la anulación de la norma tenga plena validez legal.

La decisión se da en un contexto de movilizaciones y protestas del sector productivo, que cuestionaba el impacto del decreto en la economía agrícola y en la competitividad de la producción nacional.

La Policía Boliviana logró la aprehensión de 15 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en una serie de operativos ejecutados en distintas zonas del departamento de Santa Cruz, informó el inspector general Lionel Valenzuela.

De acuerdo con el reporte oficial, el primer operativo permitió la captura de siete extranjeros (cinco colombianos y dos ecuatorianos), quienes serían parte del entorno cercano del grupo delictivo. A partir del análisis de los dispositivos móviles incautados —que contenían conversaciones, audios y ubicaciones— se obtuvieron datos clave que permitieron ampliar las investigaciones.

Entre los hallazgos, se identificaron incluso amenazas contra autoridades policiales, lo que derivó en nuevas acciones operativas en zonas estratégicas.

Posteriormente, se realizaron intervenciones en el noroeste de Portachuelo, donde se descubrió un depósito con dimensiones aproximadas de dos metros y medio de ancho por seis metros de largo, con capacidad para almacenar hasta tres toneladas de sustancias controladas, lo que evidencia la magnitud logística de la organización.

En un segundo operativo, ejecutado en Montero, efectivos policiales interceptaron a cinco personas —tres colombianos y dos bolivianos— que intentaban darse a la fuga en un vehículo, siendo inmediatamente aprehendidos.

Las investigaciones continuaron y permitieron identificar a otros implicados, elevando el número total de detenidos a 15, quienes habrían cumplido diferentes funciones dentro de la estructura criminal, principalmente en tareas de seguridad, resguardo y apoyo logístico.

Valenzuela destacó que estos resultados representan un avance importante en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que se logró desarticular operativa y estructuralmente parte de la red vinculada a Marset.

Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones en los próximos días, mientras continúan las investigaciones para desmantelar completamente esta organización criminal con alcance internacional.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó a Marcelo Arce Mosqueira como presunto operador clave en los negociados vinculados a la empresa Botrading S.A., en el marco de las investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas que siguen en curso.

De acuerdo con el presidente de la estatal, Yussef Akly Flores, la empresa Botrading logró posicionarse como un proveedor relevante de combustibles, alcanzando ventas superiores a los 800 millones de dólares y representando más del 20% de las importaciones realizadas por YPFB.

Las investigaciones preliminares señalan que los procesos de facturación, cierre de operaciones y pagos se realizaban en plazos considerablemente reducidos, entre cuatro y menos de 30 días, cuando habitualmente estos procedimientos toman varios meses. Según la estatal, esto permitió a la empresa beneficiarse de márgenes significativos mediante la compra de combustible a menor costo y su reventa a precios más altos.

Flores también indicó que Botrading no solo operaba con crudo, sino que proveía gasolina y diésel con condiciones económicas elevadas, lo que incrementaba el impacto financiero para la estatal.

En el marco de estas indagaciones, YPFB desplegó un equipo de auditores especializados en revisiones forenses y legales que inspeccionaron las oficinas de Botrading en Asunción, Paraguay. Durante estas acciones se revisaron contratos, documentación financiera, procesos operativos y el cumplimiento normativo de la empresa.

La información recolectada será remitida al Ministerio Público y a instancias correspondientes para profundizar las investigaciones, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades y determinar responsabilidades.

El hijo del expresidente Luis Arce, Marcelo Arce Mosqueira, fue presentado la tarde de este viernes ante un juez en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, en el marco de su audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica dentro de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

El imputado llegó bajo fuerte resguardo policial, enmanillado y a bordo de un vehículo oficial. Antes del inicio de la audiencia, se limitó a declarar ante los medios: “No voy a declarar nada”, ratificando la postura que ha mantenido desde su aprehensión, ocurrida el pasado miércoles en la zona de Equipetrol.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones preliminares han permitido identificar al menos 18 bienes inmuebles y 20 vehículos, además de movimientos financieros considerados sospechosos, los cuales están siendo analizados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

En ese contexto, la Fiscalía solicitó la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, argumentando riesgos procesales como posible fuga y obstaculización de la investigación, además de la existencia de indicios de responsabilidad penal.

La audiencia cautelar será determinante para definir si el imputado afrontará el proceso en libertad o bajo detención preventiva, en un caso que ha generado amplia repercusión por su impacto político y judicial en el país.

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, se presentó este viernes ante la Fiscalía de El Alto para prestar su declaración informativa en calidad de testigo, en el marco de la investigación por el accidente aéreo ocurrido el 27 de febrero, que dejó varios fallecidos y heridos.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó que el proceso investigativo se centra en la presunta destrucción de bienes del Estado, además de esclarecer aspectos clave como el traslado de valores, la cantidad de dinero que transportaba la aeronave y las autorizaciones relacionadas con la quema de los billetes.

Espinoza llegó a dependencias del Ministerio Público poco después de las 14:00, donde respondió a las consultas de los investigadores en torno al manejo y traslado del dinero. La autoridad fue citada únicamente como testigo, sin que hasta el momento existan indicios en su contra.

De acuerdo con información oficial del Gobierno, en el avión siniestrado se transportaban más de 17 millones de piezas de billetes, equivalentes a cerca de 50 millones de bolivianos, lo que convierte el caso en un hecho de alta relevancia para el Estado.

En ese contexto, la Fiscalía no descarta convocar a otros funcionarios del BCB, así como a altos jefes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con el objetivo de recabar mayor información que permita reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se amplíen las declaraciones dentro de un proceso que busca esclarecer completamente las circunstancias del accidente.