El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dio a conocer nuevos detalles sobre los siete ciudadanos extranjeros aprehendidos en un operativo ejecutado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, quienes estarían vinculados al entorno de seguridad del narcotraficante Sebastián Marset.

De acuerdo con la autoridad, los detenidos —cinco colombianos y dos ecuatorianos— formarían parte de los cordones de seguridad de la organización criminal. “Se procedió a la aprehensión de siete personas que tendrían indicios de ser parte de la organización o de los cordones de seguridad”, explicó.

Mariaca señaló que los investigados no serían actores secundarios, sino que habrían cumplido funciones específicas dentro de la estructura que protegía a Marset, actualmente procesado en Estados Unidos.

Entre los delitos que se investigan se encuentran tráfico de armas y tenencia de munición de grueso calibre, además de otros cargos que podrían surgir conforme avance la investigación.

Uno de los elementos que refuerza esta hipótesis es el secuestro de uniformes de tipo militar, lo que, según el fiscal, evidencia un nivel de organización dentro del grupo.

Los aprehendidos permanecen en dependencias policiales mientras se desarrollan las declaraciones informativas y el análisis de pruebas, en un caso que continúa ampliándose y que busca desarticular completamente la red vinculada a Marset.

La Policía Boliviana inició una investigación contra siete efectivos por la presunta captura y posterior liberación de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, un día antes de su aprehensión oficial en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con reportes preliminares del Ministerio de Gobierno de Bolivia, el hecho habría ocurrido el martes en la zona de Río Seco, donde el investigado fue interceptado por un grupo de uniformados, pero liberado minutos después por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Posteriormente, un equipo de inteligencia realizó seguimiento al implicado, lo que derivó en su aprehensión formal el miércoles en la zona de Equipetrol, en cumplimiento de una orden fiscal dentro de una investigación por presuntos delitos económicos.

Tras su captura, Arce Mosqueira fue puesto a disposición del Ministerio Público para prestar declaración informativa; sin embargo, hizo uso de su derecho constitucional al silencio.

La Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva del investigado, mientras se amplían las indagaciones no solo sobre el caso principal, sino también sobre la actuación de los efectivos policiales involucrados en la presunta liberación.

Las autoridades no descartan sanciones si se comprueba alguna irregularidad en el procedimiento.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) llevó a cabo en Santa Cruz el segundo encuentro denominado “Diálogo para las Elecciones Subnacionales”, con la participación de delegados de organizaciones políticas, vocales electorales y representantes de distintas instituciones.

Durante la jornada, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, expuso los principales componentes técnicos del proceso electoral, incluyendo la cadena de custodia del material electoral, el padrón biométrico y los sistemas de control y verificación.

La autoridad enfatizó la importancia del voto como expresión de la soberanía popular y advirtió que denuncias de fraude sin pruebas o el desconocimiento de resultados pueden afectar la estabilidad democrática y la paz social en el país.

“Un ciudadano, cuando deposita su voto, espera que este sea respetado, protegido y correctamente contabilizado”, señaló Ávila, al destacar la necesidad de garantizar la transparencia del proceso.

El encuentro incluyó además un simulacro de votación, con el objetivo de despejar dudas sobre la jornada electoral prevista para el 22 de marzo. También se explicó el procedimiento posterior al cierre de mesas, como el registro de actas mediante el sistema de Sirepre y el traslado del material a los centros de cómputo.

Con este tipo de actividades, el Órgano Electoral busca fortalecer la confianza de los actores políticos y la ciudadanía en el proceso electoral.

Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, se acogió a su derecho constitucional al silencio durante su declaración ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

La comparecencia se realizó en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), donde el imputado decidió no brindar declaraciones ante el fiscal asignado, Néstor Torrez Tapia.

Tras este acto, la Fiscalía procedió con la imputación formal, al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad. El fiscal general, Roger Mariaca, informó que se solicitará la detención preventiva por 180 días en el centro penitenciario de Palmasola.

La solicitud se sustenta en riesgos procesales, como posible fuga, obstaculización de la investigación e indicios de participación en los hechos investigados.

La situación jurídica de Arce Mosqueira se definirá en una audiencia de medidas cautelares prevista para este viernes, donde un juez determinará si corresponde la detención preventiva u otra medida sustitutiva.

Mientras tanto, el imputado permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia, en un caso que continúa generando repercusión política y judicial en el país.

La Sala Penal Cuarta de La Paz ratificó en segunda instancia la extinción del caso denominado “Golpe de Estado I”, dejando fuera del proceso al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien era investigado por los hechos ocurridos en 2019.

La determinación confirma el fallo emitido en febrero por un tribunal de sentencia, que dio curso a la solicitud de la defensa de Camacho, basada en que el proceso superó los plazos establecidos por la normativa vigente.

La decisión había sido apelada por la Fiscalía y por la denunciante Lidia Patty, sin embargo, la Sala Penal resolvió ratificar la extinción, dando por concluido el caso.

El abogado del gobernador, Martín Camacho, aseguró que la resolución es definitiva y que no existe una instancia ulterior para impugnarla. “No existe un recurso de apelación ulterior o de casación, por lo tanto, esta sería la resolución definitiva que da fin al proceso”, sostuvo.

A través de redes sociales, Camacho se pronunció sobre el fallo y afirmó que continuará con su labor política, destacando que la decisión judicial marca un punto de cierre en este proceso.

El caso “Golpe de Estado I” investigaba la presunta participación de Camacho en la crisis política de 2019, cuando lideró movilizaciones cívicas en medio de denuncias de fraude electoral.

En este mismo proceso también estaba implicado el exlíder cívico Marco Pumari, cuya situación jurídica podría seguir un curso distinto, según explicó la defensa.

Con esta resolución, la causa queda cerrada para Camacho, sin posibilidad de reapertura por vías legales ordinarias.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó sobre el hallazgo de más de 43 toneladas de sustancias controladas en galpones de la Aduana Nacional de Bolivia, en el departamento de Oruro, en lo que calificó como un importante golpe al narcotráfico.

De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento estaba compuesto por 43.759 kilogramos de carbonato de sodio y 10.450 kilogramos de sulfato de sodio, sustancias consideradas insumos clave para la elaboración de cocaína a partir de pasta base.

El Ministerio Público maneja como una de las principales hipótesis que estos productos habrían sido importados desde China, por lo que se activaron las investigaciones para establecer la ruta de ingreso y los responsables detrás de la operación.

Mariaca destacó que se trata de una incautación de gran magnitud, debido a la cantidad y al uso potencial de estas sustancias dentro de la cadena de producción del narcotráfico.

Pese a la relevancia del hallazgo, hasta el momento no se reportaron personas aprehendidas, mientras continúan las indagaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con organizaciones criminales.

Las autoridades no descartan que en los próximos días se amplíen las investigaciones y se ejecuten nuevas acciones en el marco de este caso.