Diversos sectores productivos en Bolivia rechazaron los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), señalando que estas medidas afectan directamente la economía y el abastecimiento de alimentos. Desde este martes, la COB mantiene nueve puntos de bloqueo en Pando, La Paz, Oruro y Chuquisaca en rechazo al Decreto Supremo 5503.

El presidente de Confeagro, Klaus Frerking, advirtió que los bloqueos significan “corte de abastecimiento a mercados y unidades productivas, aumento de precios e imposibilidad de trabajar normalmente”. Por su parte, Oswaldo Barriga, presidente de Caneb, llamó a los dirigentes sindicales a evitar la política de confrontación, señalando que algunos buscan mantener un modelo económico que, según él, generó empobrecimiento, contrabando y burocracia.

Asimismo, Walter Ruiz, de Congabol, enfatizó que la producción interna y las exportaciones requieren que las carreteras estén libres, y exhortó a agotar los mecanismos de diálogo con el Gobierno. Este mismo martes, los ministros Oscar Mario Justiniano y Mauricio Zamora se reunieron con más de 40 sectores sociales para socializar el decreto y recoger propuestas de mejora.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a la mayoría de los candidatos inscritos para las elecciones subnacionales de 2026 en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, tras detectar que muchas organizaciones políticas presentaron únicamente fotocopias de carnet, buscando dejar espacios para sustituciones posteriores.

En La Paz, de 9.828 candidatos, fueron habilitados 2.038 y 7.790 inhabilitados. En Oruro, 433 habilitados y 2.677 inhabilitados; en Potosí, 829 habilitados y 3.685 inhabilitados; y en Chuquisaca, 475 habilitados y 1.423 inhabilitados. El presidente del TSE, Gustavo Ávila, señaló que esta práctica se ha repetido en otras regiones del país, incluida Santa Cruz, donde más del 60% de candidatos quedaron inhabilitados.

El TSE convocó a una reunión nacional en Santa Cruz para los días 7 y 8 de enero, con el objetivo de definir plazos para que las organizaciones políticas sustituyan a los candidatos inhabilitados y garantizar la transparencia en el proceso electoral.

El Gobierno nacional informó que sostuvo reuniones con más de 40 sectores sociales del país con el objetivo de socializar el alcance del Decreto Supremo 5503 y recoger observaciones para posibles ajustes. Desde el Ejecutivo se ratificó la política de diálogo abierto y transparente, impulsada por el presidente Rodrigo Paz, e insistió en convocar a la Central Obrera Boliviana (COB) a una mesa de negociación, aunque sus dirigentes rechazaron participar del último encuentro.
La reunión multisectorial fue encabezada por los ministros Oscar Mario Justiniano y Mauricio Zamora, quienes escucharon las demandas y propuestas de organizaciones vecinales, gremiales, jubilados, profesionales, transportistas, representantes universitarios, sectores religiosos y delegaciones de distintos departamentos. Durante el encuentro, varios sectores plantearon la modificación de artículos específicos del decreto, pedidos que fueron registrados oficialmente por las autoridades.
Según el Gobierno, estas observaciones serán analizadas de manera conjunta en mesas técnicas, con el fin de alcanzar consensos y preservar la estabilidad social y económica. Las autoridades señalaron que el objetivo es mejorar la norma sin perder su enfoque central, garantizando participación y representatividad de los distintos sectores involucrados.
Está previsto que este miércoles se instalen seis mesas técnicas de trabajo, donde representantes del Ejecutivo y de las organizaciones sociales debatirán posibles ajustes al DS 5503, en un nuevo intento por reducir la conflictividad y avanzar en acuerdos a través del diálogo.

El activista Peter Beckhauser presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal de juicio de responsabilidades contra el vicepresidente Edmand Lara, a quien acusa de los presuntos delitos de concusión y tráfico de influencias, por supuestas presiones ejercidas sobre ministros y viceministros para exigir cargos públicos en altos mandos de la Policía.

Según explicó Beckhauser, la denuncia se sustenta en llamadas telefónicas atribuidas al vicepresidente, en las que habría solicitado “pegas” y espacios de poder dentro del aparato estatal, bajo la amenaza de impulsar denuncias por corrupción contra autoridades que no accedieran a sus requerimientos. El denunciante calificó estos hechos como una conducta reiterada y un uso indebido de la investidura, orientada a obtener beneficios políticos mediante presión y chantaje.

La acción legal también incorpora un segundo hecho considerado grave, relacionado con la presunta recepción de 10.000 regalos provenientes de supuestos contrabandistas de oro vinculados a una empresa china. De acuerdo con la denuncia, dichos obsequios tendrían un valor aproximado de 50 bolivianos cada uno, lo que elevaría el monto total a alrededor de 500.000 bolivianos. Beckhauser sostuvo que la empresa estaría relacionada con actividades que afectan al medioambiente, particularmente por la entrega de oro con mercurio en el departamento de La Paz.

“El vicepresidente no puede recibir dádivas de ningún tipo, ni en dinero ni en material”, afirmó el activista, quien cuestionó el origen de los regalos y la finalidad de su entrega. A su juicio, estos hechos podrían configurar ilícitos adicionales, que deben ser investigados de manera exhaustiva por el Ministerio Público.

Dentro de las diligencias solicitadas, Beckhauser pidió la citación del viceministro Ernesto Jutiniano, quien habría denunciado presiones para ocupar espacios de poder dentro de la Policía, así como la comparecencia de Jaime Solís Phiel, exdirector de planificación de la Vicepresidencia, señalado como una de las personas que habría advertido sobre la entrega de los regalos y otras presuntas irregularidades.

El denunciante remarcó que el objetivo central de la acción legal es que se investigue a fondo la conducta del vicepresidente y que, de confirmarse los hechos denunciados, se establezcan responsabilidades conforme a la ley.