Desde este lunes, el Banco Central de Bolivia (BCB) difunde el valor referencial del dólar estadounidense tomando como base las operaciones efectivas entre las entidades financieras y sus clientes.

El valor referencial fue fijado en Bs 7,85 para la compra y Bs 9,32 para la venta. Se mantiene el tipo de cambio oficial en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.

El valor referencial de compra corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de todas las operaciones realizadas entre las EIF y sus clientes en el mercado mayorista.

El valor referencial de venta del dólar para las operaciones con el exterior refleja el tipo de cambio máximo que las EIF pueden cobrar a sus clientes, más los costos relacionados con las transferencias al exterior.

El BCB advirtió que, en los últimos meses, la falta de una referencia oficial permitió la circulación de distintas cotizaciones de la divisa, muchas veces provenientes de fuentes no verificadas, como plataformas virtuales, casas de cambio o librecambistas.

La información se conocerá en la portada de la página web del BCB, se brindará una base objetiva para las decisiones económicas de la ciudadanía, los consumidores financieros y las empresas.

La institución sostuvo que se trata de una primera medida que busca “transparentar el mercado cambiario”. Pero el objetivo principal es “ofrecer información confiable y unificar el valor referencial del dólar para operaciones con el exterior, que es el que, efectivamente, transan las EIF con sus clientes”.

El valor oficial se mantiene

Entre tanto, la cotización oficial se mantiene, informó el BCB.

Mientras que en plataformas digitales del mercado paralelo lo cotizan en Bs 10,11 para la compra y Bs 10,09 para la venta.

Hace seis meses la divisa llegó a acercarse a los Bs 20, uno de los picos más altos registrados durante la crisis, lo que generó preocupación en sectores como los importadores, los comerciantes que dependen de abastecimiento externo y los viajeros.

Sin embargo, desde septiembre se observó un descenso sostenido. Ese mes, la divisa llegó a Bs 10,09 y se mantuvo con pocas variaciones hasta la fecha.

La senadora Tomasa Yarhui, jefa de bancada de la alianza Libre, manifestó su inquietud por la falta de avances en la Asamblea Legislativa respecto a la elección de vocales electorales y magistrados judiciales. Señaló que la demora en el tratamiento de estos temas clave genera un riesgo de parálisis institucional y pidió al oficialismo mostrar voluntad política real para alcanzar acuerdos.

Yarhui subrayó que la situación del Tribunal Constitucional es crítica tras la suspensión de los magistrados autoprorrogados, lo que dejó a la entidad con un número insuficiente de autoridades para sesionar. Afirmó que la transición debió realizarse de manera ordenada y cuestionó que el país se encuentre sin un mecanismo claro para garantizar el funcionamiento pleno de la justicia.

La legisladora insistió en que no puede haber dos procesos electorales nacionales en un mismo año, considerando que las subnacionales están previstas para marzo de 2026. Por ello, llamó a la concertación inmediata entre las fuerzas políticas para evitar un vacío institucional y dar certidumbre a la ciudadanía sobre la designación de nuevas autoridades.

El exdirigente vecinal Jesús Vera, procesado por la quema de 66 buses municipales en La Paz, volvió a la escena pública con fuertes acusaciones contra el exalcalde Luis Revilla. Según Vera, el retorno del exautoridad al país estuvo acompañado de supuestos pagos a la Interpol y a seguidores que lo recibieron en el aeropuerto de El Alto.

Vera recordó que fue él quien denunció a Revilla por presunto sobreprecio en la compra de los PumaKatari, proceso que derivó en una imputación fiscal en 2022. Sin embargo, también cargó con su propia condena: tres años de prisión por los destrozos ocasionados en el garaje de Pampahasi durante la crisis política de 2019, aunque posteriormente obtuvo su libertad.

El exejecutivo de la Fejuve insistió en que la ciudadanía paceña no olvida los daños ocasionados por la gestión de Revilla y aseguró que continuará exigiendo justicia. Afirmó que el poder económico no debe imponerse sobre el interés colectivo y cuestionó la protección que, según él, recibe el exalcalde de parte de sectores políticos y sociales.

Durante la proclamación de Gabriel Mamani como candidato a la Alcaldía de El Alto por Nuevas Ideas con Libertad, el vicepresidente Edmand Lara volvió a lanzar acusaciones de corrupción contra el Gobierno. En su discurso, aseguró que la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones fue posible gracias al respaldo de su fuerza política y de sus seguidores.

Lara también defendió a Freddy Vidovic, exministro de Justicia y hombre de confianza suyo, a quien calificó como víctima de maniobras políticas. Criticó la intención de nombrar a Jorge García Pinto en ese cargo y cuestionó las denuncias que pesan sobre él, al tiempo que rechazó las amenazas de procesos judiciales en su contra.

El vicepresidente reiteró que su movimiento fue clave para el ascenso de Paz y pidió a los alteños respaldar a Mamani en los comicios subnacionales. Además, convocó a la ciudadanía a expresar en las urnas su rechazo a lo que considera prácticas corruptas dentro del Gobierno, manteniendo así su línea de confrontación en medio de intentos de acercamiento político.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga cuestionó el debate sobre un posible encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y Evo Morales, al considerar que se trata de un tema que desvía la atención de los problemas centrales del país. Para Quiroga, la discusión pública sobre esa reunión es un “distractor” frente a la urgencia de cumplir con las disposiciones judiciales vigentes.

En ese marco, el exmandatario demandó la ejecución inmediata de la orden de aprehensión contra Morales, señalando que no existe justificación para que un mandato judicial permanezca sin efecto. “El único ámbito en el que Morales debería estar es en una celda, acompañado de sus abogados”, expresó con firmeza, remarcando la necesidad de respeto a las instituciones.

Asimismo, Quiroga instó al Gobierno a brindar transparencia sobre la validez de las órdenes de captura y a aclarar su estatus legal para evitar confusión en la ciudadanía. Según el exjefe de Estado, la falta de información oficial sobre estos procesos erosiona la confianza pública y debilita la credibilidad de la justicia.

La decisión de los panificadores de elevar el precio del pan a 80 centavos generó un escenario de escasez y largas filas en distintos barrios de La Paz. Mientras las autoridades desplegaron controles para verificar peso y precio, los vecinos reclamaron que el incremento no cuenta con autorización oficial y exigieron mantener el costo en 50 centavos.

En varios puntos de la ciudad se vivieron momentos de tensión: consumidores defendiendo el precio tradicional y panificadores intentando imponer la nueva tarifa. La falta de acuerdo derivó en discusiones frente a los hornos, donde algunos comerciantes continuaron vendiendo a 50 centavos, desafiando la medida del sector.

La situación se replicó en otras regiones del país. En Cochabamba, el pan de batalla prácticamente desapareció y sólo se ofrece pan especial a precios más altos, mientras que en El Alto los mercados muestran escasez y vecinos inconformes. Las autoridades municipales anunciaron que se evaluará la pertinencia del incremento en los próximos días, en medio de un paro de 72 horas que mantiene la incertidumbre sobre el abastecimiento.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aseguró que los ahorristas podrán acceder nuevamente a sus depósitos en dólares en un plazo de entre seis y nueve meses. La autoridad reconoció la preocupación ciudadana por la falta de divisas en el sistema financiero y explicó que la estrategia del Gobierno se centra en reforzar las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB).

Espinoza detalló que ya se gestionaron líneas de financiamiento con organismos multilaterales, como la CAF, por más de 3.100 millones de dólares, y que se busca ampliar ese respaldo hasta alcanzar un paquete cercano a los 9.000 millones. Según el ministro, cada nuevo contrato firmado permitirá fortalecer la capacidad del BCB y garantizar la disponibilidad de divisas para los ahorristas.

El Gobierno considera que la crisis de dólares es una de las principales expresiones de la situación económica actual y confía en que la recuperación de las reservas permitirá destrabar el acceso a los depósitos retenidos. “El plazo es corto, hablamos de dos o tres trimestres”, afirmó Espinoza, quien insistió en que la medida busca devolver confianza al sistema financiero y aliviar la incertidumbre de los ciudadanos.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el Ministerio Público recibió nuevas denuncias contra el expresidente Luis Arce y sus hijos, las cuales se encuentran en etapa de análisis. Algunas de estas acusaciones, al involucrar a un exmandatario, deberán ser remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento mediante un juicio de responsabilidades, como establece la normativa vigente.

Mariaca explicó que no todas las denuncias cumplen con los requisitos legales, ya que para ser admitidas deben contar con una proposición acusatoria formal presentada por una persona o entidad que considere que se cometió un delito. En ese marco, señaló que varias de las demandas están siendo observadas, mientras que otras avanzan hacia su envío al Legislativo.

Respecto a los hijos del expresidente, el fiscal general indicó que también se revisan procesos penales en curso y que las resoluciones correspondientes serán emitidas una vez concluida la etapa preliminar. Sin precisar el número de denuncias recibidas, Mariaca subrayó que se trata de casos recientes, surgidos tras la salida de Arce del poder, y que todos deberán seguir el procedimiento establecido para garantizar transparencia y legalidad.

La alianza Libre rechazó la convocatoria realizada por el vicepresidente Edmand Lara para una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), prevista para este viernes, en la que se pretende aprobar una resolución sobre la preselección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según la bancada, la iniciativa es innecesaria porque la Constitución y las leyes vigentes ya establecen que la Asamblea es la única instancia con esa atribución.

En su pronunciamiento, Libre señaló que Lara no puede llamar a sesión basándose en “suposiciones o temores” sobre una eventual designación de magistrados por decreto presidencial. La bancada insistió en que la responsabilidad institucional del vicepresidente debería enfocarse en aprobar la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos para cubrir las acefalías en el TCP y el TSJ, tras el cese de los magistrados autoprorrogados.

El debate surge luego de que cinco magistrados del TCP y dos del TSJ fueran cesados de sus funciones, lo que obliga a la ALP a definir un proceso complementario de elección judicial. En ese contexto, el diputado Carlos Alarcón recordó que las leyes ordinarias deben ser tratadas cámara por cámara y no directamente en el pleno, como pretende Lara, lo que abre un nuevo frente de discusión sobre los procedimientos legislativos y la institucionalidad democrática.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), conocidos como “autoprorrogados”, enfrentan dos procesos penales en Chuquisaca y un tercero que fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las investigaciones se iniciaron tras su cese de funciones y apuntan a esclarecer las denuncias sobre la extensión irregular de su mandato.

Durante los operativos realizados en Sucre, los fiscales recolectaron documentación y realizaron registros en las oficinas vinculadas a los denunciados. Además, se emitieron citaciones para testigos y se prevé que los cinco exmagistrados —Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Julia Elizabeth Cornejo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo— comparezcan en los próximos días. Uno de ellos, Gonzalo Hurtado, ya presentó su declaración de manera voluntaria.

Paralelamente, se activaron alertas migratorias para evitar que los investigados abandonen el país mientras avanzan los procesos. La Fiscalía subrayó que las acciones buscan garantizar transparencia y que los exmagistrados respondan ante la justicia y el Legislativo, en un caso que ha generado debate sobre la institucionalidad y los límites del poder judicial en Bolivia.