Tras la restitución de su personería jurídica por el Tribunal Supremo Electoral, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) anunció que su estrategia para las elecciones subnacionales de 2026 será la construcción de alianzas con otras fuerzas políticas. La dirigencia del partido considera que este camino permitirá recuperar presencia en el ámbito local y fortalecer la democracia boliviana.

Jaime Paz Zamora y Hugo Carvajal, fundadores del MIR, confirmaron que no presentarán candidatos propios en la contienda. En su lugar, buscarán conformar un frente amplio junto a agrupaciones emergentes y liderazgos jóvenes. La decisión responde a las restricciones legales que impiden al partido participar de manera independiente, dado que su habilitación fue restituida apenas semanas antes de la convocatoria electoral.

La dirigencia del MIR sostiene que la resolución del TSE representa un acto de justicia histórica, pues devuelve vigencia a una sigla que fue protagonista en la recuperación democrática de 1982. Con este respaldo, el partido se prepara para iniciar conversaciones territoriales y definir acuerdos que le permitan volver a tener incidencia política en las regiones, en un escenario marcado por la fragmentación y la búsqueda de nuevas alternativas de representación.

La Alcaldía de La Paz ejecutó un operativo de control en distintos hornos de la ciudad y determinó la clausura del establecimiento de Rubén Ríos, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia. En el lugar se hallaron condiciones insalubres, como presencia de roedores e insectos, además de insumos almacenados de manera inadecuada. La autoridad edil calificó el hallazgo como un atentado contra la salud pública.

El operativo se realizó en medio de la polémica por el incremento del precio del pan a 80 centavos, medida anunciada por el sector panificador tras denunciar que dejaron de recibir harina subvencionada de la estatal Emapa. El alcalde Iván Arias cuestionó que un dirigente que representa a los panaderos produzca en condiciones precarias y, al mismo tiempo, justifique el alza del precio del alimento básico.

Las inspecciones se extendieron a otras zonas como Cementerio y Villa Victoria, donde también se verificó la venta de pan en las calles. Arias advirtió que se cerrarán los hornos que incumplan las normas de higiene o que apliquen incrementos injustificados. Mientras tanto, Ríos, investigado por el presunto desvío de harina en complicidad con exfuncionarios de Emapa, insistió en que el nuevo precio fue definido por las federaciones panificadoras y que él se deslinda de responsabilidades.

El canciller Fernando Aramayo posesionó este martes a tres viceministros que asumirán funciones clave dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos Paz fue nombrado viceministro de Relaciones Exteriores, Héctor Francisco Huanca Gutiérrez como viceministro de Gestión Consular e Institucional, y Rodrigo Ignacio Arce Ballivián como viceministro de Comercio Exterior e Integración.

Cada uno de los nuevos viceministros cuenta con una amplia trayectoria profesional. Paz aporta más de 25 años de experiencia en relaciones internacionales y negociación de alto nivel, mientras que Huanca se especializa en derechos humanos y resolución de conflictos sociales, con una destacada labor en la Defensoría del Pueblo. Por su parte, Arce combina formación en ingeniería y administración con más de 15 años de experiencia en el sector comercial y en la promoción de negocios internacionales.

Aramayo destacó que estas designaciones buscan fortalecer la institucionalidad y la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de la política exterior, la gestión consular y la integración comercial. Con estos nombramientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores pretende consolidar un equipo técnico y estratégico que impulse la presencia de Bolivia en el ámbito internacional.

Fuentes de inteligencia de la Policía Boliviana informaron que el magistrado cesado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Yvan Espada, abandonó la ciudad de Sucre la noche del martes. Según registros del Aeropuerto Alcantarí, tomó un vuelo con escala en Cochabamba y destino final La Paz, aunque se sospecha que posteriormente habría cruzado la frontera hacia Perú.

Espada, junto a otros cuatro magistrados del TCP, fue cesado en sus funciones por decisión de la Sala Constitucional de Potosí. Pese a que él mismo había aprobado un auto constitucional que establecía un plazo de diez días para el cese de los prorrogados, la medida se ejecutó de manera inmediata, generando incertidumbre sobre su situación legal.

A la resolución de Potosí se sumó la orden de aprehensión emitida por un juez en Santa Cruz contra los magistrados prorrogados. Este escenario ha intensificado las sospechas sobre la salida de Espada del país, mientras las autoridades continúan investigando su paradero y las posibles rutas utilizadas para evadir la justicia boliviana.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, visitó hornos paceños para participar en la producción del tradicional pan de batalla, en coordinación con el sector panificador. La autoridad resaltó que el objetivo de esta verificación es garantizar eficiencia y estabilidad en los precios, además de mantener un diálogo abierto con los productores.

Durante la jornada, Serrano colaboró en la preparación de la masa y explicó que con un quintal de harina se espera obtener más de 700 panes. Subrayó que el trabajo conjunto permite revisar insumos, costos y cada etapa del proceso, lo que brinda información clara y confiable a la población sobre la calidad y el precio justo de este alimento básico.

El viceministro también advirtió que el sistema de subvención de la harina presenta posibles irregularidades, por lo que se realizará un análisis más riguroso. Aseguró que el Gobierno escuchará las demandas del sector panificador, pero que la prioridad es garantizar la estabilidad de las familias bolivianas mediante transparencia y control en la producción del pan de batalla.

El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira encabeza el Ranking de Presidentes de Sudamérica de noviembre 2025, elaborado por CB Consultora de Opinión Pública. Con un 51,7% de imagen positiva, el mandatario se posiciona como el mejor valorado de la región, resultado que coincide con su primera semana en el Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 11 y el 16 de noviembre con una muestra de 1.072 personas y un margen de error del 3%, revela que un 31% de los consultados considera la imagen de Paz como “muy buena” y un 20,7% como “buena”. En contraste, un 16,5% la califica de “mala” y un 29,6% de “muy mala”, mientras que un 2,2% no emitió opinión.

El conteo regional ubica en segundo lugar al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con 48,5% de aprobación, seguido por el argentino Javier Milei con 47,2%. Más abajo aparecen Yamandú Orsi de Uruguay, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, José Jerí de Perú y, en último lugar, Nicolás Maduro de Venezuela, quien registra apenas un 21,4% de imagen positiva frente a un 75,3% de desaprobación.

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, anunció que este miércoles se emitirá la convocatoria a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia. El único punto en agenda será la discusión y aprobación de un proyecto de ley para llamar a elecciones judiciales, en respuesta a las resoluciones emitidas por salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz que dispusieron la suspensión de varios magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia.

Lara explicó que la medida busca garantizar que las vacancias generadas sean cubiertas mediante un mecanismo democrático y legítimo, evitando escenarios de transitoriedad indefinida. En su declaración, advirtió que no se permitirá que las autoridades judiciales sean designadas por decreto, en clara referencia al presidente Rodrigo Paz, aunque aseguró que respeta las decisiones del mandatario en cuanto a nombramientos.

El vicepresidente también manifestó que continuará denunciando actos de corrupción dentro del gabinete y las entidades públicas, pese a las presiones de sectores políticos que le pidieron renunciar. “El pueblo está cansado de la corrupción y no voy a callar”, afirmó Lara, quien ratificó su permanencia en el cargo y su compromiso de impulsar medidas que fortalezcan la institucionalidad del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el martes 25 de noviembre se realizaron pagos estatales por un total de Bs 1.496 millones. De esa cifra, Bs 309,7 millones fueron destinados a la compra de combustibles, lo que representa más del doble de lo invertido en el área de salud durante la misma jornada.

El ministro José Gabriel Espinoza destacó que, además de los recursos dirigidos a combustibles, se asignaron Bs 142,6 millones al sector salud y Bs 100 millones al pago de la Renta Dignidad para adultos mayores. Según la autoridad, la publicación diaria del gasto público busca transparentar las finanzas estatales y mostrar con claridad cómo se distribuyen los recursos.

Espinoza anunció que desde ahora el “Contador de Gastos Públicos” estará disponible en la página web oficial del Ministerio, permitiendo a la ciudadanía conocer en detalle los desembolsos realizados. Asimismo, adelantó que se dará prioridad en los pagos a proveedores, especialmente a las pequeñas empresas que enfrentan dificultades para sostener sus operaciones.

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, reapareció públicamente para defender su inocencia y denunciar que su salida del cargo respondió a las investigaciones que inició contra presuntos “clanes familiares” dentro de la institución. Según afirmó en un video difundido en redes sociales, su gestión incomodó a grupos que se beneficiaban de manera ilícita del Estado, lo que derivó en su destitución y en los procesos judiciales que hoy enfrenta.

Lisperguer fue apartado del ministerio tras una denuncia de enriquecimiento ilícito, en la que la Fiscalía identificó movimientos bancarios irregulares por más de 350.000 bolivianos. Sin embargo, el exministro asegura que las acusaciones sobre la adquisición de múltiples propiedades son falsas y que los bienes registrados a su nombre corresponden únicamente a un inmueble multifamiliar construido por su familia y fraccionado en propiedad horizontal en 2021.

El exministro también recordó que otros cinco de sus colaboradores fueron procesados en el marco de las investigaciones por corrupción en la cartera de Estado. Además, enfrenta un proceso por violencia familiar en el que cumple medidas sustitutivas. Pese a ello, Lisperguer insiste en que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz debería profundizar las indagaciones sobre las redes internas de corrupción que, según él, continúan operando en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señalados como “autoprorrogados” preparan un documento para intimidar a los jueces que atienden procesos en su contra. Según Saucedo, se trata de una complementación ficticia del Auto Constitucional 070/2025, cuyo objetivo sería frenar las acciones legales que cuestionan la permanencia de cinco magistrados más allá de su mandato.

Saucedo aseguró que esta maniobra busca generar temor en las Salas Constitucionales y en los vocales que deben resolver las denuncias, pero garantizó que el Órgano Judicial respaldará la independencia de los jueces. “Así como garantizamos las elecciones nacionales, hoy queremos garantizar que los jueces puedan aplicar la Constitución con plena libertad”, afirmó, al remarcar que Bolivia no puede seguir tolerando arbitrariedades en la administración de justicia.

En paralelo, magistrados electos en 2024 presentaron una denuncia penal contra los cinco prorrogados por falsedad material e ideológica, cuestionando la validez del Auto 070/2025 que prolonga sus funciones hasta nuevas elecciones judiciales. La querella sostiene que la resolución fue aprobada sin el aval de la Sala Plena y en completo hermetismo, lo que, según los denunciantes, bloquea la posibilidad de destituir a los magistrados prorrogados y avanzar hacia la renovación del sistema judicial.