Desde el 21 de Enero de 2021 hasta el 10 de junio de la presente gestión, el medio televisivo ATB firmó 24 contratos con el gobierno de Luis Arce para la difusión de publicidad estatal por un total de 136.761.000.

Se cuenta con los respaldos de los contratos publicitarios suscritos por esta casa televisiva con el Ministerio de la Presidencia, se encuentran en el portal del Sistema de Contrataciones Estatales (SiCOES). El último contrato de «Servicio de difusión, radial y digital II: Asociados del Canal Del Valle S.A. (ATB) fue firmado el 10 de junio por Bs. 16,5 millones.

En 2021, ATB se adjudicó nueve contratos publicitarios por la suma de Bs 17.911.000.

En 2022, suscribieron seis convenios por Bs 28.950.000, es decir, Bs 11 millones más que la gestión 2021. una característica de los contratos eran millonarios y tenía un plazo de entre cuatro y seis meses.

Está red televisiva, en 2023, se adjudicó cuatro convenios por un monto de 29,4 millones, mientras que en 2024 suscribió tres contratos que alcanzó los Bs 34 millones, es decir por Bs 16.5 millones.

Sin embargo los ejecutivos de la red ATB tienen problemas con los pagos de salarios a sus trabajadores hace años atrás a pesar de las cifras millonarias de publicidad estatal que recibieron, al momento adeundan cinco salarios a sus trabajadores además del caso que se dió a conocer recientemente de la retención de los aportes de los mismos y no haberlos pagado a la Gestora Pública desde la gestión 2020 a la fecha , por lo cual, ahora el Gerente Comercial y representante legal de este medio de comunicación se encuentra con una detención preventiva en el penal de Patacamaya. Desde el Sindicado de Trabajadores de ATB ya habían pedido al Gobierno que intervengan el canal, por las irregularidades en el manejo de los recursos.

El exviceministro Jhonny Aguilera fue citado por la Fiscalía Departamental de La Paz para comparecer como sindicado en un caso por presunta discriminación, tipificada en el artículo 281 del Código Penal. La audiencia fue programada para el 10 de diciembre de 2025 a las 14:30, en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal, ubicada en el sexto piso del edificio del Ministerio Público.

La citación fue emitida por el fiscal de materia, Roger Rosas Iglesias, quien dirige la División Especializada en Delitos contra la Integridad Personal. Aguilera deberá presentarse acompañado de su abogado defensor y portar su cédula de identidad u otro documento oficial para prestar su declaración informativa, como parte de la investigación iniciada a instancias de Pavel Vásquez Pastor.

El caso involucra también a el excomandante Augusto Russo Sandoval, denunciado junto a Aguilera. La Fiscalía busca esclarecer los hechos denunciados y determinar responsabilidades en torno a presuntas vulneraciones a la integridad personal, considerando el rol público que ejerció Aguilera como exviceministro.

El militar llegó este miércoles a La Paz en el contexto de las investigaciones por la asonada del 26-J. Habló por primera vez con los periodistas al llegar a instalaciones de la FELCC.

El episodio de llamado 26-J ocurrió en un contexto de amenazas de movilización y protestas por la escasez de combustible, en momentos en los que Arce enfrentaba tensiones con distintos sectores. La irrupción de blindados y tropas en la Plaza Murillo provocó una movilización de funcionarios públicos en defensa del entonces presidente y generó un efecto sensible en la cotización paralela del dólar.

Mientras el Ejecutivo de entonces calificó esos hechos de un golpe de Estado en curso, Zúñiga insistió en varias ocasiones —este miércoles lo hizo en público— que fue parte de una operación inducida desde el propio entorno del mandatario.

Zúñiga relató que un día antes de la asonada fue citado a Casa Grande del Pueblo y que se le pidió acudir con el rostro cubierto para evitar ser seguido por la prensa.

Señaló que en la reunión participaron Marianela Paco, Hugo Moldiz —a quien definió como responsable de “acciones sucias”— y Edmundo Novillo. Afirmó que en ese encuentro se le dijo que el presidente enfrentaba una amenaza del transporte y que se necesitaba demostrar apoyo del poder militar para sostener al Gobierno.

El Gerente Comercial de la red ATB Víctor Branimir F. V. fue aprehendido el viernes por la noche dentro de un proceso penal por el presunto delito de «apropiación indebida» de los aportes de los trabajadores del Sistema Integral de Pensiones (SIP) de la Gestora Pública.

Este hecho fue previamente denunciando de forma pública por parte de representantes del sindicato de trabajadores de ATB en el programa «Entre Líneas» conducido por la periodista Mariel Rivero, programa que se difunde por Palenque TV y redes sociales, donde evidenciaron con las pruebas la falta de pago de aportes a la Gestora desde la gestión 2020.

La Gestora Pública difundió el reporte de las empresas que enfrentan procesos penales por apropiación indebida de aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) a octubre de este año, en el mismo se señala que se iniciaron tres procesos contra Illimani de Comunicaciones S.A., dónde el sindicado figura como representante legal.

Este viernes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó a EL DEBER que el cuerpo encontrado en la zona de Los Pinos, a 12 kilómetros de la comunidad de Achira, pertenece a Ramona Banegas. La mujer de la tercera edad, de 87 años, fue arrastrada por una mazamorra de lodo. Despúes de doce días de búsqueda, los rescatistas lograron dar con su cuerpo.

El 16 de noviembre una lluvia torrencial de seis horas provocó la saturación de agua en los cerros de Samaipata y desencadenó mazamorras, deslizamientos e inundaciones en varias comunidades, especialmente en Achira. Desde entonces, dos mujeres permanecían desaparecidas: Doña Ramona Banegas, una mujer de la tercerdad edad, y Verónica Eves Peña, de 21 años, quien está embarazada de cinco meses.

Tras encontrar el cuerpo, los rescatistas de la Gobernación alertaron a las autoridades municipales y a la Policía Boliviana, esta última institución está a cargo del protocolo de identificación del cuerpo.

Desde este lunes, el Banco Central de Bolivia (BCB) difunde el valor referencial del dólar estadounidense tomando como base las operaciones efectivas entre las entidades financieras y sus clientes.

El valor referencial fue fijado en Bs 7,85 para la compra y Bs 9,32 para la venta. Se mantiene el tipo de cambio oficial en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.

El valor referencial de compra corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de todas las operaciones realizadas entre las EIF y sus clientes en el mercado mayorista.

El valor referencial de venta del dólar para las operaciones con el exterior refleja el tipo de cambio máximo que las EIF pueden cobrar a sus clientes, más los costos relacionados con las transferencias al exterior.

El BCB advirtió que, en los últimos meses, la falta de una referencia oficial permitió la circulación de distintas cotizaciones de la divisa, muchas veces provenientes de fuentes no verificadas, como plataformas virtuales, casas de cambio o librecambistas.

La información se conocerá en la portada de la página web del BCB, se brindará una base objetiva para las decisiones económicas de la ciudadanía, los consumidores financieros y las empresas.

La institución sostuvo que se trata de una primera medida que busca “transparentar el mercado cambiario”. Pero el objetivo principal es “ofrecer información confiable y unificar el valor referencial del dólar para operaciones con el exterior, que es el que, efectivamente, transan las EIF con sus clientes”.

El valor oficial se mantiene

Entre tanto, la cotización oficial se mantiene, informó el BCB.

Mientras que en plataformas digitales del mercado paralelo lo cotizan en Bs 10,11 para la compra y Bs 10,09 para la venta.

Hace seis meses la divisa llegó a acercarse a los Bs 20, uno de los picos más altos registrados durante la crisis, lo que generó preocupación en sectores como los importadores, los comerciantes que dependen de abastecimiento externo y los viajeros.

Sin embargo, desde septiembre se observó un descenso sostenido. Ese mes, la divisa llegó a Bs 10,09 y se mantuvo con pocas variaciones hasta la fecha.

La senadora Tomasa Yarhui, jefa de bancada de la alianza Libre, manifestó su inquietud por la falta de avances en la Asamblea Legislativa respecto a la elección de vocales electorales y magistrados judiciales. Señaló que la demora en el tratamiento de estos temas clave genera un riesgo de parálisis institucional y pidió al oficialismo mostrar voluntad política real para alcanzar acuerdos.

Yarhui subrayó que la situación del Tribunal Constitucional es crítica tras la suspensión de los magistrados autoprorrogados, lo que dejó a la entidad con un número insuficiente de autoridades para sesionar. Afirmó que la transición debió realizarse de manera ordenada y cuestionó que el país se encuentre sin un mecanismo claro para garantizar el funcionamiento pleno de la justicia.

La legisladora insistió en que no puede haber dos procesos electorales nacionales en un mismo año, considerando que las subnacionales están previstas para marzo de 2026. Por ello, llamó a la concertación inmediata entre las fuerzas políticas para evitar un vacío institucional y dar certidumbre a la ciudadanía sobre la designación de nuevas autoridades.

El exdirigente vecinal Jesús Vera, procesado por la quema de 66 buses municipales en La Paz, volvió a la escena pública con fuertes acusaciones contra el exalcalde Luis Revilla. Según Vera, el retorno del exautoridad al país estuvo acompañado de supuestos pagos a la Interpol y a seguidores que lo recibieron en el aeropuerto de El Alto.

Vera recordó que fue él quien denunció a Revilla por presunto sobreprecio en la compra de los PumaKatari, proceso que derivó en una imputación fiscal en 2022. Sin embargo, también cargó con su propia condena: tres años de prisión por los destrozos ocasionados en el garaje de Pampahasi durante la crisis política de 2019, aunque posteriormente obtuvo su libertad.

El exejecutivo de la Fejuve insistió en que la ciudadanía paceña no olvida los daños ocasionados por la gestión de Revilla y aseguró que continuará exigiendo justicia. Afirmó que el poder económico no debe imponerse sobre el interés colectivo y cuestionó la protección que, según él, recibe el exalcalde de parte de sectores políticos y sociales.

Durante la proclamación de Gabriel Mamani como candidato a la Alcaldía de El Alto por Nuevas Ideas con Libertad, el vicepresidente Edmand Lara volvió a lanzar acusaciones de corrupción contra el Gobierno. En su discurso, aseguró que la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones fue posible gracias al respaldo de su fuerza política y de sus seguidores.

Lara también defendió a Freddy Vidovic, exministro de Justicia y hombre de confianza suyo, a quien calificó como víctima de maniobras políticas. Criticó la intención de nombrar a Jorge García Pinto en ese cargo y cuestionó las denuncias que pesan sobre él, al tiempo que rechazó las amenazas de procesos judiciales en su contra.

El vicepresidente reiteró que su movimiento fue clave para el ascenso de Paz y pidió a los alteños respaldar a Mamani en los comicios subnacionales. Además, convocó a la ciudadanía a expresar en las urnas su rechazo a lo que considera prácticas corruptas dentro del Gobierno, manteniendo así su línea de confrontación en medio de intentos de acercamiento político.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga cuestionó el debate sobre un posible encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y Evo Morales, al considerar que se trata de un tema que desvía la atención de los problemas centrales del país. Para Quiroga, la discusión pública sobre esa reunión es un “distractor” frente a la urgencia de cumplir con las disposiciones judiciales vigentes.

En ese marco, el exmandatario demandó la ejecución inmediata de la orden de aprehensión contra Morales, señalando que no existe justificación para que un mandato judicial permanezca sin efecto. “El único ámbito en el que Morales debería estar es en una celda, acompañado de sus abogados”, expresó con firmeza, remarcando la necesidad de respeto a las instituciones.

Asimismo, Quiroga instó al Gobierno a brindar transparencia sobre la validez de las órdenes de captura y a aclarar su estatus legal para evitar confusión en la ciudadanía. Según el exjefe de Estado, la falta de información oficial sobre estos procesos erosiona la confianza pública y debilita la credibilidad de la justicia.