Durante la proclamación de Gabriel Mamani como candidato a la Alcaldía de El Alto por Nuevas Ideas con Libertad, el vicepresidente Edmand Lara volvió a lanzar acusaciones de corrupción contra el Gobierno. En su discurso, aseguró que la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones fue posible gracias al respaldo de su fuerza política y de sus seguidores.

Lara también defendió a Freddy Vidovic, exministro de Justicia y hombre de confianza suyo, a quien calificó como víctima de maniobras políticas. Criticó la intención de nombrar a Jorge García Pinto en ese cargo y cuestionó las denuncias que pesan sobre él, al tiempo que rechazó las amenazas de procesos judiciales en su contra.

El vicepresidente reiteró que su movimiento fue clave para el ascenso de Paz y pidió a los alteños respaldar a Mamani en los comicios subnacionales. Además, convocó a la ciudadanía a expresar en las urnas su rechazo a lo que considera prácticas corruptas dentro del Gobierno, manteniendo así su línea de confrontación en medio de intentos de acercamiento político.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga cuestionó el debate sobre un posible encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y Evo Morales, al considerar que se trata de un tema que desvía la atención de los problemas centrales del país. Para Quiroga, la discusión pública sobre esa reunión es un “distractor” frente a la urgencia de cumplir con las disposiciones judiciales vigentes.

En ese marco, el exmandatario demandó la ejecución inmediata de la orden de aprehensión contra Morales, señalando que no existe justificación para que un mandato judicial permanezca sin efecto. “El único ámbito en el que Morales debería estar es en una celda, acompañado de sus abogados”, expresó con firmeza, remarcando la necesidad de respeto a las instituciones.

Asimismo, Quiroga instó al Gobierno a brindar transparencia sobre la validez de las órdenes de captura y a aclarar su estatus legal para evitar confusión en la ciudadanía. Según el exjefe de Estado, la falta de información oficial sobre estos procesos erosiona la confianza pública y debilita la credibilidad de la justicia.

La decisión de los panificadores de elevar el precio del pan a 80 centavos generó un escenario de escasez y largas filas en distintos barrios de La Paz. Mientras las autoridades desplegaron controles para verificar peso y precio, los vecinos reclamaron que el incremento no cuenta con autorización oficial y exigieron mantener el costo en 50 centavos.

En varios puntos de la ciudad se vivieron momentos de tensión: consumidores defendiendo el precio tradicional y panificadores intentando imponer la nueva tarifa. La falta de acuerdo derivó en discusiones frente a los hornos, donde algunos comerciantes continuaron vendiendo a 50 centavos, desafiando la medida del sector.

La situación se replicó en otras regiones del país. En Cochabamba, el pan de batalla prácticamente desapareció y sólo se ofrece pan especial a precios más altos, mientras que en El Alto los mercados muestran escasez y vecinos inconformes. Las autoridades municipales anunciaron que se evaluará la pertinencia del incremento en los próximos días, en medio de un paro de 72 horas que mantiene la incertidumbre sobre el abastecimiento.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aseguró que los ahorristas podrán acceder nuevamente a sus depósitos en dólares en un plazo de entre seis y nueve meses. La autoridad reconoció la preocupación ciudadana por la falta de divisas en el sistema financiero y explicó que la estrategia del Gobierno se centra en reforzar las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB).

Espinoza detalló que ya se gestionaron líneas de financiamiento con organismos multilaterales, como la CAF, por más de 3.100 millones de dólares, y que se busca ampliar ese respaldo hasta alcanzar un paquete cercano a los 9.000 millones. Según el ministro, cada nuevo contrato firmado permitirá fortalecer la capacidad del BCB y garantizar la disponibilidad de divisas para los ahorristas.

El Gobierno considera que la crisis de dólares es una de las principales expresiones de la situación económica actual y confía en que la recuperación de las reservas permitirá destrabar el acceso a los depósitos retenidos. “El plazo es corto, hablamos de dos o tres trimestres”, afirmó Espinoza, quien insistió en que la medida busca devolver confianza al sistema financiero y aliviar la incertidumbre de los ciudadanos.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el Ministerio Público recibió nuevas denuncias contra el expresidente Luis Arce y sus hijos, las cuales se encuentran en etapa de análisis. Algunas de estas acusaciones, al involucrar a un exmandatario, deberán ser remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento mediante un juicio de responsabilidades, como establece la normativa vigente.

Mariaca explicó que no todas las denuncias cumplen con los requisitos legales, ya que para ser admitidas deben contar con una proposición acusatoria formal presentada por una persona o entidad que considere que se cometió un delito. En ese marco, señaló que varias de las demandas están siendo observadas, mientras que otras avanzan hacia su envío al Legislativo.

Respecto a los hijos del expresidente, el fiscal general indicó que también se revisan procesos penales en curso y que las resoluciones correspondientes serán emitidas una vez concluida la etapa preliminar. Sin precisar el número de denuncias recibidas, Mariaca subrayó que se trata de casos recientes, surgidos tras la salida de Arce del poder, y que todos deberán seguir el procedimiento establecido para garantizar transparencia y legalidad.

La alianza Libre rechazó la convocatoria realizada por el vicepresidente Edmand Lara para una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), prevista para este viernes, en la que se pretende aprobar una resolución sobre la preselección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según la bancada, la iniciativa es innecesaria porque la Constitución y las leyes vigentes ya establecen que la Asamblea es la única instancia con esa atribución.

En su pronunciamiento, Libre señaló que Lara no puede llamar a sesión basándose en “suposiciones o temores” sobre una eventual designación de magistrados por decreto presidencial. La bancada insistió en que la responsabilidad institucional del vicepresidente debería enfocarse en aprobar la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos para cubrir las acefalías en el TCP y el TSJ, tras el cese de los magistrados autoprorrogados.

El debate surge luego de que cinco magistrados del TCP y dos del TSJ fueran cesados de sus funciones, lo que obliga a la ALP a definir un proceso complementario de elección judicial. En ese contexto, el diputado Carlos Alarcón recordó que las leyes ordinarias deben ser tratadas cámara por cámara y no directamente en el pleno, como pretende Lara, lo que abre un nuevo frente de discusión sobre los procedimientos legislativos y la institucionalidad democrática.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), conocidos como “autoprorrogados”, enfrentan dos procesos penales en Chuquisaca y un tercero que fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las investigaciones se iniciaron tras su cese de funciones y apuntan a esclarecer las denuncias sobre la extensión irregular de su mandato.

Durante los operativos realizados en Sucre, los fiscales recolectaron documentación y realizaron registros en las oficinas vinculadas a los denunciados. Además, se emitieron citaciones para testigos y se prevé que los cinco exmagistrados —Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Julia Elizabeth Cornejo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo— comparezcan en los próximos días. Uno de ellos, Gonzalo Hurtado, ya presentó su declaración de manera voluntaria.

Paralelamente, se activaron alertas migratorias para evitar que los investigados abandonen el país mientras avanzan los procesos. La Fiscalía subrayó que las acciones buscan garantizar transparencia y que los exmagistrados respondan ante la justicia y el Legislativo, en un caso que ha generado debate sobre la institucionalidad y los límites del poder judicial en Bolivia.

Tras la restitución de su personería jurídica por el Tribunal Supremo Electoral, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) anunció que su estrategia para las elecciones subnacionales de 2026 será la construcción de alianzas con otras fuerzas políticas. La dirigencia del partido considera que este camino permitirá recuperar presencia en el ámbito local y fortalecer la democracia boliviana.

Jaime Paz Zamora y Hugo Carvajal, fundadores del MIR, confirmaron que no presentarán candidatos propios en la contienda. En su lugar, buscarán conformar un frente amplio junto a agrupaciones emergentes y liderazgos jóvenes. La decisión responde a las restricciones legales que impiden al partido participar de manera independiente, dado que su habilitación fue restituida apenas semanas antes de la convocatoria electoral.

La dirigencia del MIR sostiene que la resolución del TSE representa un acto de justicia histórica, pues devuelve vigencia a una sigla que fue protagonista en la recuperación democrática de 1982. Con este respaldo, el partido se prepara para iniciar conversaciones territoriales y definir acuerdos que le permitan volver a tener incidencia política en las regiones, en un escenario marcado por la fragmentación y la búsqueda de nuevas alternativas de representación.

La Alcaldía de La Paz ejecutó un operativo de control en distintos hornos de la ciudad y determinó la clausura del establecimiento de Rubén Ríos, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia. En el lugar se hallaron condiciones insalubres, como presencia de roedores e insectos, además de insumos almacenados de manera inadecuada. La autoridad edil calificó el hallazgo como un atentado contra la salud pública.

El operativo se realizó en medio de la polémica por el incremento del precio del pan a 80 centavos, medida anunciada por el sector panificador tras denunciar que dejaron de recibir harina subvencionada de la estatal Emapa. El alcalde Iván Arias cuestionó que un dirigente que representa a los panaderos produzca en condiciones precarias y, al mismo tiempo, justifique el alza del precio del alimento básico.

Las inspecciones se extendieron a otras zonas como Cementerio y Villa Victoria, donde también se verificó la venta de pan en las calles. Arias advirtió que se cerrarán los hornos que incumplan las normas de higiene o que apliquen incrementos injustificados. Mientras tanto, Ríos, investigado por el presunto desvío de harina en complicidad con exfuncionarios de Emapa, insistió en que el nuevo precio fue definido por las federaciones panificadoras y que él se deslinda de responsabilidades.

El canciller Fernando Aramayo posesionó este martes a tres viceministros que asumirán funciones clave dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos Paz fue nombrado viceministro de Relaciones Exteriores, Héctor Francisco Huanca Gutiérrez como viceministro de Gestión Consular e Institucional, y Rodrigo Ignacio Arce Ballivián como viceministro de Comercio Exterior e Integración.

Cada uno de los nuevos viceministros cuenta con una amplia trayectoria profesional. Paz aporta más de 25 años de experiencia en relaciones internacionales y negociación de alto nivel, mientras que Huanca se especializa en derechos humanos y resolución de conflictos sociales, con una destacada labor en la Defensoría del Pueblo. Por su parte, Arce combina formación en ingeniería y administración con más de 15 años de experiencia en el sector comercial y en la promoción de negocios internacionales.

Aramayo destacó que estas designaciones buscan fortalecer la institucionalidad y la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de la política exterior, la gestión consular y la integración comercial. Con estos nombramientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores pretende consolidar un equipo técnico y estratégico que impulse la presencia de Bolivia en el ámbito internacional.