El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, anunció que este miércoles se emitirá la convocatoria a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia. El único punto en agenda será la discusión y aprobación de un proyecto de ley para llamar a elecciones judiciales, en respuesta a las resoluciones emitidas por salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz que dispusieron la suspensión de varios magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia.

Lara explicó que la medida busca garantizar que las vacancias generadas sean cubiertas mediante un mecanismo democrático y legítimo, evitando escenarios de transitoriedad indefinida. En su declaración, advirtió que no se permitirá que las autoridades judiciales sean designadas por decreto, en clara referencia al presidente Rodrigo Paz, aunque aseguró que respeta las decisiones del mandatario en cuanto a nombramientos.

El vicepresidente también manifestó que continuará denunciando actos de corrupción dentro del gabinete y las entidades públicas, pese a las presiones de sectores políticos que le pidieron renunciar. “El pueblo está cansado de la corrupción y no voy a callar”, afirmó Lara, quien ratificó su permanencia en el cargo y su compromiso de impulsar medidas que fortalezcan la institucionalidad del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el martes 25 de noviembre se realizaron pagos estatales por un total de Bs 1.496 millones. De esa cifra, Bs 309,7 millones fueron destinados a la compra de combustibles, lo que representa más del doble de lo invertido en el área de salud durante la misma jornada.

El ministro José Gabriel Espinoza destacó que, además de los recursos dirigidos a combustibles, se asignaron Bs 142,6 millones al sector salud y Bs 100 millones al pago de la Renta Dignidad para adultos mayores. Según la autoridad, la publicación diaria del gasto público busca transparentar las finanzas estatales y mostrar con claridad cómo se distribuyen los recursos.

Espinoza anunció que desde ahora el “Contador de Gastos Públicos” estará disponible en la página web oficial del Ministerio, permitiendo a la ciudadanía conocer en detalle los desembolsos realizados. Asimismo, adelantó que se dará prioridad en los pagos a proveedores, especialmente a las pequeñas empresas que enfrentan dificultades para sostener sus operaciones.

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, reapareció públicamente para defender su inocencia y denunciar que su salida del cargo respondió a las investigaciones que inició contra presuntos “clanes familiares” dentro de la institución. Según afirmó en un video difundido en redes sociales, su gestión incomodó a grupos que se beneficiaban de manera ilícita del Estado, lo que derivó en su destitución y en los procesos judiciales que hoy enfrenta.

Lisperguer fue apartado del ministerio tras una denuncia de enriquecimiento ilícito, en la que la Fiscalía identificó movimientos bancarios irregulares por más de 350.000 bolivianos. Sin embargo, el exministro asegura que las acusaciones sobre la adquisición de múltiples propiedades son falsas y que los bienes registrados a su nombre corresponden únicamente a un inmueble multifamiliar construido por su familia y fraccionado en propiedad horizontal en 2021.

El exministro también recordó que otros cinco de sus colaboradores fueron procesados en el marco de las investigaciones por corrupción en la cartera de Estado. Además, enfrenta un proceso por violencia familiar en el que cumple medidas sustitutivas. Pese a ello, Lisperguer insiste en que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz debería profundizar las indagaciones sobre las redes internas de corrupción que, según él, continúan operando en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señalados como “autoprorrogados” preparan un documento para intimidar a los jueces que atienden procesos en su contra. Según Saucedo, se trata de una complementación ficticia del Auto Constitucional 070/2025, cuyo objetivo sería frenar las acciones legales que cuestionan la permanencia de cinco magistrados más allá de su mandato.

Saucedo aseguró que esta maniobra busca generar temor en las Salas Constitucionales y en los vocales que deben resolver las denuncias, pero garantizó que el Órgano Judicial respaldará la independencia de los jueces. “Así como garantizamos las elecciones nacionales, hoy queremos garantizar que los jueces puedan aplicar la Constitución con plena libertad”, afirmó, al remarcar que Bolivia no puede seguir tolerando arbitrariedades en la administración de justicia.

En paralelo, magistrados electos en 2024 presentaron una denuncia penal contra los cinco prorrogados por falsedad material e ideológica, cuestionando la validez del Auto 070/2025 que prolonga sus funciones hasta nuevas elecciones judiciales. La querella sostiene que la resolución fue aprobada sin el aval de la Sala Plena y en completo hermetismo, lo que, según los denunciantes, bloquea la posibilidad de destituir a los magistrados prorrogados y avanzar hacia la renovación del sistema judicial.

El Gobierno anunció un ajuste económico que contempla la reducción del gasto público en un 30% y la eliminación de cuatro impuestos considerados poco efectivos. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que esta medida busca reorientar los recursos hacia áreas prioritarias y corregir distorsiones que han afectado la inversión privada. La propuesta será incorporada en la nueva ley de presupuesto, que reemplazará la presentada por la anterior administración.

Espinoza detalló que la reducción del gasto equivale a cuatro puntos porcentuales del PIB y se concentrará en el gasto corriente que no impacta directamente en servicios básicos como salud, educación o seguridad. Según el ministro, el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que el ajuste no afecte a la población más vulnerable, sino que se traduzca en mayor eficiencia del Estado.

En paralelo, se anunció la abrogación de los impuestos a las Grandes Fortunas, a las Transferencias Financieras, al Juego y a las Promociones Empresariales, que en conjunto representan menos del 1% de la recaudación fiscal. El Gobierno argumentó que estos tributos han generado fuga de capitales y desincentivos a la inversión, por lo que su eliminación busca dar certidumbre al sector privado. Además, se priorizará el pago de deudas a pequeños proveedores y se publicará de manera transparente la información sobre los desembolsos realizados por el Ministerio de Economía.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, reconoció públicamente las tensiones con el presidente Rodrigo Paz y aseguró que no puede ocultar lo que “ya es evidente”. Sin embargo, sostuvo que las diferencias podrían resolverse si se abre un espacio de diálogo directo, en el que ambos puedan aclarar sus posiciones y evitar que las fricciones se traduzcan en una crisis institucional.

Durante un acto de recolección de ayuda en Santa Cruz, Lara reiteró que las discrepancias surgieron por la influencia de Samuel Doria Medina en la designación de ministros y directores, lo que, según él, ha debilitado la autonomía de Paz en la toma de decisiones. Aun así, el vicepresidente insistió en que está dispuesto a conversar para superar los conflictos y restablecer la coordinación en el Gobierno.

Respecto a la propuesta de ley que busca su destitución, Lara manifestó que no teme a esa iniciativa y que mantiene la “conciencia tranquila”. Subrayó que la solución pasa por un encuentro con Paz, en el que se definan responsabilidades y se garantice que las decisiones gubernamentales respondan a los intereses del país y no a presiones externas.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reveló que las investigaciones en curso han identificado prácticas irregulares dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde se habrían otorgado títulos de propiedad duplicados sobre tierras fiscales. Según la autoridad, esta situación ha facilitado el avance de grupos organizados que buscan apropiarse de terrenos de manera ilegal, generando conflictos y avasallamientos en distintas regiones del país.

Barrientos explicó que el problema radica en la existencia de permisos dobles para trabajar en las mismas tierras, lo que abre la puerta a disputas entre beneficiarios y a la intervención de “mafias organizadas” que lucran con la incertidumbre jurídica. La viceministra señaló que incluso se han detectado casos en los que tierras saneadas décadas atrás reaparecieron con nuevas titulaciones, evidenciando un patrón de irregularidades que compromete la credibilidad del proceso de reforma agraria.

Ante este panorama, la autoridad anunció que se intensificarán las auditorías internas y se coordinará con el Ministerio de Gobierno para garantizar la intervención policial en los casos de avasallamiento. Barrientos enfatizó que ninguna resolución de titulación podrá emitirse sin pasar por su despacho, mientras se designa al nuevo director del INRA y se refuerza el control en el Viceministerio de Tierras. Con ello, busca frenar la expansión de redes ilegales y restablecer el respeto a la propiedad privada en el país.

El Colegio de Odontólogos de Bolivia expresó su rechazo a las afirmaciones realizadas por el vicepresidente Edmand Lara contra el viceministro de Deportes, Roberto Bustamante. En un comunicado público, la institución calificó las declaraciones como “ofensivas” e “inapropiadas”, señalando que ponen en duda la idoneidad de una autoridad designada para impulsar políticas deportivas en el país.

Los representantes del gremio remarcaron que cuestionar la trayectoria de Bustamante sin fundamentos sólidos afecta no solo a la imagen del viceministro, sino también al respeto institucional que debe primar en el ejercicio de la función pública. Además, recordaron que el sector odontológico mantiene vínculos de cooperación con el área deportiva en programas de salud y prevención, por lo que consideran necesario preservar un clima de coordinación y respeto.

Finalmente, el Colegio de Odontólogos exhortó a las autoridades nacionales a mantener un debate constructivo y responsable, evitando declaraciones que puedan generar confrontación innecesaria. El pronunciamiento concluye con un llamado a fortalecer la institucionalidad y a trabajar de manera conjunta en beneficio de la población, tanto en el ámbito de la salud como en el deporte.

La filtración de un proyecto de decreto supremo que plantea modificar el régimen laboral de los trabajadores de YPFB y ENDE generó preocupación en las organizaciones sindicales. El documento sugiere pasar del amparo de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público, lo que implicaría la pérdida de beneficios sociales y la restricción del derecho a sindicalización en el sector energético y petrolero.

Ante esta situación, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles 26 de noviembre en La Paz, donde se prevé definir medidas de rechazo. Diversos sindicatos, como los de ENDE-Cochabamba y la Confederación de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas, ya expresaron su oposición, calificando la iniciativa como un atentado contra la estabilidad laboral y los derechos adquiridos.

Los dirigentes advierten que el cambio de régimen podría abrir la puerta a un proceso de privatización y derivar en un incremento de tarifas para la población. Además, remarcan que los problemas administrativos de las empresas públicas no deben recaer sobre el personal operativo. En ese contexto, las organizaciones laborales llaman a la unidad nacional para frenar la propuesta y defender los servicios estratégicos del país.

La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó que este lunes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presentará un conjunto de medidas y decretos destinados a acompañar la etapa de reconstrucción y reordenamiento del país. El anuncio se realizará en el transcurso de la jornada y marcará la primera conferencia semanal de la vocería presidencial.

El presidente Rodrigo Paz adelantó durante el fin de semana que las disposiciones estarán vinculadas al ámbito impositivo y a la formalización de trabajadores y emprendedores. En un acto en Santa Cruz, el mandatario señaló que las medidas buscan liberar la economía y fortalecer la estrategia de “capitalismo para todos”, con el objetivo de dinamizar la producción y generar confianza en los sectores productivos.

A través de sus redes sociales, Paz cuestionó el sistema fiscal vigente, al que calificó de “viejo, injusto y trancado”, y aseguró que pronto se pondrá fin a lo que denominó “Estado tranca”. Con los anuncios previstos, el Gobierno pretende dar señales de estabilidad y abrir un nuevo ciclo económico que incentive la inversión y la formalidad en Bolivia.