La filtración de un proyecto de decreto supremo que plantea modificar el régimen laboral de los trabajadores de YPFB y ENDE generó preocupación en las organizaciones sindicales. El documento sugiere pasar del amparo de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público, lo que implicaría la pérdida de beneficios sociales y la restricción del derecho a sindicalización en el sector energético y petrolero.

Ante esta situación, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles 26 de noviembre en La Paz, donde se prevé definir medidas de rechazo. Diversos sindicatos, como los de ENDE-Cochabamba y la Confederación de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas, ya expresaron su oposición, calificando la iniciativa como un atentado contra la estabilidad laboral y los derechos adquiridos.

Los dirigentes advierten que el cambio de régimen podría abrir la puerta a un proceso de privatización y derivar en un incremento de tarifas para la población. Además, remarcan que los problemas administrativos de las empresas públicas no deben recaer sobre el personal operativo. En ese contexto, las organizaciones laborales llaman a la unidad nacional para frenar la propuesta y defender los servicios estratégicos del país.

La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó que este lunes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presentará un conjunto de medidas y decretos destinados a acompañar la etapa de reconstrucción y reordenamiento del país. El anuncio se realizará en el transcurso de la jornada y marcará la primera conferencia semanal de la vocería presidencial.

El presidente Rodrigo Paz adelantó durante el fin de semana que las disposiciones estarán vinculadas al ámbito impositivo y a la formalización de trabajadores y emprendedores. En un acto en Santa Cruz, el mandatario señaló que las medidas buscan liberar la economía y fortalecer la estrategia de “capitalismo para todos”, con el objetivo de dinamizar la producción y generar confianza en los sectores productivos.

A través de sus redes sociales, Paz cuestionó el sistema fiscal vigente, al que calificó de “viejo, injusto y trancado”, y aseguró que pronto se pondrá fin a lo que denominó “Estado tranca”. Con los anuncios previstos, el Gobierno pretende dar señales de estabilidad y abrir un nuevo ciclo económico que incentive la inversión y la formalidad en Bolivia.

La vocera presidencial Carla Faval señaló que, de los 14 días de gestión del actual Gobierno, el vicepresidente Edman Lara estuvo fuera del país en seis de ellos, lo que dificultó coordinar reuniones con el presidente Rodrigo Paz. Según la autoridad, hubiese sido importante que el vicepresidente permaneciera en Bolivia para atender emergencias como la riada en Samaipata y otras prioridades nacionales.

Durante este periodo, Paz se enfocó en medidas de estabilización como la normalización de la distribución de carburantes, la atención al desastre natural en Samaipata y la adopción de decisiones institucionales, entre ellas el cierre del Ministerio de Justicia. Lara, en cambio, viajó a Brasil para participar en la cumbre de la COP30 y posteriormente a Paraguay para asistir a la final de la Copa Sudamericana, lo que generó críticas sobre su disponibilidad.

La vocera confirmó que el presidente y el vicepresidente sostendrán una reunión privada una vez que Lara regrese al país. Mientras tanto, el Ejecutivo remarcó que Paz se ha mantenido presente y activo en la toma de decisiones, y cuestionó que el vicepresidente haya utilizado redes sociales como TikTok para expresar críticas en lugar de canales oficiales de comunicación.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió su sesión por falta de quorum cuando se discutía la norma para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El debate se trabó en el artículo 29, referido a los requisitos de postulación, particularmente en torno a la definición y criterios para medir la probidad de los aspirantes.

El diputado Luis Vásquez, de la alianza Libre, explicó que existe consenso en la necesidad de exigir probidad, pero aún se discute cómo evaluarla. Entre las propuestas se mencionan antecedentes judiciales, ausencia de denuncias de violencia y otros elementos verificables. Para avanzar, se instalarán reuniones y “mesas políticas” con el objetivo de alcanzar acuerdos sin alterar los plazos establecidos.

La renovación de los vocales es urgente, ya que la mayoría concluye su mandato el 18 de diciembre. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, recordó que la Asamblea Legislativa debe designar a las nuevas autoridades antes de esa fecha para evitar cualquier prórroga. Vásquez aseguró que el proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados en los próximos días, tras consensuar los puntos pendientes.

A una semana del desborde del río que golpeó a las comunidades de Achira, Palermo y Cuevas, las labores de búsqueda de dos mujeres desaparecidas no se detienen. Ramona Banegas, de 87 años, y Verónica Eve Peña, de 21, siguen siendo buscadas por familiares, rescatistas y efectivos de las Fuerzas Armadas que trabajan en la zona afectada.

La riada, ocurrida el 17 de noviembre tras intensas lluvias, dejó caminos destruidos, viviendas dañadas y predios cubiertos de lodo. El Ministerio de Obras Públicas coordina con equipos de emergencia para rehabilitar la carretera que conecta Samaipata con Santa Cruz, mientras maquinaria pesada remueve el barro endurecido por el sol en las áreas más críticas.

El contingente militar de 91 efectivos apoya las tareas de rescate, mientras los familiares piden que se intensifique la búsqueda. En paralelo, la Alcaldía de Samaipata y la cooperativa de agua trabajan para restablecer el servicio de agua potable en las comunidades afectadas, donde aún persisten las dificultades tras el desastre natural.

La Ley 1700 establece un régimen excepcional que permitirá al Órgano Electoral Plurinacional realizar contrataciones directas de bienes y servicios destinados a la organización de las Elecciones Subnacionales 2026. Esta disposición busca agilizar los procesos administrativos y garantizar que los recursos necesarios estén disponibles en los plazos previstos para el desarrollo del evento democrático.

El Tribunal Supremo Electoral será la instancia encargada de reglamentar los procedimientos y condiciones de estas contrataciones mediante resolución expresa. Asimismo, se habilita el uso de medios electrónicos competitivos a través del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), lo que permitirá mayor transparencia y control en las operaciones realizadas por los tribunales electorales departamentales y regionales.

Una vez ejecutadas las contrataciones, el Órgano Electoral deberá registrar las operaciones en el Sicoes y remitir información a la Contraloría General del Estado, especialmente cuando los montos superen los Bs 20.000. Además, se exceptúa al ente electoral de la certificación ante el Senape para el arrendamiento de vehículos e inmuebles vinculados al proceso electoral. Los ciudadanos acudirán a las urnas el 22 de marzo de 2026 para elegir a sus autoridades departamentales, municipales y del Gran Chaco.

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió la denuncia penal presentada contra cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes son acusados de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica. La decisión marca el inicio de una investigación preliminar que busca establecer responsabilidades en torno a la prórroga de sus mandatos, considerada inconstitucional por las autoridades electas.

El requerimiento fiscal, firmado el 20 de noviembre, señala como denunciantes a las magistradas Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes sostienen que los acusados emitieron resoluciones destinadas a prolongar de manera irregular sus funciones en el Órgano Judicial. La fiscal Jhenny Esther Torrico dispuso que la Policía Nacional lleve adelante las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

La denuncia se suma a las observaciones realizadas por los magistrados electos en los comicios judiciales de 2024, quienes acusan a sus colegas autoprorrogados de frenar en varias ocasiones la cesación de sus funciones y obstaculizar la renovación institucional. Según los denunciantes, estas acciones vulneran principios básicos de imparcialidad y transparencia, generando un conflicto que ahora será investigado por la vía penal.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, confirmó que las organizaciones políticas ADN y UCS mantienen su personería jurídica, aunque su continuidad en el escenario electoral depende de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La situación se originó tras los resultados obtenidos en anteriores comicios y los recursos legales presentados por ambas siglas.

Vargas recordó que la normativa establece la pérdida automática de personería para los partidos que no alcanzan el 3% de votación. Sin embargo, aclaró que antes de ejecutar esa medida debe garantizarse el derecho a la defensa, lo que ha derivado en un procedimiento formal que aún no concluye. En ese marco, ADN y UCS interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Organizaciones Políticas, las cuales fueron rechazadas por la Sala Plena y remitidas al TCP.

El vocal señaló que, mientras no exista un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, el TSE no puede proceder con la cancelación de las siglas. “La situación de estos dos partidos aún es incierta”, afirmó, dejando en claro que el futuro de ADN y UCS se definirá únicamente con la resolución que emita la máxima instancia constitucional.

El Ministerio Público inició una investigación contra la exdiputada del MAS, Lidia Patty, por su presunta participación en el desfalco millonario al Fondo Indígena, considerado uno de los casos de corrupción más emblemáticos del gobierno de Evo Morales. La exlegisladora, conocida por denunciar el supuesto “golpe” de 2019, enfrenta ahora cuestionamientos judiciales que ponen en duda su rol político.

De acuerdo con el requerimiento fiscal emitido el 17 de noviembre, Patty es indagada por cuatro delitos: incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. El documento instruye al investigador asignado continuar con las diligencias y presentar resultados en un plazo máximo de cinco días, bajo la advertencia de que los plazos penales son improrrogables.

La investigación se suma a la larga lista de procesos vinculados al Fondo Indígena, que durante años fue señalado por el manejo irregular de recursos destinados a proyectos comunitarios. La situación de Patty abre un nuevo capítulo en este caso, que sigue generando repercusiones políticas y judiciales en el país.

En su primera aparición pública como vocera de la Presidencia, Carla Faval descartó las versiones sobre un quiebre entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara. Señaló que ambos sostendrán una reunión con agenda interna para definir lineamientos de comunicación y gestión, subrayando que las diferencias de opinión no implican ruptura institucional.

Faval explicó que la relación entre las máximas autoridades del Estado se mantiene vigente y que la reunión prevista busca fortalecer la coordinación del binomio en la conducción del país. Recordó que las críticas surgidas tras la destitución de Freddy Vidovic y la designación de Jorge García Pinto en Justicia no deben interpretarse como un distanciamiento definitivo.