Analistas políticos recordaron que el Viceministerio de Coordinación Legislativa existió en distintos periodos de la historia democrática del país, contradiciendo las afirmaciones del vicepresidente Edmand Lara. Durante el gobierno de Carlos Mesa, el cargo fue ocupado por Ernesto Machicao; en la gestión de Hugo Banzer, Guillermo Fortún desempeñó esa función; y en el último mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, Guido Riveros estuvo al frente de la cartera.

La polémica resurgió tras el nombramiento de Wilson Santamaría como nuevo viceministro, decisión que generó críticas de la bancada afín a Lara, quienes calificaron la medida como un “golpe a la Vicepresidencia”. Legisladores como Juan Pablo Quispe y Judith García exigieron respeto a la Constitución, argumentando que no se deben crear cargos paralelos que interfieran con las atribuciones del vicepresidente.

En respuesta, Lara difundió un video desde Brasil, donde participa en una cumbre ambiental, señalando que la decisión del presidente Rodrigo Paz es inconstitucional y que estaría influenciada por Samuel Doria Medina. Aunque sus seguidores le pidieron organizar una marcha, Lara pidió actuar con calma, advirtiendo que la creación del Viceministerio representa una cesión de poder a la alianza Unidad y cuestionando la creciente influencia de Doria Medina dentro del gobierno.

El presidente Rodrigo Paz Pereira nombró a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional, luego de que Freddy Vidovic quedara inhabilitado para ejercer el cargo. La decisión se oficializó mediante el Decreto Supremo 5491, que establece la posesión inmediata de la nueva autoridad en el gabinete nacional.

La salida de Vidovic se produjo tras conocerse que tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que lo imposibilitaba legalmente para continuar en funciones. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la situación la noche del 19 de noviembre, apenas diez días después de que Vidovic hubiera sido posesionado junto al resto del equipo ministerial.

Con la incorporación de García Pinto, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de las labores en el área de Justicia y Transparencia. El nuevo ministro asumirá la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad y dar seguimiento a las políticas públicas del sector, en un contexto marcado por la necesidad de estabilidad y confianza en las autoridades de Estado.

El diputado José Maldonado informó que la sigla Alianza Libre no podrá participar en las elecciones subnacionales de 2026 debido al incumplimiento del requisito de inscripción establecido en la Ley 1096. La normativa exige que los partidos políticos cuenten con personería jurídica al menos 90 días antes de la convocatoria, condición que Libre no logró cumplir dentro de los plazos previstos.

Maldonado recordó que durante el debate legislativo se intentó reducir el tiempo de inscripción a 60 días, pero la propuesta no prosperó. Aun así, destacó que su bancada optó por no obstaculizar la aprobación de la norma, priorizando la gobernabilidad y el consenso dentro de la Asamblea Legislativa. Según el diputado, la discusión se llevó adelante de manera transparente y con respeto a las reglas democráticas.

Aunque la sigla no estará presente en la contienda de marzo de 2026, Maldonado aseguró que Libre buscará otras alternativas políticas para participar en el proceso electoral. Subrayó además la importancia de la unanimidad alcanzada en la votación de la ley, resaltando que este resultado refleja el compromiso de las fuerzas políticas con la estabilidad institucional y el cumplimiento de las promesas realizadas en el ámbito legislativo.

El Ministerio de Desarrollo Productivo convocó a la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol) a una reunión este miércoles por la tarde, en medio de las denuncias de falta de entrega de harina por parte de la estatal Emapa. La cita busca encontrar soluciones al abastecimiento irregular de pan de batalla, producto que debería mantenerse a precio regulado gracias a la subvención de insumos.

La convocatoria fue dirigida al dirigente Rubén Ríos y a cinco representantes de Conapabol, quienes deberán asistir al diálogo en La Paz. En las últimas semanas, los panificadores confederados han advertido que, ante la escasez de harina, dejaron de producir la tradicional marraqueta y se limitaron a ofrecer panes surtidos. Incluso señalaron que, de persistir la situación, podrían elevar el precio del pan a Bs1.

El Gobierno, por su parte, ordenó la intervención de Emapa y reveló que la empresa arrastra una “deuda monstruosa” por la harina. Mientras tanto, panificadores independientes plantean eliminar la subvención y permitir que el precio del pan se defina en condiciones de libre mercado, argumentando que los confederados habrían realizado negocios irregulares con los insumos provistos por el Estado.

El abogado Andrés Zúñiga, defensor de Juan Carlos Huarachi, anunció que presentará una apelación para revocar la detención preventiva dictada por el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz. Según el jurista, la resolución que envió al exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) al penal de San Pedro por seis meses se basó en “conjeturas y apreciaciones subjetivas” más que en pruebas concretas.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen indicios de pagos irregulares vinculados al denominado “caso coimas”, incluyendo una suma de Bs 40.000 atribuida a un exministro, y argumenta que hay riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación. Sin embargo, la defensa insiste en que no se valoraron adecuadamente los documentos presentados por Huarachi y que no se acreditó la probabilidad de autoría en los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión.

Zúñiga calificó la medida como “arbitraria” y señaló que el recurso de apelación busca restituir el derecho de su defendido a un proceso justo. Además, cuestionó la falta de información sobre el procedimiento de traslado al penal de San Pedro, indicando que la decisión depende de un sistema administrativo que no fue explicado ni por el juez ni por la Policía. La defensa espera que la apelación sea admitida y que se revise la legalidad de la detención preventiva.

El diputado Carlos Alarcón, representante de Alianza Unidad, cuestionó la coincidencia entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Alianza Libre en torno a una propuesta de modificación de la norma electoral. Según explicó, ambas fuerzas buscan reducir el plazo de 90 días exigido para que los partidos cuenten con personalidad jurídica antes de la convocatoria a elecciones subnacionales, lo que beneficiaría directamente a organizaciones que aún no han consolidado su registro ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante la sesión parlamentaria, marcada por tensiones y desorden, Alarcón señaló que los dos partidos actuaron en conjunto para frenar la dispensación de trámite y evitar que el proyecto de ley sea debatido de inmediato. A su juicio, esta estrategia responde a la falta de votos suficientes para imponer la modificación, lo que derivó en la interrupción del debate y en negociaciones fuera del hemiciclo.

El legislador advirtió que la intención de cambiar las reglas en el último momento pone en riesgo la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral. Además, alertó que cualquier retraso en la aprobación de la ley de convocatoria podría comprometer el calendario del TSE y generar incertidumbre en la transmisión de mando. Por ello, pidió que el debate se realice de manera abierta y sin acuerdos paralelos que, según dijo, deterioran la confianza ciudadana en la democracia.

El proyecto de ley que regula las elecciones subnacionales en Bolivia enfrenta un bloqueo en la Cámara de Diputados debido a la reciente inclusión de nuevas agrupaciones políticas en la normativa. La medida generó fuertes discrepancias entre las diferentes bancadas, que no lograron llegar a un consenso sobre los criterios de participación, representación y requisitos para los nuevos movimientos.

Varios legisladores señalaron que la falta de acuerdo podría retrasar el calendario electoral, afectando los plazos establecidos para la organización de las elecciones en los municipios y gobernaciones. Las discusiones se centraron en definir qué agrupaciones pueden competir, cómo se habilitan sus candidatos y qué mecanismos de control se deben implementar para garantizar transparencia.

El presidente de la comisión legislativa encargada del proyecto indicó que las negociaciones continuarán durante los próximos días, buscando un consenso que permita evitar conflictos legales o impugnaciones posteriores. Los parlamentarios advirtieron que la demora no implica la paralización total del proceso, pero sí podría generar ajustes en las fechas previstas para la presentación de candidaturas y la realización de las elecciones subnacionales.

El debate refleja las tensiones políticas que atraviesa el país mientras se acercan los comicios, en los que los partidos tradicionales y nuevos movimientos buscan consolidar su presencia a nivel departamental y municipal. La sociedad civil y las autoridades electorales observan con atención los avances de la ley, conscientes de que cualquier retraso podría complicar la planificación y ejecución de los comicios.

El exdirector técnico Álvaro Peña inició un proceso formal contra Oriente Petrolero para exigir una indemnización millonaria, argumentando que el club incumplió el contrato que ambos mantenían. Según la notificación presentada, Peña sostiene que la rescisión fue unilateral y que, por norma, corresponde cancelar el total del acuerdo económico vigente al momento de su salida.

La dirigencia de Oriente Petrolero confirmó que recibió el reclamo y que lo revisará dentro de los plazos establecidos por las normativas deportivas y laborales. En el club aseguran que la desvinculación respondió a criterios de rendimiento y planificación institucional, aunque evitaron dar detalles mientras el caso está en análisis jurídico.

El conflicto ahora avanza en instancias correspondientes, donde se evaluarán los documentos presentados, las cláusulas contractuales y los argumentos de ambas partes. Si no existe un acuerdo previo, el caso podría escalar a tribunales deportivos nacionales o incluso internacionales, como ha ocurrido en gestiones anteriores con otros entrenadores.

La situación añade un nuevo capítulo a la compleja etapa que atraviesa el club refinero, que debe atender compromisos económicos pendientes mientras busca estabilidad deportiva para la próxima temporada.

El sicario brasileño detenido recientemente en Santa Cruz fue remitido este martes al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, luego de que las investigaciones revelaran que era buscado por al menos nueve crímenes violentos en Brasil. Durante su declaración, el acusado admitió que tenía antecedentes por ejecuciones por encargo y que operaba en territorio boliviano utilizando una identidad falsa.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que el individuo mantenía vínculos con organizaciones criminales dedicadas a ajustes de cuentas y operaciones transnacionales. Su captura se produjo tras un operativo de inteligencia que permitió confirmar su presencia en Santa Cruz y su intención de ocultarse en zonas fronterizas.

Las autoridades bolivianas ya coordinan con la Policía Federal de Brasil para validar su historial delictivo y determinar si será procesado primero en Bolivia o si corresponde activar un pedido de extradición. Mientras tanto, el detenido permanecerá en Chonchocoro bajo estrictas medidas de seguridad

La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz prevé realizar la elección de su nuevo directorio la próxima semana, luego de varias semanas de retraso marcadas por desacuerdos internos entre las diferentes fuerzas políticas. La renovación debía concretarse a mediados de octubre; sin embargo, las tensiones entre las bancadas y la falta de consenso sobre los perfiles ocasionaron la postergación del proceso.

De acuerdo con fuentes legislativas, durante los últimos días se reactivaron las negociaciones para definir a los candidatos que integrarán la nueva directiva. Aunque no existe aún un acuerdo cerrado, las conversaciones avanzaron lo suficiente como para que se decida convocar formalmente a sesión en los próximos días. La expectativa dentro de la institución es que esta vez no haya más aplazamientos.

Los legisladores señalaron que la intención es cerrar la elección antes del final de la actual gestión legislativa, con el fin de asegurar una transición ordenada y permitir que el nuevo directorio asuma funciones con tiempo para planificar la agenda del próximo año. También destacaron la importancia de que la Brigada recupere su ritmo de trabajo, considerando que varios proyectos y gestiones quedaron en pausa durante las semanas en que la renovación interna se mantuvo estancada.

La convocatoria oficial, que establecerá día y hora de la sesión, será publicada próximamente. Para los parlamentarios, la elección del nuevo directorio es clave para encarar los desafíos legislativos del departamento y recomponer la coordinación entre las diferentes representaciones políticas en Santa Cruz.