El desborde del río en Samaipata, tras intensas lluvias, dejó graves daños en comunidades y provocó la desaparición de varias personas. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que se solicitó al Ministerio de Defensa maquinaria pesada y volquetas para intensificar las labores de búsqueda, en coordinación con autoridades nacionales y locales. La prioridad, aseguró, es encontrar a quienes aún no han sido localizados.

Las comunidades de Cuevas, Achira y Palermo fueron las más afectadas por la inundación, que dañó viviendas, puentes y vías de acceso. Camacho se trasladó a la zona y acompañó a las familias en la búsqueda de una mujer desaparecida, destacando la preocupación de los vecinos y el compromiso de la Gobernación para mantener las tareas de rescate hasta dar con todas las personas.

La emergencia también interrumpió servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, lo que dificulta las operaciones. Para enfrentar esta situación, la Gobernación anunció el envío de generadores de luz y el trabajo conjunto para restablecer el suministro de agua. Además, se sumarán perros especializados en búsqueda y rescate, mientras ministros y autoridades nacionales confirmaron su llegada al municipio para evaluar y reforzar la respuesta ante la crisis.

El Gobierno de Rodrigo Paz ha puesto en marcha una transformación institucional que redefine el rol del Ministerio de la Presidencia, otorgándole la responsabilidad de ser el núcleo de planificación y coordinación del aparato estatal. Bajo la conducción de José Luis Lupo, esta cartera se posiciona como el espacio central desde el cual se articulan las políticas públicas y se supervisa la gestión de las demás instancias del Ejecutivo, con el propósito de garantizar mayor eficiencia y transparencia en la administración.

Dentro de este rediseño, se determinó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pase a depender directamente de la Presidencia, con el fin de asegurar un control más riguroso y transparente en los procesos de saneamiento de tierras. Esta decisión busca dar respuesta a una de las áreas más sensibles del país, históricamente marcada por conflictos y cuestionamientos, y consolidar un manejo institucional que priorice la legalidad y la confianza ciudadana.

Asimismo, el Ejecutivo anunció la creación del Ministerio Productivo, que integrará sectores vinculados al desarrollo rural, agropecuario y al manejo de recursos hídricos, mientras que las competencias ambientales serán trasladadas al Ministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible. Con estas medidas, el Gobierno pretende fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible y dejar atrás prácticas prebendales que habían desvirtuado la función estratégica del Ministerio de la Presidencia.

El presidente electo, Rodrigo Paz, informó que se desplazará a Santa Cruz para evaluar los daños provocados por las intensas lluvias e inundaciones que han afectado a comunidades en diferentes municipios. Su objetivo principal es coordinar personalmente la ayuda a los damnificados y garantizar la atención inmediata en los lugares más afectados.

Durante su visita, Paz se reunirá con autoridades locales, bomberos, voluntarios y vecinos afectados, para supervisar el despliegue de brigadas de rescate, distribución de alimentos, agua potable, medicinas y provisiones esenciales. Además, anunció la creación de una comisión de emergencia, que tendrá la responsabilidad de coordinar los esfuerzos entre gobierno nacional, municipal y organismos de protección civil, asegurando un seguimiento constante de la recuperación de la zona.

El presidente electo destacó que la prioridad es restablecer los servicios básicos en las comunidades más impactadas, reconstruir viviendas y habilitar caminos bloqueados por lodo, escombros y desprendimientos. También subrayó la necesidad de mantener la transparencia en la gestión de recursos destinados a la emergencia, garantizando que la ayuda llegue de manera directa a quienes más la necesitan.

Con esta acción, Rodrigo Paz busca fortalecer la coordinación interinstitucional y enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a los afectados, además de planificar medidas preventivas para futuras contingencias meteorológicas en la región.

La Policía intensificó los controles en la Planta de Almacenamiento de Senkata luego de descubrirse un caso de desvío de combustible. Durante una inspección sorpresiva, funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) detectaron que un chofer de cisterna y su cómplice realizaban trasvases ilegales de diésel hacia bidones, con la intención de comercializarlo fuera de los canales autorizados.

El subcomandante de la Policía de La Paz, Willy Paz, informó que ambos implicados fueron aprehendidos y sometidos a medidas cautelares: detención preventiva para el receptor del carburante y arresto domiciliario para el conductor del vehículo. La autoridad recordó que el combustible en Bolivia es subvencionado por el Estado, por lo que su desvío constituye un daño económico directo y un delito tipificado en la normativa vigente.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas y otras figuras delictivas relacionadas con el caso. El proceso se centra en almacenaje, comercialización y compra ilegal de combustible, además de la afectación al erario público. Con el refuerzo de la vigilancia, las autoridades buscan evitar que hechos similares se repitan y garantizar que el suministro de carburantes llegue de manera segura a la población.

La Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) confirmó que asistirá al encuentro convocado por el Ministerio de Educación este lunes. La dirigencia considera que la cita es una oportunidad para exponer sus demandas y cuestionamientos a la Ley 070, que según el sector ha generado improvisaciones y falta de presupuesto en el sistema educativo.

La ministra Beatriz García extendió la invitación tanto al magisterio urbano como al rural, con el propósito de escuchar sus propuestas y abrir un espacio de diálogo constructivo. Desde la cartera de Estado se destacó que la reunión busca sentar las bases para una educación más inclusiva, moderna y capaz de responder a los desafíos actuales del país.

Shirley Consuelo Bonilla, ejecutiva de la CTEUB, adelantó que los maestros urbanos presentarán un diagnóstico de las principales carencias del sector y, al mismo tiempo, recibirán la propuesta de trabajo de la nueva autoridad. El gremio espera que este primer acercamiento marque el inicio de un proceso de negociación que permita atender las necesidades urgentes de la educación boliviana.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reiterado que el tiempo se agota para garantizar la convocatoria de las elecciones subnacionales de 2026. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene hasta esta semana para aprobar la norma transitoria que permitirá lanzar oficialmente el proceso. De no hacerlo, el cronograma previsto para marzo corre el riesgo de quedar comprometido, pues la ley exige al menos 120 días de anticipación entre la convocatoria y la jornada de votación.

Los vocales del TSE han advertido que la magnitud del proceso —más de 5.000 cargos en disputa y cientos de papeletas distintas en todo el país— requiere una logística compleja que no admite retrasos. El empadronamiento, la inscripción de candidaturas y la organización de campañas dependen de que la convocatoria se emita de inmediato. Incluso la posibilidad de una segunda vuelta para gobernadores podría verse afectada si los plazos se reducen más de lo permitido.

La presión ahora recae sobre la Cámara de Diputados, que debe dar luz verde al proyecto de ley. Sin esa aprobación, no solo se pondría en riesgo la fecha de la elección, estimada para el 22 de marzo de 2026, sino también la asignación de recursos que rondan los 300 millones de bolivianos. El TSE insiste en que la estabilidad institucional y el cumplimiento de la normativa dependen de una decisión urgente que no puede postergarse más.

Un grupo de policías sancionados tras la crisis política de 2019 se manifestó este miércoles en la plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz, para exigir su reincorporación a la institución. Con pancartas y megáfonos, denunciaron haber sido víctimas de procesos injustos y pidieron el respaldo de la ciudadanía. “Defendimos al pueblo en momentos críticos, ahora pedimos que se nos escuche”, expresó Javier Triguero, uno de los uniformados dados de baja.

Los exfuncionarios aseguran que varios de ellos han ganado acciones legales, como amparos constitucionales, que anulan sus sanciones, pero que la Policía no acata esas resoluciones. Denuncian que detrás de su exclusión existe una directriz política que persiste, a pesar del cambio de gobierno. “El Tribunal Constitucional me dio la razón, pero no hay voluntad institucional para cumplir la ley”, reclamó uno de los manifestantes.

Más de 100 policías estarían en situación similar, según los organizadores de la protesta. Algunos buscan volver a sus funciones, mientras otros solo desean retirarse con dignidad. En su mensaje al pueblo cruceño, los exuniformados apelaron a la memoria colectiva: “Estuvimos con ustedes, ahora les pedimos que estén con nosotros. No queremos privilegios, solo justicia”.