Después de casi cinco años fuera del país, Yerko Núñez, exministro de la Presidencia, volvió a Bolivia este miércoles. Su retorno se da en un contexto de cambios políticos y tras la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez. Núñez aseguró que su prioridad es reencontrarse con su familia y que no tiene intenciones de volver a la política por ahora.

Durante su exilio en Brasil, Núñez enfrentó lo que él describe como una persecución política. A pesar de las dificultades, se dedicó a trabajar en distintos oficios y a capacitarse. “Nunca pensé salir de Bolivia, pero las circunstancias me obligaron. Aproveché el tiempo para crecer y sostener a mi familia”, expresó. También afirmó que está dispuesto a rendir cuentas ante la justicia si así se requiere.

El exministro fue recibido con una caravana en Rurrenabaque, su tierra natal, donde familiares y vecinos celebraron su regreso. En sus declaraciones, hizo un llamado a la reconciliación nacional y al fortalecimiento de la unidad entre los bolivianos. “Perdono a quienes me separaron de mi familia. Es momento de mirar hacia adelante”, concluyó.

Este viernes, Sucre se convertirá en el epicentro del debate sobre el futuro de la Justicia boliviana con la realización del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial. El evento reunirá a más de 500 participantes, incluidos representantes de los cuatro órganos del Estado, para abordar temas clave como la reforma normativa, el presupuesto judicial, la carrera profesional de los jueces y la incorporación de tecnologías en el sistema judicial.

Uno de los puntos más sensibles que se pondrá sobre la mesa será la elección de autoridades judiciales, especialmente en el contexto de los magistrados que continúan en funciones más allá de su mandato. Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, anticipó que este asunto podría derivar en propuestas de modificación constitucional, dependiendo de las conclusiones que surjan de las mesas de trabajo que se instalarán durante la jornada.

Además, se espera que el encuentro culmine con la firma de un documento que trace una hoja de ruta con tareas a corto, mediano y largo plazo. Entre las medidas más inmediatas figura la digitalización de procesos judiciales, que ya se está probando en Chuquisaca. Saucedo expresó su compromiso de evitar que esta cumbre repita los errores del pasado, como los ocurridos en 2016 con la Comisión 898, y aseguró que esta vez se busca una transformación genuina y participativa del sistema judicial.

El general retirado Tomás Peña y Lillo reapareció públicamente tras meses en la clandestinidad, declarando que su implicación en el caso 26J fue producto de una estrategia política en la que él no tuvo control. En sus palabras, “fui parte de una estructura que ya estaba diseñada”, reafirmando que nunca actuó por cuenta propia y que su rol fue estrictamente funcional dentro de la jerarquía militar.

Durante una entrevista televisiva, Peña y Lillo denunció que varios oficiales fueron tratados como culpables sin pruebas concluyentes, y que la exposición mediática de los detenidos buscó generar una narrativa conveniente para el gobierno. Aseguró que su decisión de mantenerse oculto fue motivada por la falta de garantías judiciales, aunque ahora confía en el compromiso del nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien ofreció condiciones para un proceso justo.

El general anunció que está preparando su retorno al país y que se presentará ante la justicia para limpiar su nombre. “No tengo nada que esconder. Mi conciencia está tranquila y mi deber con Bolivia sigue intacto”, afirmó. Peña y Lillo insistió en que los hechos del 26 de junio fueron manipulados para desacreditar a las Fuerzas Armadas y que él está dispuesto a enfrentar el proceso con la convicción de que la verdad saldrá a la luz.

El coronel Juan Carlos Bazoalto, director nacional de Interpol, ha ordenado el fortalecimiento de los controles migratorios en los 31 puntos fronterizos del país. Esta acción tiene como objetivo impedir que exautoridades con arraigo judicial de 90 días abandonen el territorio nacional, en cumplimiento de la normativa vigente. La Contraloría General del Estado aún debe remitir la nómina oficial de personas sujetas a esta restricción.

Ante rumores sobre una posible salida del expresidente Luis Arce, Bazoalto aclaró que no existen registros migratorios que confirmen tal movimiento. Según los sistemas de Migración, no se ha detectado ninguna irregularidad relacionada con exautoridades, por lo que las versiones difundidas carecen de sustento oficial.

La medida se enmarca en la ley de permanencia obligatoria aprobada en 2020, que establece que los altos cargos públicos deben permanecer en el país durante un periodo determinado tras dejar sus funciones. Esta disposición busca asegurar la disponibilidad de los exfuncionarios para eventuales investigaciones o procesos administrativos.

La Cámara de Senadores continúa ajustando los detalles para la designación de presidencias en comisiones y comités, según informó la primera vicepresidenta, Soledad Chapetón. Aunque algunas bancadas ya definieron sus representantes, otras solicitaron más tiempo, como la brigada de Potosí, que postergó su participación debido a su aniversario. Se prevé que la sesión para oficializar estas designaciones se realice entre el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana.

Chapetón explicó que la distribución interna ya está avanzada, pero aún falta consensuar la propuesta final por bloques. En paralelo, este martes se desarrollarán dos reuniones clave: una con representantes de las bancadas para definir la agenda parlamentaria, y otra con el directorio del Senado. La Alianza Unidad ya tiene delineada su propuesta, centrada en temas económicos, mientras se espera que otras fuerzas políticas presenten sus prioridades.

Además, el Senado solicitó una reunión con el presidente Rodrigo Paz para conocer de primera mano la agenda del Ejecutivo. La intención es articular un trabajo conjunto que permita atender las necesidades más urgentes del país. “Es fundamental que exista un ente colectivo de acompañamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo”, afirmó Chapetón, destacando la importancia de una coordinación institucional sólida para enfrentar los desafíos nacionales.

El Órgano Judicial confirmó la realización del Primer Diálogo Interinstitucional por la Reforma Judicial este viernes 14 de noviembre en la ciudad de Sucre. El evento reunirá a autoridades de los cuatro órganos del Estado, representantes del sistema judicial, instituciones académicas, colegios profesionales y delegaciones diplomáticas, con el objetivo de construir consensos para una transformación profunda del sistema de justicia en Bolivia.

La agenda del encuentro contempla cuatro mesas de trabajo enfocadas en temas clave: reforma normativa, presupuesto judicial, carrera judicial y modernización tecnológica. Estas áreas han sido identificadas como fundamentales para mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad del servicio judicial. El Consejo de la Magistratura, que participará activamente en el evento, reafirmó su compromiso con una reforma integral basada en criterios técnicos y una visión institucional sólida.

Además, la Magistratura presentó siete ejes estratégicos que guiarán su aporte al diálogo, entre ellos la implementación de la meritocracia, la rendición de cuentas, la independencia judicial y la garantía de acceso equitativo a la justicia. La convocatoria se extiende a todos los actores vinculados al sistema judicial, incluyendo la sociedad civil y la cooperación internacional, con la intención de construir una hoja de ruta compartida que devuelva la confianza ciudadana en la justicia boliviana.

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión clave con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, con el objetivo de consolidar una cooperación técnica y financiera que respalde los pilares de su plan de gobierno. Según detalló el mandatario en sus redes sociales, la prioridad estará centrada en infraestructura, innovación productiva y fortalecimiento institucional, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se delinearon los primeros pasos hacia una agenda de desarrollo sostenible con el respaldo de socios internacionales. Paz destacó que este tipo de alianzas son fundamentales para transformar la economía boliviana y generar condiciones que permitan atraer inversión, mejorar la competitividad y reducir las brechas estructurales que afectan a diversas regiones del país.

Además de la cita con el Banco Mundial, el presidente mantuvo reuniones bilaterales en Santa Cruz con los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann David Wadephul, y de Japón, Iwao Horii. Estos encuentros refuerzan la estrategia del gobierno de abrir canales de cooperación internacional y posicionar a Bolivia como un socio confiable en el escenario global, con una visión centrada en la sostenibilidad, la innovación y la inclusión.

Ante la creciente crisis energética que atraviesa Bolivia, el Comité Cívico pro Santa Cruz anunció la convocatoria a una Cumbre Energética nacional para diciembre. El objetivo principal será reformar la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Inversiones, con el fin de recuperar la soberanía energética, atraer capital privado y revertir la caída en la producción de gas y combustibles. Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité, advirtió que la situación requiere una respuesta estructural y colectiva, más allá de los esfuerzos paliativos del gobierno.

La propuesta contempla dos fases: una etapa regional e institucional para recoger propuestas de sectores productivos y expertos, y una plenaria nacional donde se consolidarán las conclusiones técnicas. Zambrana subrayó que la crisis energética no puede ser resuelta únicamente por la clase política, y que es urgente establecer una estrategia conjunta que contemple soluciones a corto, mediano y largo plazo. La participación del presidente Rodrigo Paz y autoridades nacionales será clave para legitimar el proceso.

Uno de los ejes centrales será la modificación de leyes que actualmente no ofrecen seguridad jurídica ni incentivos reales para la inversión. El Comité advierte que, sin reformas profundas, Bolivia corre el riesgo de perder su capacidad productiva y convertirse en importador de energía. La cumbre busca abrir un espacio plural de diálogo entre gobierno, regiones, universidades y empresas, con miras a redefinir la política energética nacional y garantizar un futuro sostenible y competitivo para el país.