El Viceministro de Defensa Civil señaló que la situación en el municipio de Tipuani, afectado por recientes inundaciones, corresponde a un problema estructural que supera las capacidades de respuesta ante emergencias. “No es un tema de simple emergencia o desastre, es un problema estructural que requiere un análisis minucioso y medidas estructurales, debido a la presencia de actividad minera”, remarcó.

Indicó que el Ministerio de Minería está organizando una reunión interinstitucional con actores sociales, en la que participarán autoridades nacionales, departamentales y municipales, para evaluar los daños y definir las acciones a emprender.

Las inundaciones en Tipuani ocasionaron graves perjuicios a viviendas, comercios y servicios básicos, afectando a numerosas familias que perdieron sus bienes y medios de vida.

El Viceministro enfatizó que este problema es común también en otros municipios próximos a zonas mineras que enfrentan situaciones similares.

La reunión interinstitucional tiene como objetivo encontrar soluciones estructurales que mitiguen los efectos de las inundaciones y prevengan futuros desastres.

Finalmente, hizo un llamado a la cooperación y coordinación de todas las partes implicadas para afrontar este complejo desafío.

María Luisa Herrera, Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, participó en la Sesión Técnica titulada “Prevención de Actividades Ilícitas Ambientales: el Papel de las Comunidades Tradicionales, el Uso de Nuevas Tecnologías y el Rol de las Instituciones Financieras”, realizada en Belem do Pará, Brasil, donde propuso la creación de una Red de Fiscalías Ambientales (RFA) para fortalecer la lucha contra estos delitos.

“Desde el Ministerio Público de Bolivia, liderado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, consideramos que la lucha contra los delitos ambientales debe ser asumida como una obligación ética, jurídica y cultural, alineada a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, que reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos y mandata su defensa como un deber estatal e institucional”, afirmó Herrera durante su intervención.

La sesión formó parte del evento internacional Heads of Prosecution Services Side Event for COP30 de las Naciones Unidas, donde Bolivia propuso la creación de la RFA, una plataforma de cooperación regional que busca fortalecer la articulación entre fiscalías, pueblos indígenas, organismos ambientales y entidades financieras. Esta iniciativa pretende integrar mecanismos como alertas comunitarias, monitoreo satelital y trazabilidad financiera para ofrecer un modelo de investigación y prevención más efectivo frente a la criminalidad ambiental transnacional.

También se presentaron los avances tecnológicos impulsados por el Ministerio Público con el Ecosistema ROMA, una plataforma digital integral para el seguimiento de causas penales, que está siendo adaptada para abordar delitos ambientales como minería ilegal, tráfico de madera y contaminación de fuentes hídricas, mediante herramientas como la interoperabilidad con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

El encuentro reunió a autoridades de alto nivel de Ministerios Públicos de América Latina y otros países invitados como Brasil, Chile, China, Colombia y Uruguay, quienes compartieron experiencias sobre el manejo jurídico y técnico de los delitos ambientales y debatieron los retos globales de la justicia penal frente a estos crímenes, buscando promover alianzas estratégicas para proteger los ecosistemas y las comunidades más vulnerables.

En el contexto del proceso de transición de gobierno, el Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, subrayó la relevancia de completar el plan de crisis climática desarrollado por su viceministerio durante esta gestión.

“Hay un plan general del cual sí se puede rescatar muchísimas cosas”, indicó Calvimontes, resaltando la necesidad de una labor conjunta e interinstitucional para enfrentar los retos climáticos que atraviesa el país.

El viceministro señaló que la crisis climática es un fenómeno global que afecta a todas las naciones, incluyendo a Bolivia, y que por ello es esencial finalizar el plan actual y modificar la Ley 602, que regula las acciones de Defensa Civil, con el fin de mejorar la rapidez en la respuesta a emergencias y desastres.

“Lo que el futuro gobierno tiene que hacer es concluir todo el plan que se tiene y seguramente van a tener tiempo también para elaborar su próximo plan para la siguiente gestión”, afirmó Calvimontes. Además, enfatizó la importancia de cumplir con los pagos pendientes a proveedores y de adquirir insumos necesarios para emergencias.

Finalmente, Calvimontes resaltó la necesidad de un trabajo coordinado para enfrentar los desafíos climáticos y asegurar una atención eficaz en situaciones de emergencia en el país.

El presidente Luis Arce afirmó que, una vez finalizado su mandato, regresará a la docencia universitaria y permanecerá en Bolivia para hacer frente a las acusaciones y “calumnias” dirigidas a él y a su familia.

En una entrevista con la cadena internacional RT, el mandatario indicó que retomará sus clases en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) el 9 de noviembre, un día después de entregar el mando a Rodrigo Paz, manteniendo así su actividad académica durante su gestión.

Arce señaló que permanecerá en el país por razones familiares y para asumir la defensa en los procesos judiciales que se deriven de ciertas denuncias.

También mencionó las acusaciones contra su hijo mayor, Luis Marcelo Arce Mosqueira, realizadas por el diputado Héctor Arce, del bloque de Evo Morales, quien lo acusó de actuar como intermediario entre el Estado y empresas ligadas a proyectos de litio sin ocupar un cargo público, basándose en una grabación difundida recientemente.

“Pensamos que esas acusaciones deben investigarse en las instancias que correspondan. Nosotros nunca hemos metido las manos en la Justicia; que siga su curso normal y legal”, declaró el presidente a la agencia EFE.

Además, aclaró que una vez se compruebe la falsedad de las denuncias, su familia ejercerá el derecho a iniciar acciones legales: “Se ha manchado nuestra imagen y nuestro apellido, y corresponde actuar conforme a la ley”.

El presidente Luis Arce anunció que no asistirá al acto de transmisión de mando presidencial programado para el 8 de noviembre en La Paz. En declaraciones a la agencia EFE, afirmó que su presencia “no es necesaria” para que el proceso se lleve a cabo, aunque aseguró que la transición hacia el nuevo gobierno se realizará con total transparencia. El mandatario saliente cederá el cargo al presidente electo Rodrigo Paz Pereira, quien ganó la segunda vuelta el pasado 19 de octubre.

La decisión de Arce marca un precedente similar al de noviembre de 2020, cuando la entonces presidenta Jeanine Añez tampoco participó en la entrega del bastón presidencial. A pesar de su ausencia, el Gobierno y el equipo de Rodrigo Paz ya han conformado dos comisiones encargadas de coordinar los detalles de la transición. Estas instancias buscan garantizar una entrega de mando institucional y sin contratiempos.

El acto oficial se celebrará en la ciudad de La Paz, descartando la propuesta de realizarlo en Sucre como parte de las actividades conmemorativas del Bicentenario. La determinación ha generado críticas por parte del Comité Cívico de Chuquisaca, que esperaba que la capital constitucional fuera sede del evento. Mientras tanto, el nuevo Ejecutivo se prepara para asumir funciones en medio de expectativas por los desafíos económicos y políticos que enfrentará el país.

El presidente Luis Arce lanzó duras críticas contra el exmandatario Evo Morales, a quien acusó de preparar una estrategia para debilitar al presidente electo Rodrigo Paz. Según Arce, Morales ve en Paz un “blanco fácil” para presionar por impunidad en los procesos judiciales que enfrenta y así allanar su camino hacia una nueva candidatura. El mandatario saliente también confirmó que no asistirá al acto de transmisión de mando, aunque aseguró una transición transparente.

Arce sostuvo que Morales fue el principal actor de la desestabilización durante su gestión, al promover bloqueos y alianzas parlamentarias con la oposición. Afirmó que el exlíder del MAS intentó acortar su mandato desde el inicio y que ahora busca influir en el nuevo gobierno para borrar sus antecedentes judiciales. La Fiscalía de Tarija presentó recientemente una acusación formal contra Morales por trata y tráfico de personas, pero la orden de aprehensión sigue sin ejecutarse.

En cuanto a su legado, Arce destacó avances en proyectos energéticos y de industrialización, como las plantas de biodiésel y los contratos de litio con empresas extranjeras. Sin embargo, reconoció que el país enfrenta una crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustibles. También pidió que el nuevo Parlamento apruebe los acuerdos internacionales y mantenga la estructura del Estado Plurinacional, aunque sugirió reformas como eliminar la elección de magistrados por voto popular.

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) entra en su etapa final y concluirá el 30 de noviembre. Las autoridades exhortan a los conductores a no dejar el trámite para último momento, ya que se prevén largas filas y operativos de control desde el 1 de noviembre. La revisión es obligatoria y busca garantizar que todos los vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad.

En Santa Cruz, se han habilitado 25 puntos fijos de inspección y cinco móviles que recorren provincias para facilitar el acceso. Los conductores que no cumplan con la ITV antes de la fecha límite deberán pagar una multa de Bs 100, además del costo de la roseta: Bs 30 para vehículos particulares y Bs 20 para públicos. Si son detectados en operativos posteriores, el monto total asciende a Bs 130 y Bs 120 respectivamente.

Durante la inspección se verifica el estado de frenos, luces, neumáticos, dirección, además de contar con extintor y botiquín médico. Para realizar el trámite, se requiere presentar el RUAT, cédula de identidad, licencia de conducir, comprobante de pago y la presencia física del vehículo. El pago puede efectuarse en más de una docena de entidades financieras habilitadas en todo el país.