La organización Cuidemos el Voto presentó su informe preliminar sobre el balotaje del 19 de octubre, en el que concluye que no se detectaron irregularidades significativas en el proceso electoral. Según el documento, el conteo rápido realizado por la red ciudadana coincide con los resultados oficiales del Sirepre del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dentro de un margen de error aceptable. Esta coincidencia respalda la legitimidad de la victoria de Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El informe también responde a las denuncias de la Alianza Libre, liderada por Jorge Quiroga, que ha cuestionado la transparencia del proceso y exigido acceso a las actas. Cuidemos el Voto señala que ambos frentes políticos tuvieron acceso a la documentación electoral y que los reportes de incidentes fueron mínimos. De los 160 casos registrados, solo cuatro fueron verificados como intentos de manipulación, sin impacto en el resultado final. La organización destaca que las denuncias representan menos del 0,5% de las mesas habilitadas.

A pesar de que los partidos no autorizaron delegados ciudadanos en esta segunda vuelta, Cuidemos el Voto logró mantener el control electoral mediante una red de voluntarios y el uso de tecnología para recopilar actas y reportes en tiempo real. Con más de 5.000 reportes enviados desde todo el país, la organización reafirma que el proceso fue transparente y que la participación ciudadana fue clave para garantizar la credibilidad del resultado.

El economista Jaime Dunn alertó que Bolivia se encuentra en una encrucijada fiscal que exige decisiones firmes por parte del nuevo Gobierno. Según el analista, el país no puede seguir postergando un ajuste económico profundo, que aunque doloroso, es indispensable para evitar un colapso financiero. Dunn subrayó que el dilema no es si se hará el ajuste, sino cómo se lo ejecutará: de forma planificada o caótica.

Durante una entrevista en el programa La Tarde en Directo de ERBOL, Dunn explicó que las reformas necesarias incluyen cambios en la política cambiaria, ajustes fiscales y la eliminación progresiva de subsidios. Estas medidas, aunque impopulares, son esenciales para recuperar la sostenibilidad macroeconómica. Criticó que los candidatos evitaran discutir estos temas en campaña, pero reconoció que el nuevo gobierno ha dado señales de acción, como asegurar el suministro de combustible tras la transición presidencial.

Dunn también advirtió sobre los efectos inmediatos de una política económica contractiva, como la desaceleración del crecimiento y el riesgo de inflación si se produce una devaluación sin respaldo suficiente. En ese contexto, destacó la importancia de contar con reservas internacionales sólidas para mantener la confianza en el sistema. Finalmente, contrastó su visión liberal de un Estado mínimo con el enfoque del PDC, que propone una descentralización con planificación estatal.

Dionisio Castro, coordinador del Comité de Operaciones Departamental (COED), informó que actualmente hay nueve municipios con declaratoria de desastre vigente por incendios forestales y sequía. Estos municipios son San Ignacio de Velasco, Ascensión de Guarayos, San Antonio de Lomerío, Lagunillas, Puerto Suárez, Kereimba Iyambae, Moro Moro, Charagua Iyambae y Santa Rosa del Sara.

Este martes se redujo a siete el número de incendios activos, cuando el lunes se contabilizaban nueve. Según el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), los incendios activos están en cuatro municipios: San Ignacio de Velasco (3), Concepción (2), Urubichá (1), y Puerto Suárez (1). Actualmente, dos incendios están en combate, tres en observación y dos en monitoreo.

Hasta ahora, la superficie afectada alcanza 229.860 hectáreas, principalmente en San Ignacio, San Matías y Concepción. Además, a través de la Comisión de Biodiversidad se tiene registrado un total de 233 especies vivas, 12 muertas y 35 atendidas.
En cuanto a la asistencia humanitaria, el COED ha entregado más de 32,76 toneladas de ayuda, combinando recursos propios (21,3 toneladas) y donaciones (11,46 toneladas).

La irregular entrega de harina subvencionada por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) genera preocupación entre los panificadores de El Alto, que advirtieron que el precio del pan podría subir a 1,40 bolivianos por unidad si la situación no se resuelve pronto.

Juan de Dios Castillo, ejecutivo de la Federación de Panificadores Artesanos de El Alto, señaló que la escasez de harina está afectando la producción diaria. Según Castillo, el sector adeuda 80 mil quintales de harina correspondientes al mes de septiembre, además de otros insumos comprometidos.

Castillo informó que este jueves a las 11:00 se realizará una reunión de emergencia para analizar el problema y definir la fecha del ampliado general, donde se decidirán las acciones concretas del gremio.

Los panificadores destacaron que el suministro constante de harina subvencionada es clave para mantener estable el precio del pan de batalla, un alimento básico para muchas familias. De no cumplirse con las entregas, no descartan aplicar un aumento como medida de emergencia.

El equipo del presidente electo Rodrigo Paz afirmó que garantizará el abastecimiento de gasolina y diésel desde el 8 de noviembre. Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, considera factible comprar el combustible al “fiado” porque la población no tolera 30 días más de desabastecimiento y filas. Según dijo a Visión 360, “lo primero que espera la población el 9 de noviembre es que el mercado esté abastecido. Eso es vital. Luego, más adelante, el Gobierno electo deberá resolver el tipo de cambio. Es razonable que se pueda comprar gasolina y diésel, fiado, te compro ahora y te pago después”.

Ríos advirtió que, si continúa el desabastecimiento y las filas por 30 días, el nuevo Gobierno enfrentará graves problemas. “Ellos seguro han tomado el problema en serio y están viendo pagos diferidos, compro ahora y te pago después con alguna garantía que seguro están mecanizando. La población está desesperada, no aguanta más”, alertó. Además, explicó que el país seguirá parcialmente desabastecido hasta el cambio de Gobierno, causando daño económico y angustia, porque muchos conductores no pueden movilizarse ni llegar a sus casas, situación que calificó de desastre generado por el MAS.

El exministro señaló que el equipo gubernamental entrante debería coordinar con los ejecutivos de YPFB para conocer el stock y ubicación del combustible disponible, a fin de normalizar el suministro a partir del 9 de noviembre, especialmente en zonas alejadas donde falta Gas Licuado de Petróleo (GLP) o llega con poca frecuencia.

Finalmente, criticó la irresponsabilidad del gobierno de Luis Arce por no haber previsto la crisis hace más de tres años, cuando se les advirtió sobre el riesgo del desabastecimiento por la falta de dólares. Según Ríos, se negaron los primeros indicios, culpando a factores externos como bloqueos o sobredemanda, mientras el verdadero problema es la falta de divisas. Indicó que YPFB no dispone de dólares y que el Banco Central ha tenido que vender oro por adelantado.

Por su parte, Gabriel Espinoza, jefe del equipo económico del PDC, explicó que la provisión se garantizará mediante acuerdos de ventas anticipadas con pagos diferidos, lo cual aliviará el flujo económico en importaciones por un monto estimado en 750 millones de dólares. “No se pagará todo el combustible contratado en los primeros tres a seis meses de una sola vez; hay un proceso de pago en cuotas. Eso es lo que aliviará el flujo, porque el gran problema actual es que hay más gastos que ingresos y se está tratando de ordenar”, concluyó.

El Ministerio Público de Tarija presentó una acusación formal contra el expresidente Juan Evo Morales Ayma y otra persona en un caso por presunta trata de personas agravada. La fiscal departamental Sandra Gutiérrez informó que esta decisión se tomó tras revisar los elementos recolectados en la investigación que comenzó en septiembre de 2024. «Luego de analizar más de 18 cuerpos de prueba, se ha presentado la acusación formal contra Juan Evo Morales y la señora Idelsa Pozo», indicó en conferencia de prensa.

El proceso se originó a partir de una denuncia sobre una supuesta relación entre Morales y una adolescente en 2015, cuando aún era presidente del Estado. Según la investigación, de esa relación habría nacido una niña.

La Fiscalía considera que existen indicios suficientes para sostener la acusación, y también incluyó a Idelsa Pozo, madre de la presunta víctima. Gutiérrez explicó que ahora corresponde al juez remitir el expediente al tribunal competente para fijar fecha para el juicio. Además, recordó que Morales fue declarado en rebeldía en enero de 2025 y tiene una orden de aprehensión vigente.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Defensoría del Pueblo manifestaron su inquietud por las protestas que se registraron en varias ciudades tras el balotaje del 19 de octubre. Jóvenes inconformes con los resultados se movilizaron en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Oruro, denunciando presunto fraude sin presentar pruebas formales.

El vocal del TSE, Francisco Vargas, llamó a la reflexión y recordó que en democracia se debe aceptar tanto la victoria como la derrota. Comparó la situación con una barra brava que reacciona violentamente tras perder un partido, y destacó que los resultados reflejan la voluntad popular expresada en las actas electorales. En Santa Cruz, por ejemplo, la Alianza Libre tuvo mayoría, pero no ocurrió lo mismo en otros departamentos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo instó al respeto institucional y al diálogo democrático, subrayando que la protesta pacífica es legítima, pero no así la violencia ni los intentos de deslegitimar el proceso electoral. La institución reconoció el trabajo del Órgano Electoral, que llevó adelante los comicios en condiciones complejas y bajo observación nacional e internacional, sin que se hayan detectado irregularidades que comprometan la validez de los resultados.

Durante la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, la Policía Boliviana detuvo a 221 personas con órdenes de aprehensión, aprovechando su presencia en los recintos de votación. De ese total, al menos 172 fueron encarceladas por incumplir el pago de asistencia familiar, según informó la Dirección General de Régimen Penitenciario.

El director Juan Carlos Limpias explicó que las detenciones fueron posibles gracias al cruce de datos entre el sistema judicial y el padrón electoral. Muchos de los aprehendidos ya habían emitido su voto cuando fueron identificados por los agentes. El resto de los detenidos enfrentaba cargos por delitos menores.

La operación fue coordinada con operadores de justicia en todo el país y se ejecutó de forma simultánea en distintos centros de sufragio. Limpias destacó que el incumplimiento de asistencia familiar continúa siendo uno de los delitos más recurrentes, y que este tipo de acciones buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales.