El presidente Rodrigo Paz realizó un nuevo ajuste en su gabinete ministerial en medio de la creciente crisis social y política que atraviesa el país, marcada por más de un mes de bloqueos, problemas de abastecimiento y la falta de acuerdos con los sectores movilizados.
Los cambios fueron definidos luego de una extensa reunión entre el mandatario y sus ministros, donde se evaluó el complejo escenario nacional. Tras el encuentro se confirmó la salida del ministro de Defensa, Marcelo Salinas, y de la ministra de Educación, Beatriz García.
En la cartera de Defensa asumirá Ernesto Justiniano, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. La nueva autoridad ganó notoriedad por su participación en operativos antidroga y por la coordinación de acciones internacionales contra organizaciones criminales.
Justiniano estuvo vinculado a investigaciones de alto perfil relacionadas con el narcotráfico y anteriormente ocupó funciones similares durante el gobierno de Hugo Banzer. Su llegada al Ministerio de Defensa ocurre en un momento clave debido al papel estratégico que desempeñan las Fuerzas Armadas en el actual contexto de conflictividad social.
Por otra parte, también se confirmó la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García. Hasta el momento el Gobierno no informó oficialmente las razones de su salida ni anunció quién ocupará el cargo de manera definitiva.
La dimisión de García representa la tercera baja de alto nivel dentro del gabinete en menos de un mes, después de la salida de la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo.
Los cambios se producen mientras continúan las movilizaciones y bloqueos impulsados por sectores que exigen la renuncia anticipada del presidente Rodrigo Paz. La crisis afecta principalmente a La Paz, aunque Cochabamba también enfrenta cada vez mayores dificultades por la interrupción de carreteras.
El reajuste ministerial coincide además con el desgaste de la estrategia de diálogo promovida por el Gobierno. Pese a diversos intentos de acercamiento durante las últimas semanas, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó su rechazo a participar en una mesa de negociación.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en buscar una salida pacífica al conflicto, aunque la presión social y económica continúa creciendo en varias regiones del país.
