Durante la inauguración de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó su apoyo al Gobierno boliviano y advirtió sobre acciones que, según afirmó, buscan alterar el orden constitucional en el país. Asimismo, anunció su respaldo a una iniciativa para enviar una misión internacional a Bolivia.
En su intervención ante los representantes de los Estados miembros de la OEA, Mulino expresó la solidaridad de Panamá con Bolivia y señaló que la actual situación política del país genera preocupación en la región.
“El Gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado, que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, afirmó José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
El mandatario panameño indicó además que respaldó una propuesta destinada a fortalecer el acompañamiento internacional al país andino mediante el envío de una delegación de alto nivel.
“Por ello, en conversación que tuve con el señor secretario general de nuestra organización, avalé inmediatamente una propuesta para conformar una comisión de cancilleres y de ministros de defensa o de seguridad pública para que viajen lo más pronto posible a Bolivia y demos un respaldo a nuestro amigo presidente Rodrigo Paz”, señaló.
Mulino también advirtió sobre el impacto del crimen organizado transnacional y el narcotráfico en la estabilidad institucional de los países de la región. Según sostuvo, estas estructuras representan una amenaza para la confianza ciudadana y el funcionamiento de los Estados.
En el marco del encuentro internacional, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, agradeció públicamente el respaldo expresado por Panamá y destacó la importancia de la cooperación regional frente a la crisis que atravesó el país.
“Hemos recibido un respaldo manifiesto y abierto del pueblo panameño. Esta es una muestra de la vocación que tiene Panamá para convertirse en un espacio de diálogo y de reflexión pacífica de controversias”, manifestó Aramayo.
La autoridad boliviana recordó además que otros países de la región también expresaron su preocupación por la situación nacional y defendieron la continuidad del orden democrático.
“Esperamos una resolución de la Asamblea que dé cuenta del apoyo a la democracia boliviana, del rechazo a cualquier acción que vaya a interrumpir el orden constitucional establecido y la vigencia plena de los derechos humanos”, agregó el canciller.
Las declaraciones se produjeron luego de que Bolivia superara un conflicto social que se extendió durante 53 días y que concluyó el 22 de junio con el levantamiento de los últimos puntos de bloqueo. La normalización de las carreteras se registró tras la declaración de estado de excepción emitida por el presidente Rodrigo Paz el pasado 20 de junio.
