El presidente Rodrigo Paz afirmó que la Ley 1720 sobre reconversión de tierras no será abrogada, aunque planteó su revisión y perfeccionamiento a través de un proceso de diálogo nacional. Sus declaraciones se dan en medio de movilizaciones de sectores indígenas y campesinos que exigen la anulación de la norma.
En una entrevista con el programa Cabildeo Digital, el mandatario señaló que la normativa debe ser analizada para introducir ajustes, pero sin eliminarla. “Hay que revisarla, no en el sentido de abrogarla, sino de abrirla y perfeccionarla”, sostuvo el presidente del Estado, al referirse a la ley.
El jefe de Estado explicó que el objetivo es garantizar seguridad jurídica tanto para quienes poseen tierras como para quienes buscan desarrollar actividades productivas. “La ley debe dar firmeza y seguridad para que todos puedan ejercer sus derechos y también impulsar la inversión”, indicó.
Asimismo, anunció la realización de un encuentro nacional previsto para finales de mayo, con el fin de debatir el alcance de la normativa con distintos sectores. “Vamos a convocar a un gran encuentro sobre la tierra para hablar con la verdad a todas las regiones”, afirmó Paz.
Paz también hizo énfasis en la necesidad de evitar confrontaciones regionales y promover acuerdos. “Ni el oriente debe imponer al occidente ni viceversa; debemos conciliar y llegar a consensos como país”, señaló, al tiempo de subrayar que cualquier modificación debe enmarcarse en la Constitución.
El mandatario reiteró que el debate debe centrarse en el respeto de los derechos establecidos por la Carta Magna. “No corresponde imponer un derecho sobre otro; todos deben ejercerse dentro de lo que establece la Constitución”, precisó.
Las declaraciones surgen en un contexto de movilización social, tras el ingreso a La Paz de una marcha indígena y campesina procedente de Pando y Beni, que demanda la abrogación de la Ley 1720. Los manifestantes expresan preocupación por posibles afectaciones a la propiedad de la tierra.
Durante el recorrido de la movilización, el Gobierno impulsó acciones para contener la protesta, incluyendo espacios de diálogo y la emisión del Decreto Supremo 5613, que establece lineamientos para la titulación de tierras en la región amazónica.
Mientras los sectores movilizados mantienen su exigencia de anular la norma y advierten con intensificar sus medidas, el Ejecutivo insiste en abrir un proceso de discusión nacional orientado a ajustar la ley dentro del marco constitucional.
