Lo que comenzó como una serie de protestas sectoriales por demandas económicas y sociales terminó convirtiéndose en la mayor crisis política que enfrenta el presidente Rodrigo Paz desde que asumió el poder hace apenas seis meses. Bloqueos, marchas, enfrentamientos con la Policía y pedidos de renuncia marcaron las últimas semanas en Bolivia, mientras el conflicto adquirió repercusión internacional.
La crisis inició a principios de mayo con movilizaciones de campesinos e indígenas amazónicos que rechazaban la Ley 1720 sobre reclasificación de tierras. Los sectores movilizados denunciaban que la norma favorecía la concentración de propiedades en manos de grandes empresarios y terratenientes. Aunque el Gobierno decidió abrogar la ley el 13 de mayo, las protestas ya se habían extendido hacia otras regiones y sectores sociales.
Posteriormente, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó un pliego de más de 200 demandas, entre ellas un incremento salarial del 20 %, medidas contra la inflación y garantías para las empresas estatales. Desde entonces, comenzaron protestas diarias lideradas por maestros, mineros, campesinos y trabajadores fabriles. El Gobierno logró acuerdos parciales con algunos sectores, pero rechazó las principales exigencias económicas.
El conflicto dio un giro político cuando el dirigente de la COB, Mario Argollo, y organizaciones campesinas firmaron un pacto para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Desde ese momento, se intensificaron los bloqueos de carreteras y el cerco a La Paz y El Alto, afectando el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.
En medio de la crisis, el Gobierno acusó al expresidente Evo Morales de impulsar las movilizaciones y buscar desestabilizar al Ejecutivo. Morales negó inicialmente pedir la renuncia presidencial, aunque posteriormente planteó convocar a elecciones generales en un plazo de 90 días como salida a la crisis. El exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba mientras enfrenta un proceso judicial y una orden de aprehensión por un caso de estupro.
La tensión escaló aún más tras los violentos enfrentamientos registrados el 18 de mayo en el centro paceño, donde se reportaron ataques a instalaciones públicas, agresiones a periodistas, policías heridos y más de 120 personas arrestadas. El Gobierno respondió con operativos policiales y militares para desbloquear rutas y anunció procesos judiciales contra dirigentes sindicales y manifestantes acusados de vandalismo y terrorismo.
La situación también provocó repercusiones internacionales. Estados Unidos expresó su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz y calificó las protestas como un intento de desestabilización democrática. En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro habló de una “insurrección popular”, lo que generó un fuerte conflicto diplomático entre La Paz y Bogotá y terminó con la expulsión de la embajadora colombiana en Bolivia.
Actualmente, Bolivia continúa atravesando una crisis marcada por bloqueos, tensión política y una creciente polarización entre el Gobierno, los sectores movilizados y la oposición.
