El presidente Rodrigo Paz Pereira cumplirá este 8 de mayo seis meses al frente del Gobierno boliviano, en un periodo caracterizado por ajustes económicos, modificaciones en la política exterior y una elevada conflictividad social en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
Desde el inicio de su mandato, el Ejecutivo impulsó medidas orientadas a modificar el modelo económico aplicado durante las últimas dos décadas bajo los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), aunque varias de esas decisiones encontraron resistencia en sectores sindicales y organizaciones sociales.
Cambio en la política exterior
Uno de los principales giros del nuevo Gobierno estuvo relacionado con la política internacional. Paz planteó desde el inicio de su administración una estrategia de mayor apertura hacia otros países y organismos multilaterales.
“Bolivia en el mundo” y que “el mundo venga a Bolivia”, expresó el mandatario al referirse a su visión de política exterior.
La nueva orientación diplomática derivó en acercamientos con Estados Unidos e Israel, países con los que existieron tensiones durante las administraciones de Evo Morales y Luis Arce. Paralelamente, el Gobierno tomó distancia de aliados tradicionales del MAS como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán.
Además, el Ejecutivo inició gestiones con organismos financieros internacionales y busca fortalecer una agenda económica y comercial con Chile, dejando en segundo plano el histórico reclamo marítimo boliviano.
Ajustes económicos y crisis interna
La administración de Paz asumió el Gobierno en un contexto marcado por la escasez de dólares, problemas de abastecimiento de combustibles y una inflación que cerró 2025 en 20,40%.
En respuesta a ese escenario, el Ejecutivo aplicó medidas como la reducción de la subvención a los carburantes, recortes al gasto público y la implementación de un tipo de cambio “referencial” diario para contener la especulación en el mercado paralelo de divisas.
El presidente reconoció anteriormente que el país recibió “una economía quebrada”, mientras que el Gobierno sostiene que las medidas buscan estabilizar las finanzas nacionales y recuperar la confianza internacional.
Según datos oficiales, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los 3.542,9 millones de dólares durante el primer trimestre y el país registró un superávit comercial de 1.268 millones de dólares. Sin embargo, la falta de divisas continúa afectando distintos sectores económicos debido a la necesidad de importar combustibles.
Reformas estructurales
Otra de las prioridades del Ejecutivo es la modificación del marco legal en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía, minería e inversiones.
Paz cuestionó el modelo de nacionalizaciones implementado durante la gestión de Evo Morales y sostuvo que las políticas aplicadas en ese periodo limitaron nuevas inversiones y redujeron la capacidad de exploración energética.
En ese contexto, el Gobierno prepara proyectos de ley destinados a ampliar la participación privada y otorgar mayor seguridad jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros.
Incremento de la violencia y lucha contra el crimen
Durante este semestre también se registró un incremento de hechos vinculados al crimen organizado y al sicariato, principalmente en Santa Cruz y Cochabamba.
Uno de los hechos más relevantes fue la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo durante un operativo en Santa Cruz y posteriormente extraditado a Estados Unidos.
El presidente Paz atribuyó el aumento de hechos violentos a disputas internas entre organizaciones criminales.
Otro caso que generó preocupación nacional fue el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure, hecho que motivó pedidos de mayor seguridad para autoridades judiciales.
Conflictos sociales y presión sindical
Las reformas impulsadas por el Ejecutivo también derivaron en protestas y movilizaciones encabezadas por sectores que anteriormente respaldaban al MAS, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas.
Las principales demandas están relacionadas con salarios, políticas económicas, combustibles y el rechazo a eventuales procesos de privatización de empresas estatales.
Paz admitió que uno de los momentos más complejos de su gestión fue la crisis generada por la distribución de gasolina de baja calidad, situación que provocó reclamos de transportistas y bloqueos en diferentes regiones del país.
En medio de ese escenario, el Gobierno insiste en la necesidad de alcanzar acuerdos políticos y sociales para sostener las reformas y reducir la conflictividad.
