Los trabajadores del sector salud de Santa Cruz mantienen sus movilizaciones por la falta de pago del bono de vacunación, beneficio que, según la dirigencia, continúa pendiente desde hace varios meses. El conflicto involucra a cerca de 7.000 funcionarios, entre personal dependiente del Ministerio de Salud y de la Gobernación, quienes exigen a las autoridades definir responsabilidades y cumplir con el desembolso.
La dirigente del sector, Estela Ortuste, informó que el 23 de octubre la Confederación de Trabajadores en Salud sostuvo una reunión con la ministra del área, en la que se asumieron compromisos para cancelar el beneficio al personal dependiente del nivel central y trabajar en una reglamentación que establezca quién debe cubrir el pago al resto de los trabajadores. Sin embargo, afirmó que esos compromisos no se cumplieron dentro del plazo previsto.
De acuerdo con la dirigencia, aproximadamente 5.000 trabajadores dependen del Ministerio de Salud y otros 2.000 de la Gobernación cruceña. Ortuste sostuvo que la administración departamental debe asumir el pago correspondiente a sus funcionarios y cuestionó que hasta ahora no existan acciones concretas para resolver la situación. También señaló que todavía falta una reglamentación que delimite las obligaciones del Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios.
Ante la falta de una solución, los trabajadores acatarán un paro nacional de 24 horas este jueves 5 de noviembre. En Santa Cruz, además, se anunció una segunda jornada de protesta departamental para el viernes 6, cuya continuidad dependerá de las respuestas que reciban de las autoridades y de las decisiones que adopten las bases del sector.
La medida de presión tendrá repercusiones en los establecimientos públicos de salud. Durante el paro no se atenderán consultas externas ni se distribuirán fichas para especialidades, mientras que los servicios de emergencia permanecerán habilitados para atender a pacientes que requieran asistencia urgente. La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, cuestionó la suspensión de actividades y planteó que se realicen controles y descuentos al personal que acate la medida.
Los trabajadores insisten en que el bono de vacunación es un beneficio que les corresponde y exigen que tanto el Gobierno nacional como la Gobernación asuman sus responsabilidades para concretar el pago. Mientras continúa el conflicto, los pacientes podrían enfrentar nuevas dificultades para acceder a consultas y otros servicios médicos, en tanto las autoridades y los representantes sindicales no logren alcanzar un acuerdo.
