La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazaron una disposición transitoria del Presupuesto General del Estado 2025 que permitiría la «confiscación y/o decomiso de productos» a empresas y manifestaron su «más profunda preocupación y alarma».
En criterio de la institución industrial se incluye esa disposición «bajo el pretexto de que ‘pretendan encarecer los precios de los mismos'».
«Los industriales en forma categórica solicitan al presidente Luis Arce Catacora eliminar la citada disposición, para evitar un clima de total inseguridad jurídica para la iniciativa privada», urgió el Gobierno.
Para los industriales, «la disposición adicional séptima del PGE – 2025 se convertirá en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo, puesto que facultará a entidades públicas ‘competentes’ a activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los industriales legalmente establecidos».
