El megaoperativo policial desplegado entre la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre en Santa Cruz, La Paz y Sucre derivó en la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, además de fiscales, policías y otros funcionarios. El Gobierno informó inicialmente de 14 personas aprehendidas y anunció que las investigaciones continuarán para establecer presuntos vínculos entre autoridades y redes relacionadas con el narcotráfico. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, advirtió que las acciones no han concluido y afirmó que “esto recién comienza”.
El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, explicó que el operativo se desarrolló a partir de reportes financieros y antecedentes de investigaciones abiertas en Santa Cruz por presunta legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según el informe policial, el mayor Rubén Aparicio Villarroel fue uno de los primeros aprehendidos en La Paz y habría proporcionado información sobre presuntos vínculos de altas autoridades del Ministerio Público con hechos de soborno y narcotráfico.
Posteriormente, Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru. De acuerdo con la Policía, ambos fueron trasladados a La Paz por razones de seguridad, ante reportes de posibles interferencias en el procedimiento. En Sucre, también fue aprehendido el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, quien, según la versión policial, se encontraba en dependencias de la Fiscalía General junto a otras personas que presuntamente intentaban retirar documentación vinculada con la investigación.
Durante los operativos en domicilios relacionados con los investigados, la Policía reportó que dos técnicos especializados en cámaras de vigilancia e informática fueron encontrados en la vivienda de Zeballos, presuntamente cuando intentaban retirar los dispositivos de almacenamiento de las cámaras. Además, los efectivos interceptaron una ambulancia particular que había ingresado al domicilio de Mariaca y que, al salir, transportaba maletines con dinero. El conteo oficial estableció el hallazgo de aproximadamente Bs 3,5 millones y 10.000 dólares, fondos que, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, estarían relacionados con presuntas exacciones a personas que acudían a la Fiscalía.
El Ejecutivo sostiene que las investigaciones apuntan a una presunta organización criminal que habría utilizado posiciones institucionales para brindar protección a actividades vinculadas con el narcotráfico. Oviedo mencionó posibles delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Por su parte, Gálvez informó que los teléfonos celulares de los aprehendidos estaban siendo sometidos a procedimientos de extracción y análisis para examinar contactos, comunicaciones y posibles flujos de llamadas. Estas afirmaciones corresponden a hipótesis y declaraciones oficiales que deberán ser respaldadas durante el proceso judicial.
El caso también retoma antecedentes vinculados a Sebastián Marset, incluido el fallido operativo para capturarlo en julio de 2023, cuando Mariaca se desempeñaba como fiscal en Santa Cruz. El Gobierno también señaló al exministro Eduardo Del Castillo, quien figura entre las personas buscadas en el marco de las pesquisas. Mientras la Asamblea Legislativa debía abordar la situación institucional de la Fiscalía, las autoridades indicaron que corresponde al proceso investigativo determinar la participación individual de cada involucrado. Hasta el cierre de la información, no se había confirmado la presentación de una imputación formal contra Mariaca y los demás aprehendidos, por lo que sus responsabilidades deberán establecerse conforme a la ley y respetando la presunción de inocencia.
