Los gobiernos de 14 países integrantes del Escudo de las Américas expresaron su respaldo al presidente Rodrigo Paz, mediante un pronunciamiento conjunto en el que destacaron las acciones de su administración contra el narcotráfico y la corrupción. El comunicado alienta a Bolivia a continuar con las investigaciones y los procesos judiciales dirigidos a establecer responsabilidades por presuntos vínculos con redes criminales.
El pronunciamiento fue suscrito por Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Los países manifestaron su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno boliviano y señalaron la importancia de investigar a las redes que presuntamente estarían involucradas en actividades ilícitas y hechos de corrupción.
Este respaldo se produce después de los operativos policiales ejecutados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en distintos departamentos del país, que derivaron en la aprehensión de varias personas, entre ellas el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, además de otras autoridades, fiscales y exfuncionarios. Las actuaciones forman parte de las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios y el narcotráfico.
En el comunicado, los países integrantes del Escudo de las Américas señalaron que las acciones policiales contra funcionarios actuales y anteriores envían un mensaje sobre la posición de sus gobiernos frente a la influencia de organizaciones criminales. Asimismo, remarcaron su rechazo a la presunta participación de autoridades en actividades ilícitas, independientemente del nivel institucional que ocupen.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que los operativos permitieron desmontar una presunta organización criminal que, según sus declaraciones, habría sido liderada por Mariaca. Estas acusaciones forman parte de las investigaciones en curso y deberán ser respaldadas mediante pruebas y procedimientos judiciales que permitan establecer la responsabilidad individual de los involucrados.
Finalmente, los gobiernos firmantes alentaron a Bolivia a continuar con las investigaciones y el procesamiento de las presuntas redes criminales. El desarrollo de estos casos deberá avanzar conforme a la legislación nacional, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos y determinan las responsabilidades que correspondan.
