sábado, diciembre 6, 2025
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EEUU podría deportar a Arturo Murillo a Bolivia en dos semanas, según el procurador del Estado

El procurador del Estado, Ricardo Condori, informó que un juez de Migración de Estados Unidos definirá la situación legal del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien cumplió una condena en ese país por lavado de dinero. En caso de no existir observaciones o solicitudes por parte de Murillo o su defensa, el exfuncionario podría ser deportado a Bolivia en un plazo aproximado de dos semanas.

“El Gobierno ha comunicado a su par de Estados Unidos que Murillo ya cuenta con dos sentencias en Bolivia y enfrenta otros procesos judiciales, desde legitimación de ganancias ilícitas hasta casos como Senkata y Sacaba, entre otros”, explicó Condori.

Actualmente, Murillo se encuentra en un centro para migrantes en Estados Unidos a la espera de la resolución judicial. No obstante, el exministro tiene la opción de solicitar asilo, lo que podría retrasar su retorno al país. “Una vez que le asignen este número, es un número A que se asigna a este tipo de situaciones jurídicas como las que tiene Murillo, por la página web también se podrá conocer su situación jurídica”, indicó el procurador.

Respecto a los plazos, Condori señaló: “Si es que no existe alguna observación o alguna solicitud por parte del señor Arturo Murillo o su defensa, me imagino que tal vez están pensando en dicha situación, si no estuviera una solicitud, inmediatamente, en el transcurso de dos semanas, ya debería ser deportado”.

Sin embargo, aclaró que si existe una petición y el juez competente la considera procedente, el proceso podría extenderse “dentro de un mes, dos meses o lo que creyera conveniente el juez administrativo en Estados Unidos”, aunque aseguró que el caso concluirá con una resolución definitiva.

El procurador aseguró que las autoridades bolivianas están tomando las medidas necesarias para estar informadas sobre el caso. Por otra parte, el Gobierno boliviano activó un trámite de extradición en relación con Murillo por el caso “Gases Brasil”. “Este ciudadano debe pagar por todas las atrocidades que ha hecho”, concluyó Condori.

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