El transporte pesado nacional dio un plazo de 15 días al Gobierno para atender las principales demandas del sector, entre ellas el abastecimiento de combustibles, el estado de las carreteras, las deudas bancarias y la situación tributaria. Los dirigentes advirtieron que, si no reciben respuestas, asumirán medidas de presión y acciones legales.
Las determinaciones fueron adoptadas durante un ampliado nacional realizado en Cochabamba. El dirigente del sector, Domingos Ramos, informó que una de las principales exigencias es que la importación libre de combustibles se realice sin el pago de aranceles y con garantías jurídicas para quienes decidan abastecer al sector.
“Nosotros, como transportistas de carga pesada de los nueve departamentos, en este ampliado hemos determinado temas muy importantes para nuestro sector. En tema combustibles, el transporte pesado resuelve que el decreto que ha lanzado el Gobierno de libre importación sea con cero arancel y que el mismo Gobierno preste seguridad jurídica a los importadores. Que no sea un gobierno tranca, que nos deje traer combustible para el consumo de los transportistas”, manifestó Ramos.
El sector también solicitó al Ministerio de Obras Públicas realizar una inspección técnica de las carreteras interdepartamentales en un plazo no mayor a 15 días, con la presencia de un notario de fe pública, para verificar el estado de la infraestructura vial.
En materia financiera, los transportistas anunciaron que pedirán una reunión con el Ministerio de Economía, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), con el objetivo de analizar la condonación de intereses y el levantamiento de reportes negativos que, según indicaron, afectan a gran parte de sus afiliados.
Asimismo, Ramos informó que el sector volvió a solicitar una reunión con el presidente Rodrigo Paz, mediante una quinta carta enviada al Ejecutivo, para tratar de manera conjunta las problemáticas que enfrenta el transporte pesado.
“Si en el plazo de 15 días no existen avances concretos en las demandas planteadas, el transporte pesado se declarará en quiebra nacional”, advirtió el dirigente.
Añadió que, de mantenerse la falta de respuestas, el sector dejará de pagar peajes, créditos bancarios e impuestos, además de iniciar procesos penales contra ministros de Estado por presunto incumplimiento de deberes.
El transporte pesado nacional dio un ultimátum de 15 días al Gobierno para atender sus demandas y advirtió que, de no registrarse avances, activará medidas de presión, acciones legales y otras determinaciones aprobadas por el ampliado nacional.
