La Dirección General de Régimen Penitenciario emitió un comunicado para rechazar las acusaciones formuladas por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien denunció cortes de agua y represalias durante su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en Viacha, departamento de La Paz.
Tras su liberación el viernes, Camacho afirmó haber sido víctima de “torturas blandas” durante sus más de dos años de reclusión, señalando que le cortaron el suministro de agua por cinco días, le restringieron las salidas al sol y limitaron su alimentación.
En respuesta, la Dirección General de Régimen Penitenciario expresó que se vio en la “necesidad” de informar a la población para “preservar la verdad” y aseguró que las declaraciones de Camacho “carecen de fundamento”, puesto que representantes de organismos internacionales y de derechos humanos visitaron la prisión donde estuvo recluido.
“El suministro de agua y los servicios básicos se gestionan de manera colectiva para toda la población privada de libertad, sin distinciones ni tratos diferenciados”, sostuvo la entidad, desacreditando las denuncias de Camacho.
Asimismo, la Dirección condenó el uso político de su gestión y ratificó que todas las acciones en los recintos penitenciarios se ejecutan conforme a la normativa vigente, garantizando un respeto absoluto a los derechos humanos.
