El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que en seis audiencias desarrolladas durante la última semana se lograron obtener nueve sentencias condenatorias contra nueve personas, cuyas edades oscilan entre 19 y 86 años. Los condenados, identificados como Carlos H.M.O., José L.M.O., Hermitaño M.Q., Leónides F.D., Damián C.P., Juan G.C.Ch., Ariel O., Marco R. y Ramón A., fueron hallados culpables de delitos que incluyen asesinato, violación con agravante, violación simple, robo agravado, zoofilia y encubrimiento de abuso sexual contra menores, cometidos en diferentes hechos dentro del departamento.
El fiscal detalló que la Fiscalía presentó pruebas contundentes en cada caso, que abarcaron desde informes psicológicos de las víctimas, declaraciones en Cámara Gesell de menores, testimonios de testigos, informes policiales, hasta registros de las escenas del crimen y certificados médicos forenses que evidenciaron la existencia de los delitos. Esta sólida evidencia fue clave para que los tribunales competentes dictaran las sentencias.
Uno de los casos destacados fue el de Juan G.C.Ch., de 23 años, quien admitió haber apuñalado a dos personas en vía pública el 3 de septiembre de 2025. A pesar de que ambas víctimas recibieron atención médica, una falleció debido a la gravedad de sus heridas. Juan G.C.Ch. solicitó acogerse a un procedimiento abreviado y fue condenado a 30 años de prisión, que deberá cumplir en el penal de El Abra.
Por otro lado, en el caso de violación con agravante, Hermitaño M.Q., de 49 años, fue condenado a 20 años de prisión. Durante el juicio oral, la Fiscalía demostró con pruebas contundentes que el acusado abusó sexualmente de su sobrina de 14 años. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N.º 1 de Quillacollo, y se cumple también en el penal de El Abra.
Estas condenas reflejan el compromiso de la Fiscalía de Cochabamba en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables de delitos graves.
