La falta de consensos en la Asamblea Legislativa sobre la ley de convocatoria para renovar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha encendido las alarmas entre legisladores de oposición. El mandato actual de los vocales concluye el 19 de diciembre, y el retraso en su reemplazo podría afectar directamente el calendario de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026. La convocatoria debería emitirse en enero, pero el estancamiento legislativo amenaza con postergarla.
Diputados como Dalia Santamaría y Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, advirtieron que si no se aprueba la ley en los próximos días, será necesario emitir una norma que prorrogue tanto al TSE como a las autoridades subnacionales. Esta medida implicaría extender el mandato de alcaldes y gobernadores, lo que podría generar cuestionamientos sobre su legitimidad. Desde el oficialismo, se intenta reunir apoyo entre legisladores disidentes para viabilizar el proyecto, lo que ha sido criticado como una maniobra de control político.
Mientras tanto, el diputado Manuel Ormachea aseguró que la nueva legislatura trabajará con mayor compromiso para cumplir los plazos establecidos. Sin embargo, el tiempo apremia y la falta de acuerdos mantiene en suspenso el proceso electoral. Varios asambleístas coinciden en que una prórroga sin consenso podría debilitar la institucionalidad democrática y generar tensiones en el escenario político nacional.
