Martín Torrico, responsable del Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD), explicó que se identificaron más de 30 casos que evidencian una preocupante tendencia al uso de expresiones discriminatorias en espacios físicos y digitales.
“Los hechos registrados, evidencian diversas formas de afectación, entre ellas agresiones físicas, ataques verbales, estigmatización pública, exclusión por motivos étnicos, culturales o de género, así como la difusión de mensajes de odio que incitan a la polarización y vulneran los principios de igualdad y dignidad humana”, detalló.
El informe “Miradas que Transforman” destaca dos incidentes sobre el uso de la Wiphala: en Llallagua, el símbolo fue bajado de un mástil; y en San Ignacio de Velasco, una mujer fue impedida de desfilar portándolo. “Estas acciones reflejan el rechazo a un símbolo representativo de los pueblos indígenas y refuerzan la polarización entre habitantes urbanos y rurales”, señala el documento. Además, recuerda que estos actos vulneran derechos contemplados en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Dos casos de incitación a la violencia electoral viralizados en redes sociales involucran al vicepresidente del Concejo Municipal de Trinidad, quien pronunció que “ningún colla de mierda” tomaría control de instituciones regionales; y a una dirigente política que afirmó que «van a contar muertos y no votos». Ambos casos violan los principios de igualdad y dignidad humana reconocidos por tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Recientemente, un diputado electo realizó comentarios discriminatorios hacia quienes practican el acullico de la hoja de coca, práctica declarada patrimonio cultural por la Ley N° 864. Ante ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo Electoral aplicar el Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones y recomendó medidas preventivas para evitar la repetición de estos actos, sin descartar acciones penales según la Ley N° 045.
El ODRD, junto al Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, ha diseñado un Plan de Incidencia para prevenir el racismo, discriminación y discursos de odio. Además, mantiene alianzas con fundaciones como Construir e Internet Bolivia para promover un entorno democrático, respetuoso e inclusivo en las Elecciones Nacionales 2025.
Con estas acciones, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de fortalecer capacidades institucionales y sociales para la prevención y atención de estos hechos, mediante sensibilización, monitoreo y respuestas oportunas que garanticen un proceso electoral libre de racismo, discriminación y violencia.
