La diputada Diana Romero, quien además es esposa del vicepresidente Edmand Lara, denunció públicamente ser víctima de acoso político por parte de algunos de sus colegas en la Asamblea Legislativa, luego de que se difundieran acusaciones de que habría viajado a Panamá junto a su esposo y realizado gastos innecesarios con fondos del Estado. Romero aclaró de manera enfática que no viajó al extranjero y que se encontraba en Santa Cruz cumpliendo con sus responsabilidades legislativas y de fiscalización, asegurando que estas actividades forman parte de su trabajo formal como parlamentaria.
En un comunicado difundido a la ciudadanía, la diputada señaló que las acusaciones falsas afectan directamente su dignidad y honorabilidad, además de intentar menoscabar la confianza en su desempeño profesional. Romero aseguró que este tipo de señalamientos no solo constituyen hostigamiento político, sino que también buscan generar un clima de desinformación y presión dentro del órgano legislativo, afectando el normal desarrollo de su labor parlamentaria.
La legisladora anunció que emprenderá acciones legales, tanto ordinarias como políticas, contra quienes continúen con conductas de difamación o acoso, con el objetivo de proteger sus derechos fundamentales y frenar el hostigamiento político en su contra. Romero recalcó que su objetivo es garantizar que este tipo de situaciones no queden impunes y que se respete la integridad y el trabajo de los representantes del pueblo frente a acusaciones infundadas.
La diputada también hizo un llamado a sus colegas y a la ciudadanía para mantener un debate político basado en hechos verificables y respeto mutuo, señalando que la manipulación de información con fines políticos puede afectar no solo a las personas directamente involucradas, sino también a la confianza pública en las instituciones y en la Asamblea Legislativa.
Este caso refleja, según Romero, la necesidad de fortalecer mecanismos de control y sanción frente a conductas de hostigamiento político dentro de la vida parlamentaria, y de establecer un entorno donde las diferencias y críticas se manejen con transparencia, respeto y apego a la ley.
