El expresidente Evo Morales afirmó que no tiene responsabilidad en los delitos por los que es investigado tras los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, y sostuvo que, si existen fundamentos jurídicos, corresponde que la justicia continúe con el proceso.
Durante una entrevista en Radio Kawsachun Coca, Morales señaló que las organizaciones que respaldan su liderazgo únicamente aprobaron la realización de una marcha pacífica desde Caracollo hasta La Paz y negó haber promovido el bloqueo de carreteras.
El exmandatario aseguró que no es culpable de los seis delitos que le atribuye la Fiscalía, entre ellos alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Morales también calificó la nueva orden de aprehensión como una persecución política y afirmó que la medida responde a presuntas presiones del Gobierno sobre el sistema judicial.
Según el exmandatario, tuvo conocimiento de la orden antes de que fuera emitida oficialmente, debido a información proporcionada por policías que, según dijo, le advirtieron sobre la decisión.
Asimismo, sostuvo que la difusión de este proceso busca desviar la atención de otros problemas que enfrenta el país, como la situación económica, el abastecimiento de combustibles y denuncias de presunta corrupción.
Respecto a los bloqueos, Morales insistió en que nunca instruyó el cierre de carreteras y afirmó que las movilizaciones convocadas por su sector tenían como objetivo desarrollar una marcha para defender los recursos naturales y los servicios públicos.
El expresidente también cuestionó anteriores movilizaciones impulsadas por el Comité pro Santa Cruz y otros sectores opositores, señalando que esos conflictos también provocaron bloqueos y hechos de violencia.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz el 1 de julio contra Evo Morales, el dirigente de la COB Mario Argollo y el dirigente campesino Vicente Salazar, a quienes se responsabiliza de los bloqueos que afectaron al país durante 53 días. Hasta el momento, Vicente Salazar permanece con detención preventiva en el penal de Chonchocoro.
