El Gobierno nacional aseguró que no existieron fallas institucionales en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ni en NAABOL, en el marco de las investigaciones por el denominado caso “maletas”, que ha generado fuerte impacto político, judicial y social en el país.
Desde el Ejecutivo se afirmó que los procedimientos de control aeroportuario, protocolos operativos y sistemas de supervisión funcionaron conforme a la normativa vigente, descartando responsabilidades directas de ambas entidades en los hechos investigados.
Las autoridades señalaron que las responsabilidades se concentrarían en acciones individuales y no en fallas estructurales del sistema, remarcando que los procesos de control, fiscalización y coordinación interinstitucional se activaron de manera regular.
El Gobierno también sostuvo que las investigaciones continúan en instancias judiciales y fiscales, y que se está brindando toda la información requerida para el esclarecimiento del caso, garantizando la cooperación institucional con el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Sin embargo, sectores políticos, analistas y organizaciones civiles cuestionan esta versión oficial y advierten sobre debilidades en los sistemas de control aeroportuario, señalando la necesidad de una revisión integral de los mecanismos de seguridad, supervisión y transparencia en las entidades vinculadas a la aviación civil.
El caso “maletas” se ha convertido en uno de los temas más sensibles del escenario nacional, al exponer presuntas redes de corrupción, irregularidades operativas y posibles complicidades institucionales, lo que mantiene el tema en el centro del debate público.
