El Consejo de la Magistratura aclaró públicamente que el juez Herbert Zeballos no fue destituido de su cargo, sino que fue sancionado con una suspensión temporal de cinco días, en el marco de los procesos disciplinarios que actualmente se encuentran en curso. La institución explicó que esta decisión corresponde a una medida administrativa provisional, aplicada mientras continúan las investigaciones por su presunta vinculación con el denominado caso “maletas”, un hecho que ha generado amplia repercusión en el ámbito judicial, institucional y político del país.
La Magistratura señaló que la suspensión no constituye una sanción definitiva ni implica la separación permanente del juez de sus funciones. Por el contrario, se trata de una acción preventiva que tiene como objetivo resguardar el desarrollo normal de las investigaciones, permitiendo una revisión objetiva de los hechos y la evaluación de posibles responsabilidades conforme a la normativa vigente.
Asimismo, la entidad desmintió las versiones que circularon en días pasados sobre una supuesta destitución, aclarando que dichas afirmaciones no reflejan la información oficial emitida por el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, se enfatizó la importancia de brindar información precisa y responsable a la ciudadanía, especialmente en temas sensibles relacionados con la administración de justicia.
Desde la institución se informó que los procesos disciplinarios continúan abiertos y que se encuentran en distintas etapas de análisis, recopilación de antecedentes y evaluación técnica. Una vez concluidas las investigaciones, se asumirá una determinación final en función de los resultados obtenidos y de las pruebas que se presenten, respetando en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los principios de legalidad y transparencia.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema judicial y aseguró que continuará informando de manera oportuna sobre el avance de estos procesos. La entidad subrayó que su labor busca garantizar que las decisiones adoptadas respondan a criterios técnicos y legales, contribuyendo a la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
