El Gobierno nacional aseguró que está dispuesto a revisar y consensuar modificaciones a la Ley 1720 luego de las observaciones planteadas por organizaciones indígenas, campesinas y sectores productivos. El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, afirmó que el Ejecutivo abrirá espacios de diálogo para trabajar una nueva propuesta normativa con participación de distintos actores.
La autoridad reconoció que la norma no fue socializada adecuadamente antes de su promulgación, situación que —según indicó— generó incertidumbre en algunas organizaciones sociales.
“Ha faltado socialización sobre la ley. Ha generado algunas dudas y desconfianza en algunos sectores campesinos”, manifestó Vaca Diez durante una conferencia de prensa.
El viceministro explicó que la Ley 1720 surgió desde la Asamblea Legislativa y posteriormente fue promulgada por el Ejecutivo. Añadió que el objetivo central de la norma es permitir que pequeños propietarios puedan convertir sus títulos a propiedad mediana para acceder a créditos y fortalecer la producción.
En ese marco, aseguró que la ley no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni modifica derechos colectivos de pueblos indígenas.
“La idea es generar una ley más participativa y socializarla para que todos los actores estén representados”, sostuvo la autoridad, al confirmar que ya existen acercamientos con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Según Vaca Diez, entre las modificaciones planteadas figura la incorporación de un artículo específico que establezca expresamente que las TCO quedan fuera del alcance de la normativa.
La polémica por la Ley 1720 también generó preocupación en sectores agropecuarios de Santa Cruz. Ante ello, el viceministro informó que sostendrá reuniones con representantes del sector productivo para explicar los alcances de la norma y escuchar observaciones.
“Hoy tenemos que resolver el tema de este país vía el diálogo. No hay otra alternativa”, afirmó.
Respecto a las críticas que señalan que la ley podría favorecer el latifundio, la autoridad rechazó esa interpretación y recordó que la Constitución Política del Estado prohíbe ese tipo de propiedad.
“El latifundio está prohibido en la Constitución”, remarcó.
La controversia sobre la Ley 1720 se desarrolla en medio de movilizaciones y protestas impulsadas por organizaciones indígenas y campesinas que demandan la abrogación de la norma y exigen mayores garantías sobre la protección de territorios comunitarios.
