La intención de abrogar la Ley 1720, relacionada con la conversión voluntaria de tierras mediante el INRA, provocó posiciones enfrentadas en la Cámara de Diputados y encendió la reacción de organizaciones productivas y autoridades cruceñas, que se declararon en estado de emergencia ante la posibilidad de eliminar la norma.
El primer intento de tratar el proyecto de abrogación en el pleno de Diputados no prosperó la noche del jueves, debido a que no se alcanzaron los dos tercios necesarios para aprobar la dispensación de trámite. La discusión fue postergada para este viernes, en medio de un escenario marcado por divisiones entre legisladores que respaldan la derogación y otros que defienden la continuidad de la ley con posibles modificaciones.
La polémica surgió luego de que campesinos interculturales de Pando y Beni, instalados desde hace una semana en vigilia en la ciudad de La Paz, exigieran al Gobierno nacional la eliminación de la norma. Tras reuniones con representantes del Ejecutivo, se acordó avanzar con la abrogación, lo que llevó a la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Baja a elaborar y aprobar un proyecto de ley con ese fin.
Sin embargo, el tratamiento inmediato de la propuesta quedó suspendido por falta de respaldo suficiente en la sesión legislativa. Mientras tanto, los movilizados mantienen su protesta a una cuadra de la Asamblea Legislativa y demandan una decisión definitiva sobre la norma.
En paralelo, sectores productivos y cívicos de Santa Cruz expresaron su rechazo a la posible eliminación de la Ley 1720. El Comité Multisectorial, que reúne a distintas organizaciones vinculadas a la producción regional, cuestionó la postura del Gobierno y advirtió sobre las consecuencias para el sector.
“Lejos de corregir el rumbo, el Gobierno insiste en profundizar un modelo fracasado que castiga al productor, bloquea la inversión y destruye la confianza”, señala parte del pronunciamiento difundido por la organización. El documento también sostiene que la intención de abrogar la ley representa “una nueva señal de hostilidad contra el sector productivo”.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que la eliminación de la norma limitaría las posibilidades de crecimiento de pequeños productores. “El Gobierno, al promover la abrogación de esta ley, nos está coartando la libertad de crecer, de producir y de garantizar la cadena alimenticia del país”, manifestó.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rechazó de manera enfática la posibilidad de anular la ley y remarcó que la conversión de propiedades es voluntaria. “Estamos totalmente en contra de la abrogación de la Ley 1720. Es una locura”, declaró la autoridad departamental. Añadió además que la medida “es optativa, ni siquiera es obligatoria, y es en favor a los pequeños productores”.
La discusión sobre la Ley 1720 continuará este viernes en la Cámara de Diputados, mientras el conflicto suma presión política y social entre el Gobierno central, organizaciones campesinas y sectores productivos del oriente del país.
