La Cámara de Diputados determinó este viernes devolver a la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente el informe relacionado con el proyecto de abrogación de la Ley 1720, debido a observaciones detectadas en el documento presentado para su tratamiento.
La decisión fue asumida durante la sesión instalada la mañana de este viernes, luego de que legisladores identificaran errores en el informe elaborado por la comisión legislativa. La presidenta en ejercicio de la Cámara Baja, Daniela Cabrera, informó que la devolución fue aprobada por mayoría.
“Queda aprobada por mayoría la devolución del presente informe de la comisión para que se puedan subsanar todos los errores que se han tenido”, señaló la legisladora durante la sesión.
Tras la determinación, la directiva instruyó a la comisión trabajar “por tiempo y materia”, con apoyo técnico, para corregir las observaciones y elaborar un nuevo informe que permita continuar con el tratamiento del proyecto de ley.
Daniela Cabrera explicó que el reglamento legislativo impide debatir una propuesta normativa que presente irregularidades formales. “El reglamento de la Cámara de Diputados es claro, no podemos tratar un proyecto de ley que no tenga un informe de la comisión. Hay errores que se han observado”, afirmó.
La sesión fue instalada minutos antes de las 10:00 y posteriormente declarada en cuarto intermedio hasta las 15:00, mientras la comisión corrige el documento observado.
Pese a la suspensión temporal del debate, Cabrera aseguró que el proyecto será tratado dentro de la misma sesión debido al escenario de conflicto generado en torno a la Ley 1720.
Durante la reunión parlamentaria también se propuso la conformación de una comisión multipartidaria de diálogo para acercar posiciones con los sectores movilizados que exigen la abrogación de la norma. “Hacer un proyecto de resolución, donde se pueda conformar una comisión multipartidaria (…) para dialogar”, solicitó la legisladora al equipo técnico de la Cámara.
La Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas.
La norma ha generado rechazo en distintos sectores sociales y organizaciones indígenas y campesinas, particularmente de Pando y Beni, cuyos representantes llegaron esta semana a la ciudad de La Paz tras una caminata de 27 días para exigir su abrogación. Actualmente mantienen una vigilia en inmediaciones del centro paceño mientras esperan la definición legislativa.
