El Gobierno nacional enfrenta dificultades para reactivar más de 2.000 viviendas sociales construidas con recursos públicos que actualmente se encuentran abandonadas o sin adjudicar en distintos departamentos del país, mientras persiste un déficit habitacional que afecta a cerca de 1,5 millones de familias bolivianas.
La situación fue expuesta por el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Alfredo Bellott, quien reconoció que varios proyectos del programa “Comunidades Urbanas”, ejecutados por la Agencia Estatal de Vivienda, presentan problemas administrativos, dificultades de gestión y restricciones financieras que impidieron su ocupación.
“Estamos trabajando para solucionar esos problemas y lograr que el programa cumpla su verdadero objetivo social”, afirmó la autoridad durante una entrevista en el programa Dinero.
El programa fue creado para facilitar el acceso a viviendas y departamentos destinados a familias de ingresos medios y bajos mediante mecanismos de financiamiento social. Sin embargo, distintos complejos habitacionales quedaron parcialmente vacíos y comenzaron a registrar deterioro en infraestructura y observaciones administrativas.
Entre los proyectos identificados se encuentra la urbanización Papa Francisco, ubicada en la ruta hacia Warnes, además de los condominios Altos de Cotoca y Patujú, en Satélite Norte. También existen proyectos observados en El Alto, Achocalla, Mallasa, Huajchilla, Chijini y Achumani, así como complejos habitacionales en Cochabamba y Trinidad.
La iniciativa habitacional fue impulsada bajo un esquema de cooperación entre el Estado y empresas constructoras privadas para desarrollar urbanizaciones con servicios básicos, áreas comunes y equipamiento urbano. En su etapa inicial, se proyectaron inversiones cercanas a los Bs 960 millones para más de 20 proyectos.
No obstante, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos relacionados con obras inconclusas, deficiencias de construcción y fallas en los procesos de adjudicación. Auditorías internas también detectaron presuntas irregularidades dentro de la entidad encargada de administrar el programa.
Ante este panorama, el Gobierno decidió relanzar la comercialización de varios proyectos con precios reducidos y requisitos más flexibles para facilitar el acceso a las viviendas.
Según informó Bellott, actualmente se ofertan casas y departamentos sociales en ciudades como Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, con precios desde Bs 197.633 y opciones de financiamiento social dirigidas a familias con ingresos variables o trabajadores independientes.
El viceministro explicó que muchos postulantes no lograban cumplir anteriormente con las exigencias financieras establecidas para acceder a estos inmuebles.
Por otro lado, datos de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios, elaborados con información del Instituto Nacional de Estadística, señalan que más de 1,5 millones de hogares bolivianos carecen de una vivienda adecuada o viven en condiciones precarias.
Además, estimaciones del sector inmobiliario indican que el país necesita construir alrededor de 40.000 viviendas por año para reducir la brecha habitacional acumulada.
El Gobierno busca que los complejos abandonados vuelvan a integrarse al mercado social y recuperar la funcionalidad de los programas habitacionales destinados a facilitar el acceso a vivienda digna para miles de familias bolivianas.
