La posibilidad de que el Gobierno de Bolivia declare un estado de excepción volvió a tomar fuerza luego de que la Cámara de Senadores de Bolivia aprobara un proyecto de ley que elimina la actual normativa que regula esa figura constitucional, en medio de la crisis por bloqueos y protestas que ya superan las tres semanas.
La iniciativa legislativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados de Bolivia, donde se prevé su tratamiento este martes. El debate surge mientras continúan las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y persisten los problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos en La Paz y El Alto.
El proyecto plantea la abrogación de la Ley 1341, conocida como la “ley Eva Copa”, aprobada en 2020 durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. La norma reglamenta los artículos 137 al 140 de la Constitución Política del Estado relacionados con el estado de excepción.
El diputado Carlos Alarcón, impulsor de la propuesta, explicó que la ley vigente limita la capacidad del Ejecutivo para actuar ante conflictos internos mediante el uso de fuerzas de seguridad.
“La norma ata de pies y manos al Gobierno para que no pueda hacer uso de la fuerza legal y legítima del Estado a través de una declaratoria del estado de excepción”, afirmó Alarcón en declaraciones a EFE.
La actual legislación establece que, durante un estado de excepción, no pueden restringirse derechos fundamentales ni libertades individuales como medida de sanción. Además, dispone que las Fuerzas Armadas de Bolivia solo podrán intervenir en disturbios civiles cuando la Policía haya sido superada y no existan otros mecanismos para restablecer el orden.
Otro de los aspectos observados por los promotores de la abrogación es el control legislativo sobre la medida. Según Alarcón, la ley permite que el Parlamento modifique o deje sin efecto decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad.
El artículo 137 de la Constitución boliviana señala que el estado de excepción puede declararse en casos de conmoción interna o amenazas que afecten la estabilidad del país. Sin embargo, también establece que no podrán suspenderse garantías ni derechos fundamentales durante su aplicación.
El legislador indicó además que la aplicación de la medida podría ejecutarse de manera gradual, inicialmente con despliegue policial y posteriormente militar en determinadas regiones, dependiendo de la magnitud del conflicto.
La propuesta recibió críticas desde distintos sectores políticos y sociales. La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezada por Edmand Lara, expresó su rechazo a la iniciativa y defendió la vigencia de la ley aprobada en 2020.
En un pronunciamiento oficial, la Vicepresidencia sostuvo que esa normativa busca evitar que el Estado “vuelva a responder a conflictos sociales mediante el uso de armas letales”, en referencia a los hechos de violencia registrados tras la renuncia de Evo Morales en 2019.
También la Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones que lidera las protestas y bloqueos, manifestó su rechazo a la eventual derogación de la ley.
