La denominada “Ley Brisa” volvió a generar un intenso debate jurídico, político y social en Bolivia, luego de que especialistas analizaran sus implicaciones sobre los derechos humanos, la violencia sexual y las garantías constitucionales en el país.
Durante una nueva sesión de “Diálogos al Café Marcos Escudero”, juristas y analistas debatieron sobre el proyecto de reforma penal que actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.
El conversatorio reunió al jurista Carlos Derpic, la especialista en derechos humanos Mónica Bayá y la abogada y columnista Daniela Murialdo, quienes analizaron las tensiones que genera la propuesta legal relacionada con delitos de violencia sexual y consentimiento.
Uno de los principales puntos abordados fue la incorporación explícita del consentimiento como elemento central en los delitos de violación, siguiendo estándares impulsados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales.
Mónica Bayá explicó que la propuesta busca corregir vacíos históricos del sistema judicial boliviano, especialmente tras el caso Angulo Lozada vs. Bolivia, que evidenció graves fallas en la atención de víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, Carlos Derpic y Daniela Murialdo expresaron preocupación por los posibles efectos de la norma dentro de un sistema judicial considerado precario y cuestionado. Ambos advirtieron que las dificultades para probar el consentimiento podrían afectar principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Derpic sostuvo que Bolivia no puede retroceder hacia mecanismos que impliquen presunción de culpabilidad, mientras Murialdo alertó sobre el riesgo de exigir al acusado demostrar la existencia de consentimiento en situaciones donde muchas veces no existen pruebas directas.
El debate también abordó la eliminación del delito de estupro y su incorporación dentro del tipo penal de violación de menores. Mientras algunos consideran que la figura actual normaliza ciertas formas de violencia sexual, otros alertan sobre posibles problemas de proporcionalidad penal en relaciones consentidas entre adolescentes.
Más allá de los artículos específicos, los participantes coincidieron en que el verdadero problema radica en la profunda crisis institucional que atraviesa la justicia boliviana, marcada por corrupción, retardación y falta de especialización.
Además, se advirtió sobre el riesgo de que el debate público se polarice al extremo de considerar cualquier observación técnica como una defensa de agresores o una minimización de la violencia sexual.
Los analistas concluyeron que Bolivia enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de víctimas y el respeto a las garantías fundamentales del Estado de derecho.
