Las organizaciones campesinas y sectores sociales movilizados anunciaron la radicalización de los bloqueos y el cerco a La Paz, mientras los intentos de diálogo impulsados por el Gobierno y la Iglesia Católica no lograron avances debido a la ausencia de los principales dirigentes del conflicto.
La Federación de Campesinos Túpac Katari y la organización de Mujeres Bartolina Sisa ratificaron este jueves su rechazo a las convocatorias de diálogo y reafirmaron su demanda de acortamiento del mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz.
Las organizaciones anunciaron además que intensificarán las medidas de presión y ampliarán los bloqueos en distintas rutas del departamento de La Paz.
La posición de los sectores movilizados surgió después de que el mandatario señalara que la reciente invitación al diálogo sería la “última vez” que convocaría a los dirigentes tras varios intentos fallidos de negociación.
Durante la reunión promovida por la Iglesia Católica en La Paz, representantes del Gobierno y legisladores intentaron avanzar en mecanismos de concertación; sin embargo, los dirigentes que encabezan las movilizaciones no participaron del encuentro.
Según se informó en la mesa de diálogo, la Central Obrera Boliviana (COB) condicionó su asistencia a la anulación de la orden de aprehensión contra su ejecutivo, Mario Argollo, investigado por presuntos delitos vinculados al conflicto.
“Lamentablemente los sectores que están en conflicto no asistieron”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara.
La autoridad explicó que uno de los principales obstáculos para concretar el diálogo fue la exigencia de dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el dirigente sindical.
“Ayer el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, les dio una garantía verbal, pero para los movilizados no es suficiente”, agregó Lara.
Por su parte, el ministro de la Presidencia sostuvo que el Ejecutivo no puede intervenir en decisiones judiciales relacionadas con la orden de captura.
“No puedo llamar a jueces ni fiscales, pero hemos dado la garantía para que él, si viene a dialogar acá, no se va a tomar ningún tipo de acción durante el diálogo”, señaló José Luis Lupo.
Tras la reunión, el dirigente del transporte pesado, Pedro Quispe, cuestionó al Gobierno por no concretar gestiones para levantar la orden de aprehensión contra Argollo y criticó la falta de resultados en el encuentro.
Entretanto, legisladores señalaron que uno de los pocos avances alcanzados fue la propuesta de convocar al fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, para analizar mecanismos legales relacionados con el caso del dirigente cobista.
Asimismo, se planteó la posibilidad de establecer un corredor humanitario para aliviar el impacto de los bloqueos; sin embargo, no se lograron acuerdos concretos debido a la ausencia de los representantes de los sectores movilizados.
La tensión social también continúa incrementándose en diferentes regiones del país. En La Paz persisten problemas de abastecimiento de combustible y el paro indefinido del transporte afecta la circulación y las actividades cotidianas.
Mientras el Gobierno insiste en abrir espacios de concertación, las organizaciones movilizadas mantienen sus medidas de presión y exigen la renuncia presidencial, profundizando un escenario de conflictividad que ya supera las cuatro semanas.
