La Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo emitieron un pronunciamiento conjunto en el que llamaron a las autoridades, dirigentes sociales y sectores movilizados a retomar el diálogo como única salida viable a la crisis que atraviesa el país. Ambas instituciones advirtieron que la confrontación, los bloqueos y la violencia están profundizando los problemas económicos y sociales que afectan a la población.
Frente al prolongado conflicto que vive Bolivia y que ya supera un mes de movilizaciones, bloqueos y tensiones entre el Gobierno y diversos sectores sociales, la Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado urgente a la concertación y al entendimiento, advirtiendo que la escalada de confrontación solo incrementa el sufrimiento de la ciudadanía.
A través de un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones expresaron su preocupación por el deterioro de la convivencia social y remarcaron que el diálogo constituye el único mecanismo legítimo y efectivo para encontrar soluciones duraderas a los problemas que enfrenta el país.
Según el documento, la construcción de acuerdos debe basarse en la escucha mutua, el respeto y la disposición de las partes para encontrar puntos de coincidencia que permitan preservar la paz social y garantizar la convivencia democrática.
“Reafirmamos de manera clara que el diálogo sincero, empático y constructivo constituye la única vía legítima y eficaz para la resolución de los problemas que nos aquejan”, señala el pronunciamiento.
Las instituciones también exhortaron a las autoridades gubernamentales, organizaciones sociales, dirigentes sindicales y actores políticos a abandonar posiciones rígidas que dificulten la instalación de espacios de negociación. Consideraron que negarse al diálogo o retrasar los acercamientos únicamente contribuye a prolongar la incertidumbre y agravar los efectos de la crisis sobre la población.
En ese sentido, destacaron que la disposición a ceder en algunos aspectos no debe interpretarse como una muestra de debilidad, sino como un acto de responsabilidad orientado a proteger el bienestar colectivo.
“La verdadera valentía radica en tener la capacidad de ceder por el bien común”, remarca el comunicado difundido por ambas instituciones.
La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo también expresaron su rechazo a cualquier forma de violencia, provenga de donde provenga. Advirtieron que el uso de la fuerza, la coacción o los enfrentamientos no generan soluciones reales y, por el contrario, profundizan las divisiones existentes dentro de la sociedad.
Asimismo, recordaron que el respeto a la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de las personas debe mantenerse como una prioridad en cualquier circunstancia, especialmente en contextos de conflictividad social.
Las entidades señalaron que las consecuencias de la violencia pueden extenderse durante años y dejar profundas heridas en la sociedad boliviana. Por ello, insistieron en la necesidad de apostar por mecanismos pacíficos de resolución de conflictos y evitar acciones que puedan incrementar la tensión entre distintos sectores de la población.
Uno de los mensajes centrales del pronunciamiento fue la necesidad de cambiar la lógica de confrontación por una cultura de propuestas y entendimiento. En esa línea, ambas instituciones convocaron a sustituir los discursos de enfrentamiento por iniciativas orientadas a la construcción de consensos.
“Es momento de sustituir la ofensa por la propuesta, las piedras por la palabra y los bloqueos por el entendimiento”, enfatiza el documento.
La declaración surge en un contexto marcado por más de 30 días de bloqueos de carreteras y movilizaciones que han generado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales en distintas regiones del país, además de importantes pérdidas económicas para sectores productivos y comerciales.
Finalmente, la Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo ratificaron su disposición de continuar facilitando espacios de encuentro entre las partes en conflicto y reiteraron su compromiso de acompañar cualquier iniciativa orientada a restablecer la paz social.
Ambas instituciones coincidieron en que Bolivia necesita de sus autoridades y de los sectores movilizados una actitud de responsabilidad, sensibilidad y compromiso con el bien común para superar la crisis actual y evitar que las tensiones continúen profundizándose.
El pronunciamiento concluye con un llamado a construir puentes de diálogo y a priorizar los intereses de la población por encima de cualquier diferencia política o sectorial, en un momento en el que miles de ciudadanos continúan enfrentando las consecuencias de la conflictividad que afecta al país.
