La creciente presión social para que el Gobierno adopte medidas más firmes frente a los bloqueos de carreteras ha reabierto el debate sobre la posible aplicación de un estado de excepción. Sin embargo, especialistas en derecho, seguridad y defensa coinciden en que una declaratoria de esta naturaleza no depende únicamente de la voluntad presidencial, sino también de la capacidad real del Estado para hacer cumplir las medidas que disponga.
La discusión cobró fuerza luego de que el Ejecutivo anunciara el envío a la Asamblea Legislativa de un proyecto destinado a reglamentar los estados de excepción, en un contexto marcado por más de un mes de bloqueos, desabastecimiento y una creciente afectación a la economía y los servicios básicos.
Juristas y exautoridades consultadas señalaron que la aplicación de este mecanismo constitucional requiere tres condiciones fundamentales: autoridad política, capacidad operativa y respaldo jurídico para quienes deban ejecutarlo.
El abogado constitucionalista Edgar Arraya explicó que el estado de excepción es una herramienta prevista por la Constitución Política del Estado, pero subrayó que su efectividad depende de la capacidad del Gobierno para hacer respetar las restricciones extraordinarias que eventualmente se dispongan.
“El gobernante tiene que evaluar si posee la autoridad y la capacidad necesarias para imponer las medidas que determine de acuerdo con el objetivo que persigue”, sostuvo.
Según el jurista, uno de los principales riesgos es que sectores movilizados desconozcan las disposiciones gubernamentales, generando escenarios de desobediencia civil que podrían debilitar la medida y poner en duda su efectividad.
A este análisis se suma la situación de las instituciones encargadas de ejecutar las órdenes estatales. El general del Ejército en servicio pasivo Mario Velasco considera que antes de avanzar hacia una declaratoria de excepción, el Gobierno debe evaluar las condiciones materiales y anímicas de las Fuerzas Armadas.
Velasco afirmó que durante los últimos años se produjo un desgaste institucional que afectó la capacidad operativa de la institución militar, tanto en equipamiento como en aspectos relacionados con la moral del personal.
Como ejemplo, recordó las incursiones de grupos cocaleros en instalaciones militares de Villa Tunari, un hecho que, a su juicio, evidenció dificultades para ejercer control efectivo en determinadas regiones del país.
La tercera variable identificada por los especialistas es la seguridad jurídica para policías y militares que eventualmente participen en operativos de desbloqueo o control del orden público.
El exviceministro de Régimen Interior y coronel de Policía en servicio pasivo René Calla sostuvo que cualquier intervención requiere reglas claras y mecanismos de protección legal para evitar que los efectivos enfrenten posteriormente procesos judiciales por acciones ejecutadas en cumplimiento de órdenes superiores.
En criterio de los expertos, el éxito o fracaso de un eventual estado de excepción no dependerá únicamente del marco legal que lo respalde, sino de la capacidad política del Gobierno para sostener la medida, de la preparación de las instituciones encargadas de aplicarla y de la legitimidad que logre construir frente a una población cada vez más afectada por la crisis.
El debate se desarrolla mientras los bloqueos continúan afectando la circulación de alimentos, combustibles, medicamentos y servicios esenciales, una situación que ha incrementado las demandas ciudadanas para encontrar una salida rápida al conflicto sin profundizar la confrontación social.
