viernes, junio 5, 2026
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Dirigentes afines a Evo Morales lideran la vocería de la COB y respaldan la continuidad de los bloqueos

Representantes vinculados a las federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba y a la estructura política cercana a Evo Morales asumieron un papel protagónico en la defensa pública de las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), respaldando la permanencia e intensificación de los bloqueos que afectan a distintas regiones del país.

Durante los últimos encuentros organizados por la COB en las ciudades de La Paz y El Alto, al menos siete dirigentes relacionados con el denominado bloque evista encabezaron los pronunciamientos públicos y participaron en las decisiones orientadas a mantener las medidas de presión. Entre ellos estuvieron representantes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, exautoridades gubernamentales y dirigentes sindicales que anteriormente ocuparon cargos en administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Uno de los principales voceros fue Dieter Mendoza, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quien defendió la continuidad de las protestas y cuestionó la postura de los sectores que rechazan los bloqueos.

“El pueblo indiferente que se encuentra en este momento tiene como única salida para traer tranquilidad y estabilidad sumarse a la movilización; de lo contrario, va a continuar el sufrimiento y la subida de precios de la canasta familiar”, afirmó Mendoza.

El dirigente realizó estas declaraciones después del ampliado de la COB efectuado en El Alto, donde la organización determinó mantener los bloqueos y descartó nuevamente la posibilidad de entablar un diálogo con el Gobierno.

En el encuentro también participaron dirigentes cercanos al exviceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, además de otras figuras vinculadas al entorno político de Evo Morales. Posteriormente, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, encabezó una movilización hacia el peaje de la autopista La Paz–El Alto acompañado por grupos de mineros y ponchos rojos.

Otra de las voces que respaldó públicamente las medidas fue Feliciano Vegamonte, exdiputado y exviceministro de Interculturalidad durante la gestión de Morales, quien sostuvo que las protestas responden a la defensa de recursos estratégicos y de los derechos laborales.

“Estamos haciendo una movilización para decir no a la privatización de nuestros recursos naturales y de las empresas estratégicas. Esta lucha también es en defensa de la economía popular y de los derechos de los trabajadores”, manifestó Vegamonte.

Entre los dirigentes que participaron de las actividades también fueron identificados Wilma Colque, Maicol Rojas, Nelson Virreira, Cristian Velasco y Edgar Condori, todos vinculados a organizaciones sociales y sindicales del trópico cochabambino y a la organización política Evo Pueblo.

Mientras los sectores movilizados ratifican su decisión de mantener las protestas con el objetivo de exigir la salida del presidente Rodrigo Paz, las consecuencias del conflicto continúan generando preocupación. Este miércoles, la Policía reportó el fallecimiento de una mujer adulta mayor en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto.

Según los informes preliminares, la víctima sufrió un golpe en la cabeza y no pudo ser trasladada oportunamente a un centro de salud debido a las interrupciones en las vías de comunicación provocadas por los bloqueos.

A este hecho se suma la muerte de un maestro rural en el municipio de Tapacarí, en Cochabamba. La Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia denunció que el docente padecía una enfermedad preexistente y no logró acceder a atención médica especializada debido al cierre de carreteras.

Frente a la prolongación del conflicto, tanto la Iglesia Católica como la Defensoría del Pueblo reiteraron sus llamados a promover el diálogo y la reconciliación nacional como mecanismos para alcanzar una solución pacífica.

Con estos dos últimos fallecimientos, el número de víctimas fatales relacionadas con la crisis asciende a 11 personas. El conflicto ya supera las cinco semanas de duración y mantiene a varias regiones del país con dificultades de conexión y abastecimiento.

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